CRONISTA COMERCIAL – El mundo está cambiando, de eso no quedan dudas. De hecho uno de los pocos “brotes verdes” que se han visto hasta el momento en nuestra economía está vinculado al desarrollo de energías renovables. Lo llamativo es el grado de atraso de la normativa vigente frente a la innovación tecnológica. Por citar un ejemplo, el diputado Gustavo Bevilacqua ingresó hace unos días ante la Comisión de Energía y Combustibles de la cámara baja una iniciativa para regular la inyección de energía limpia a la red por parte de usuarios particulares y brindar herramientas para el financiamiento de equipos.
Bevilacqua incorpora en su propuesta “regalías del 1% a las provincias que a través de sus recursos naturales generen energías abordadas por la norma y que no posean un régimen anterior que los regule”. Los desarrolladores no tardaron en retrucar: “En ningún país del mundo se cobran regalías al viento”.
Más allá de este debate, que recién comienza, hay otras cuestiones que llevan años discutiéndose y continúan sin resolverse, tal es el caso de la sanción de una nueva ley de semillas, ya que la norma vigente data del año 1973, cuando no existía la biotecnología agrícola y apenas se sembraba soja en el país.
En este contexto visitaron nuestro país y dialogaron con El Cronista los economistas Sara Levy Carciente y Lorenzo Montanari, ambos miembros de la Property Rights Alliance (Alianza de Derechos de Propiedad), think tank con sede en Washington cuyo objeto es “proteger los derechos de propiedad física e intelectual a nivel internacional”.
Montanari brindó detalles sobre la última publicación del “Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2017” en el cual la Argentina alcanzó el puesto 91 sobre 127 países relevados. En la medición anterior se ubicaba en el puesto 106 y la mejora se debió principalmente “al nuevo marco político y legal”. El índice, que se publica desde 2006, es utilizado como insumo para la elaboración de series estadísticas del Banco Mundial, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y publicaciones especializadas como The Economist, Forbes o Financial Times.
La economista Levy Carciente, por su parte, respondió cuestiones de fondo vinculadas a la relación entre la protección de derechos y el desarrollo de los países.
Este tipo de conceptos, como el de derecho a la propiedad, tienden a vincularse con la derecha, sin embargo en el índice se encuentran mucho mejor rankeados países como Brasil o Uruguay que vienen de procesos políticos más vinculados a la izquierda, ¿cómo se explica este fenómeno?
Por ejemplo, en el caso de Uruguay, más allá de que haya tenido gobiernos de izquierda, es una nación que ha tenido una institucionalidad lo suficientemente fuerte como para que las tendencias partidarias no modifiquen cuestiones de base.
No se trata de una cuestión de ideologías. Por ejemplo, sólo por falsificación y piratería se han perdido 2,2 millones de empleos en el mundo. Es decir, que la protección del derecho de propiedad, en este caso intelectual, no es un tema desvinculado de lo social, todo lo contrario.
¿Qué factores influyeron para que Argentina mejore en el ránking?
Son muchas las variables y todas subieron levemente, pero principalmente tiene que ver con la simplificación de trámites, mejora en los registros y menor percepción de corrupción. La palabra mueve al mundo y se traduce en confianza, pero sólo en un principio. Si luego no se acompaña con acciones, se retrocede nuevamente.
¿En dónde radica la reticencia que tenemos como sociedad a pagar por derechos de propiedad intelectual?
Los derechos de propiedad física todos los tenemos muy en claro, ahora bien, el derecho de propiedad intelectual tiene la doble característica de “no rivalidad” y “no agotamiento”, eso significa que dos o más personas pueden estar haciendo uso del mismo derecho en paralelo y no se agota. Por lo tanto la escasez no aplica en los derechos de propiedad intelectual y ahí es donde se genera la confusión de por qué debería pagarse por su uso.
Lo que se grava cuando se aplican regalías sobre la propiedad intelectual no es el acceso al bien en el presente, sino que se busca obtener fondos para incentivar el desarrollo de bienes en el futuro. En cambio, no se puede desarrollar más superficie de tierra de la que ya existe en el mundo, por más que se lo incentive.
En la sociedad del conocimiento, debemos apuntar a desarrollar tecnologías, no a la industrialización en un sentido tradicional, ni al acceso a mayor cantidad de tierra como en la época del mercantilismo.
Un ejemplo muy común es el de los medicamentos genéricos. En el corto plazo uno copia la droga y se distribuye a menor precio, pero se corta el camino al desarrollo de futuras innovaciones. Hay que pasar de un análisis estático a un análisis dinámico, salir del cortoplacismo.
