LA NACIÓN – La intensa pugna que hoy protagonizan los gobiernos provinciales por la distribución del Fondo del Conurbano Bonaerense refleja la imperiosa necesidad de recursos para cubrir sus gastos siempre crecientes. La Corte Suprema de Justicia se encuentra analizando el pedido de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires de declarar la inconstitucionalidad de la ley 24.621, dictada en 1996, que alteró las reglas aplicables a ese fondo en desmedro de ese distrito y en beneficio de todos los demás.
El Fondo del Conurbano fue creado en 1992 por ley. Desde entonces, se integra con el 10 por ciento de lo recaudado por el impuesto a las ganancias. Su propósito fue compensar a la provincia de Buenos Aires por el desajuste entre la elevada proporción de la recaudación impositiva generada en su territorio frente al menor porcentaje de distribución que se le había asignado por la ley de coparticipación federal de impuestos sancionada en 1988. Sin embargo, en 1996 se le puso un tope nominal de 650 millones de pesos, disponiéndose que el excedente fuera repartido a las demás provincias respetando los porcentajes de distribución secundaria de la ley de coparticipación. En esa fecha, la inflación parecía vencida, aunque la realidad unos años después demostró que no fue así. La salida de la convertibilidad y la macrodevaluación de 2002 la resucitaron y con bastante vigor. La cifra tope fijada en pesos no fue modificada y por lo tanto perdió significación.
El 10 por ciento del impuesto a las ganancias se estima en 53.000 millones de pesos para el año 2017. Puede advertirse, por lo tanto, la pequeñez relativa del monto congelado que recibe el distrito bonaerense. Al mismo tiempo, se observa la importancia de las sumas que obtienen las restantes provincias. Año tras año, han recibido este refuerzo, lo que ha inducido a sus gobiernos a gastar crecientemente. Entre 2001 y 2017, la planta de personal estatal del conjunto de provincias pasó de 1,75 millones a 3,1 millones de empleados. Se cumplió así una de las leyes de Parkinson de la burocracia, que dice que los funcionarios públicos siempre gastarán todo el dinero del que dispongan. En su aplicación en la Argentina esto quiere decir que irremediablemente gastarán más.
El reclamo ante la Corte incluye la retroactividad de los fondos no recibidos entre 2011 y 2015, los que alcanzan a sumar alrededor de 300.000 millones de pesos. Este es un monto difícil de conciliar con la situación fiscal del gobierno nacional. De accederse judicialmente al reclamo, parecería de cumplimiento imposible aunque fuera saldado con títulos públicos.
Es evidente que no era éste un conflicto para ser resuelto por la Justicia. Era otro el ámbito en el que debería haberse discutido y zanjado la cuestión, en tanto se trata de un tema político.
Lo que verdaderamente se juega es la repartición futura del Fondo del Conurbano entre Buenos Aires y el resto de las provincias. La cuestión fiscal y económica supera con creces el tema jurídico y constitucional. No obstante, la Corte deberá fallar inexcusablemente de acuerdo a derecho. El meollo del problema es el desborde del gasto público en todos los niveles de gobierno. Si esto no hubiera ocurrido, este fondo no sería hoy necesario, ni para la provincia de Buenos Aires, ni para las demás.
