ÁMBITO FINANCIERO – El presidente Mauricio Macri encendió un debate al invitar a combatir “la industria del juicio laboral”. Durante más de setenta años, entonando cánticos que combatían al capital, se fue desarrollando en la Argentina una legislación laboral que lejos de proteger al trabajador lo ha condenado a los salarios bajos, la exclusión y el desempleo. Veamos por qué.
La legislación laboral, tal como está concebida en la Argentina, eleva los costos para las empresas pero no significa ni mayor protección al trabajador ni mejores salarios reales. Los abogados laboralistas, la proliferación de juzgados laborales, la encendida actividad de voceros y diputados “buenistas” se llevan la mayor parte de la tajada. La hipertutela laboral, es decir el exceso de regulaciones por sobre el límite de lo razonable, genera mayores costos para las empresas. El análisis microeconómico, por antipático que resulte, es esencial para entender el impacto de estas normas sobre el trabajo de los argentinos. No hay lugar para el romanticismo ni la voluntariedad inútil de quienes jamás contrataron, despidieron y no tienen idea de cómo pagar una quincena. El salario es determinado por el valor de la productividad marginal del trabajo. Quiere decir que si el valor de lo que produce un trabajador es bajo el salario será necesariamente bajo. Si el valor es elevado las empresas pujarán por los servicios de dicho trabajador.
No es la presión de los sindicatos, ni la bondad de los diputados derrochando ríos de tinta en legislaciones maravillosas la causa de la mejora en los salarios reales. Es una pena. Todo sería más fácil si así fuera, pero no es así. No hay tiempo para el autoengaño. En la India los salarios no son bajos porque los empresarios son malos, los sindicalistas ineficientes o los diputados inútiles. El valor de la productividad marginal del trabajo significa el volumen “físico” de lo que produce multiplicado por el precio de mercado de dicho producto.
Por tanto, el trabajo debe producir muchos bienes y que éstos sean valorados por los consumidores para que el salario sea elevado. Para que el trabajo tenga mayor productividad debe estar asistido por capital físico (máquinas y herramientas) e intelectual (educación). El capital es por tanto el mejor amigo del trabajador pues eleva el producto de su esfuerzo. Un operador de una máquina retroexcavadora produce más pozos que los que haría sólo con el servicio de sus propias manos.
Por ello, en países de alta capitalización y educación los salarios son mayores que en los países que han “combatido el capital” durante décadas. La legislación “protectora” encarece el trabajo. No lo protege. Al ser más caro el trabajo la exigencia de productividad es mayor. La ley laboral, por bien intencionada que sea, deja afuera del mercado laboral a los trabajadores menos calificados. Esta es la causa por la cual, el desempleo es mayor entre las personas menos calificadas.
Los “Ni Ni” son hijos directos de la legislación laboral. Quisieron protegerlos y los echaron del mercado. No es el sector privado el que excluye sino la supuesta bondad de diputados y senadores ignorantes de cómo funciona el mercado de trabajo. Las normas laborales “hipertutelares” que, aún con nobles intenciones, generan más desempleo y menores salarios están el régimen de indemnizaciones por despido, la industria del juicio, la jurisprudencia antiempresaria, la falta de flexibilidad, los privilegios sindicales, etc.
Es necesario comprender que la indemnización por despido genera un elevado costo del “error” lo cual desanima la demanda de trabajo, representa un pasivo contingente que disminuye la capacidad de expansión de las empresas lo cual también desanima la creación de empleo y genera desincentivos a la productividad del trabajador.
Es una vaca sagrada de la legislación argentina. Es políticamente incorrecto debatir este tema. Pero no hay alternativa frente a un desempleo que no cede, frente a más de un millón de chicos que no estudian ni trabajan y frente al crecimiento del empleo público como programa de desempleo encubierto.
En la Argentina hay más de 855.000 pymes. Si cada una de esas pymes contrata a un trabajador por año durante cuatro años reduciríamos el desempleo a cero y podríamos reducir a la mitad el empleo público transformándolo en empleo productivo. Es imprescindible debatir cada eslabón de la “hipertutela laboral”. No hay tiempo para falsas nostalgias ni slogans del pasado.
La verdadera protección al trabajo es el progreso y las oportunidades. Todo aquello que daña la demanda de trabajo atenta contra el trabajador. Todo costo fiscal o regulatorio más allá del estrictamente salarial no genera otra cosa que un aumento en la desocupación y la marginalidad.
