EDITORIAL LA NACIÒN – La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) elabora trimestralmente un análisis cuantitativo de la incidencia de los impuestos sobre la actividad agrícola. Lo hace para una muestra de los cuatro cultivos principales (soja, maíz, trigo y girasol) y tres provincias (Buenos Aires, Córdoba y San Luis), en una serie que lleva diez años y que, por lo tanto, permite evaluar las tendencias en la presión impositiva del período. La observación de los resultados muestra que el agro ha sido el pato de la boda al contribuir más que ningún otro sector a solventar un muy elevado gasto público. Lo destacable es que, a pesar de esa pesada mochila, el sector ha crecido sobre la base de tecnología e innovación, ha impulsado las exportaciones y ha subsidiado de hecho a otros sectores altamente protegidos.
Según los estudios de la FADA, para el promedio ponderado de esos cuatro cultivos y esas tres provincias, los impuestos nacionales, provinciales y municipales absorben actualmente el 71% del margen, entre el precio de venta y el costo de producción. Esto quiere decir que el Estado es un socio al 71% de los productores, quedándose con esa proporción de las utilidades sin poner capital sino tan sólo servicios por los cuales cobra y que, por su insuficiencia, usualmente deben duplicarse por parte de los privados. El total de impuestos de esa muestra alcanza un 34% del valor de venta y se constituye en el mayor rubro de los costos de producción. Esta proporción se refiere a las ventas locales y, por lo tanto, no incluye los derechos de exportación. Si la venta es al exterior, en el caso de la soja, el Estado se lleva el 90% del margen de utilidad y el 57% del precio internacional.
Durante el segundo trimestre del corriente año el mejoramiento del tipo de cambio permitió un leve alivio tributario respecto del primer trimestre. Sin embargo, la medición de la FADA sigue mostrando una situación más gravosa que la del año previo. En efecto, en septiembre de 2016, la incidencia sobre las utilidades era del 65,4%, menor que el 71%. Sin desconocer que cualquier reducción de impuestos debe acompañarse de un recorte igual o mayor del gasto, no cabe sino señalar que el agro está sometido a una presión tributaria desmesurada que deberá disminuirse. A esta circunstancia se suman las contingencias climáticas que han afectado extensas zonas agrícolas.
La situación de muchos productores no sólo está castigada por el exceso impositivo, sino también por la inundación de sus campos. Las facilidades fiscales dispuestas por normas de emergencia o por la denominada ley pyme no alcanzan a compensar las enormes pérdidas de producción para quienes las han sufrido.
La agroindustria y la agricultura continúan encabezando las estadísticas de exportación. Ese mérito es más notable si se tiene en cuenta que sostienen con sus elevados aportes una aún importante ineficiencia estatal, además de subsidios y protección a no pocos sectores de la producción y los servicios. Hay toda una tarea por delante para corregir estas distorsiones. Pero, como lo demuestran las opiniones empresarias en el reciente Coloquio de IDEA, también hay una generalizada expectativa y confianza en que el Gobierno encarará esas indispensables correcciones.
