EL CRONISTA – Después de veinte años de caída, en la medición de 2017 la Argentina recuperó cuatro puestos en el Índice de Calidad Institucional (ICI), medición que elabora el académico Martín Krause para Libertad y Progreso en base a indicadores que miden Seguridad Jurídica, Rendición de Cuentas, Libertad de Prensa, Percepción de Corrupción, Competitividad Global, Libertad Económicay Facilidad para Hacer Negocios (Doing Business del Banco Mundial).
El informe resalta que “hasta el año pasado Argentina era el segundo país que más Calidad Institucional había destruido en el mundo, cargando con una caída de 94 lugares en 20 años, récord sólo superado por Bolivia, que cayó 105 puestos”.
El reporte de este año muestra que 6 de los 8 indicadores internacionales que lo componen han mejorado para el caso argentino. Los indicadores que dan negativo o igual son los vinculados a la Libertad Económica, que tardan más en recolectar sus datos.
Consultado por Cronista.com, Aldo Abram, Director Ejecutivo de Libertad y Progreso, brindó precisiones acerca de la importancia de este cambio de tendencia para la economía del país y su calidad institucional. “Hay cuestiones que son imprescindibles para crecer. Sólo por dar un ejemplo, desde que una persona decide fabricar un producto hasta que logra venderlo en el exterior se requieren 140 trámites, y esto afecta mucho más al pequeño empresario puesto que el costo administrativo es el mismo sea que se exporte por u$s 10.000 o u$s 1.000.000. La barrera de entrada para exportar es muy grande”
“La sanción de la Ley Pyme, que reduce impuestos y favorece el crédito, o la ventanilla única de comercio exterior (VUCE) – aunque todavía no rige para todos los sectores- como mecanismo de facilitación para las operaciones de importación, exportación y tránsito de mercaderías, implican un gran avance en este sentido”, comenta Abram.
El informe destaca que “esta edición del Índice refleja las percepciones y mediciones captadas en 2016, es decir que el índice tiene un rezago. Al respecto, Abram señala que “hay cuestiones, como la percepción de la corrupción o la libertad de expresión que se reflejan más rápido, pero el índice de libertad económica, por ejemplo, demora más tiempo en ser percibido y quizás se observe un impacto favorable en la próxima medición”.
De quién depende la calidad institucional
“La calidad institucional depende no solo del Gobierno, sino también de la oposición, pero fundamentalmente de los ciudadanos”, destaca Abram.
Pese al dato del informe, que es alentador, la Argentina sigue estando en el puesto número 138 en calidad institucional. El país latinoamericano mejor rankeado es Chile, que se ubica en el puesto número 24.
“Un inversor requiere al menos treinta años de calidad institucional para recuperar una inversión de capital. Hay que recordar que la mayor parte de las inversiones de capital en el país son realizadas por argentinos, con dinero argentino”, señala Abram.
Para reflejar el proceso de maduración que viene experimentando la sociedad argentina en términos de conciencia y calidad institucional, Abram realiza una analogía utilizando las etapas de desarrollo humano: niñez, adolescencia y adultez.
“Durante muchos años fuimos niños, queríamos que alguien de afuera nos solucionara las cosas. Luego, ya en democracia, nos comportamos como adolescentes. Cuando las cosas nos van mal, le echamos la culpa a otro. Tampoco tenemos límites, empezando por el respeto por la Constitución Nacional hasta las normas básicas y elementales de convivencia. Y como último rasgo adolescente, cierto ombliguismo. Yo no tengo que hacer cosas en función del país, sino que estoy convencido que el país las debe hacer por mí”.
Para llegar a la adultez, en palabras de Abram, se deben modificar esas conductas. “Ser respetuosos de los límites, conscientes de nuestras responsabilidades y, por sobre todas las cosas, del prójimo”.
Consultado acerca de si un eventual avance de la Justicia sobre el escándalo de Obedrecht, por el cual la empresa constructora confesó el pago de sobornos a funcionarios argentinos entre 2007 y 2014 por u$s 35 millones de dólares, afectaría la ubicación de la Argentina en el Índice de Calidad Institucional, Abram fue contundente: “Por el contrario, si la justicia avanza, independientemente de quienes sean los funcionarios involucrados y a qué color político pertenezcan, significa que las instituciones están funcionando correctamente”.
