EDITORIAL DE LA NACIÓN – El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha decidido desplazar el trazado de la autopista Illia en el tramo comprendido entre la estación de peaje y la Avenida del Libertador. La obra consiste en la construcción de 2100 metros de autopista, que, a diferencia de la actual, transcurrirá a nivel del terreno en un área de playas ferroviarias. El tramo que se reemplaza de la actual autopista Illia será convertido en un parque lineal recreativo, que algún urbanista en un exceso imaginativo ha comparado con el High Line de Nueva York. El puente que permite el cruce sobre el nivel de la Avenida del Libertador dejaría de ser utilizado para el tránsito y pasaría a formar parte de ese parque.
El ingreso del tráfico al centro de la ciudad se resolverá con cruces semaforizados de la Avenida del Libertador en las calles Cerrito, Libertad, Rodríguez Peña y Callao. El ingreso desde la ciudad hacia la dirección norte de la autopista se realizará, semáforos mediante, por Carlos Pellegrini y desde la Avenida del Libertador. Se perderá la continuidad entre la autopista y la avenida 9 de Julio, que no sólo constituye hoy una importante ventaja para el tráfico, sino también un destacado rasgo urbanístico. El costo de esta obra podría llegar a los 150 millones de dólares.
Entre las 7 y las 11 de los días hábiles acceden por esta autopista unos 50.000 vehículos, que, a pesar de gozar de tiempos predominantes en los cruces semaforizados de Arroyo y las calles siguientes, acumulan colas de hasta dos kilómetros. En esas mismas horas, la Avenida del Libertador en dirección al centro, cuyos semáforos se programan con preferencia, también se congestiona. La supresión del puente que actualmente salva a distinto nivel el cruce de estas dos vías principales afectará la capacidad de ambas para evacuar sus intensos tráficos y agravará la congestión. Lo mismo ocurrirá por las tardes con Libertador en dirección norte y con la calle Carlos Pellegrini.
Surge la pregunta de cuáles son el motivo y la justificación de esta inversión. Según el secretario de Integración Social y Urbana porteño, Diego Fernández, “el proyecto de ley se motiva ante la necesidad de readecuar urbanísticamente el sector comprendido por los barrios 31 y 31 bis, contemplando una solución que brinde a sus habitantes una mayor cantidad de espacios públicos y por ende una mejora sustancial en sus condiciones de vida”. Y además el mismo funcionario afirmaba que la actual traza de la autopista “se presenta como una barrera física que divide los barrios 31 y 31 bis, separándolos del entramado urbano del resto de la ciudad y generando una situación de constante inseguridad para los vecinos que viven linderos” y por debajo de aquélla.
No obstante, algunas agrupaciones villeras que militan en la oposición han rechazado el proyecto. Resulta claro que la razón oficial de ejecutarlo se apoya en un sentimiento percibido en las relaciones humanas y sociales de los habitantes de la villa 31. Asistentes sociales, sacerdotes y funcionarios que han trabajado en loable ayuda a sus habitantes con el tiempo han hecho de ese ámbito un universo excluyente. Así, esos sentimientos adquirieron valores absolutos y, por su carácter, no pudieron ser considerados por los gobernantes de la ciudad en un contexto más amplio y razonable. Pero para el resto de los ciudadanos resulta difícil comprender que exista un disgusto social tan intenso por una alegada falta de integración entre quienes habitan la villa de uno y otro lado de la autopista. En su tramo elevado se evidencia por debajo del viaducto una continuidad de las edificaciones y las calles de la villa. Muy pocos podrían responder cómo se distinguen las villas 31 y 31 bis. No debe desconocerse, además, que gran parte de quienes con sacrificio y esforzado ahorro han logrado su vivienda propia y pagan todos los impuestos y servicios consideren injusto que otros no lo hagan y que hayan intrusado terrenos sin penalidad y más bien con premio.
El costo del traslado de la autopista Illia será afrontado por los contribuyentes de la ciudad, que ya han sido fuertemente exigidos con incrementos en sus impuestos. Además, los usuarios de esa vía verán agravadas sus demoras, sus costos y su paciencia. El exceso de gasto público es uno de los principales problemas que debe resolver nuestro presidente, cuyo partido gobierna también la ciudad. Hace falta una explicación. Y si fuera como realmente parece, debería abandonarse este proyecto.
