LA NACIÓN- EDITORIAL – Entre los graves problemas heredados de la gestión de Cristina Kirchner se destaca una insostenible presión impositiva. Cualquier comparación internacional coloca a la Argentina entre los países en donde se pagan más impuestos. La relación entre la recaudación tributaria y el producto bruto interno, sumando los tres niveles de gobierno, creció desde un 29% en 2003 hasta el 40% en 2015. Sin embargo, a pesar de este desmedido aumento, y debido a que el gasto estatal creció aún más fuertemente, se enfrenta un déficit fiscal de niveles riesgosos.
El actual gobierno decidió dejar de financiar este desequilibrio mediante emisión, para no potenciar la inflación, y optó por hacerlo en gran medida con endeudamiento, ya que el aumento de los impuestos no era una alternativa posible: por el contrario, hubo que reducirlos. Claro que la mayor emisión de deuda debía hacerse por un tiempo limitado. El desafío era y es ahora disminuir el déficit para evitar una crítica situación de endeudamiento como las que ya hemos vivido más de una vez en el pasado. La dificultad del Banco Central para renovar los vencimientos de Lebac, pese a pagar un interés más elevado, hace pensar que se encontrarán límites para continuar por mucho tiempo por este camino.
Las autoridades están logrando alguna leve reducción de su gasto primario; sin embargo, lo que verdaderamente interesa es el resultado después del pago de intereses, esto es, el déficit financiero, que lamentablemente crece, ya que la deuda pública aumenta mes tras mes y la partida de intereses aumenta en mayor medida que la reducción del gasto primario.
No hay forma de revertir esta situación mediante nuevos impuestos o el aumento de los existentes. Si se lo intentara, es probable que apareciera el fenómeno de la curva de Laffer, que dice que a partir de cierto nivel el aumento de un impuesto no producirá una mayor recaudación, sino una disminución, por cuanto crecen el premio por evadir y el castigo por producir.
La única vía pasa entonces por reducir el gasto y así poder desarrollar una racional y efectiva reforma tributaria. Mientras esto no se logre, se deberán introducir correcciones prioritarias, comenzando por suprimir los impuestos más distorsivos, buscando aquellos cuya supresión o disminución tenga un impacto positivo sobre la actividad económica para compensar la pérdida directa de recaudación. Dentro de éstos deben mencionarse los impuestos que gravan los salarios y encarecen el trabajo, afectan la competitividad y desalientan la inversión.
Correspondería suprimir el gravamen a las transacciones financieras, conocido como impuesto al cheque, ya que tiene un negativo impacto sobre la bancarización y alienta la economía en negro. Su fácil recaudación motivó su introducción, aunque en realidad, debido a su impulso hacia la informalidad, tiene un menor aporte fiscal neto del que surge de su recaudación nominal. También otros impuestos distorsivos -algunos nacionales, otros provinciales y municipales- han sido perniciosos, como los de sellos, renta presunta, tasas municipales por ningún servicio y, muy notablemente, los derechos de exportación. Hay alrededor de 95 impuestos diferentes que requieren la asistencia de un profesional hasta para operar un pequeño quiosco. Además, se han ido incorporando múltiples desgravaciones y excepciones que exigen revisar todos los días las resoluciones de la AFIP. La presión impositiva no sólo es abrumadora, sino además de muy compleja administración.
En la línea de las supresiones reclamadas por el sector privado aparece el impuesto a los ingresos brutos. Es un gravamen provincial que recae en cadena en las ventas intermedias y finales de las empresas y el comercio. Implica el cobro de un impuesto sobre otro impuesto y sus alícuotas han crecido al ritmo de las crecientes necesidades fiscales de las provincias. Nuevamente su reducción estará condicionada a la disminución del gasto provincial, aunque buena parte de los especialistas recomiendan sustituir este impuesto por otro aplicado sólo a las ventas de bienes finales.
Hay una cuestión fundamental del sistema tributario argentino que exige una corrección de carácter estructural. Es la falta de correspondencia fiscal; esto es, la desconexión entre quien gasta y quien recauda. Más de dos tercios de los gobiernos provinciales no llegan a cubrir con impuestos propios el 40% de su gasto. La coparticipación de tributos nacionales constituye su principal recurso, lo que significa que en mayor medida los gobernadores gastan con billetera ajena. Es una causa reconocida del incentivo para gastar más y hacerlo sin cuidado. Una reforma tributaria debería incluir una modificación del régimen de coparticipación federal de impuestos, devolviendo potestades tributarias a las provincias.
El desafío de poner en marcha la economía argentina pasa por el capítulo fundamental de una reforma impositiva. Pero insistimos: es condición previa una sustancial reducción del gasto público.
