Miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso. Licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina. Es consultor económico y Profesor titular de Economía Aplicada del Master de Economía y Administración de ESEADE, profesor titular de Teoría Macroeconómica del Master de Economía y Administración de CEYCE.
INFOBAE – Finalmente Cambiemos logró un resultado electoral realmente importante, no solo a nivel país, sino que, lo más relevante, consiguió la victoria en la provincia de Buenos Aires derrotando a Cristina Fernández, quien dentro del arco político argentino representa el populismo más crudo y con aspiraciones autoritarias.
No obstante, es importante que la victoria electoral no se transforme en una borrachera de continuemos con lo mismo. Quiero recordar que en 1983 Alfonsín ganó las presidenciales y luego de hacer agua con la política económica durante 2 años, lanza el plan austral en 1985 de la mano de Sourrouille generando un fuerte cambio en las expectativas de los agentes económicos, al punto que en las elecciones de medio término de ese año logra una victoria importante con el 42% de los votos, aplastando nuevamente al PJ que fue dividido. No obstante, dado que el plan austral tenía un diseño inconsistente, en 1987 el radicalismo pierde las elecciones.
Si bien se podrán marcar todas las diferencias históricas del caso, es bueno hacer un poco de ejercicio de memoria para advertir que lo que sirve para ganar una elección no necesariamente sirve para gobernar luego y mucho menos para hacer crecer la economía.
Imagino que Macri sabe perfectamente que no puede seguir eternamente tomando deuda para financiar el déficit fiscal. Encima esa deuda hay que transformar en pesos, es decir, el tesoro le entrega dólares al BCRA y éste le da a pesos para que haga los pagos, lo que implica un ingreso importante de pesos en el mercado que le exige al BCRA quitar parte de esos pesos de circulación mediante la colocación de LEBACs, stock de deuda del BCRA que, a su vez, devenga un interés que dispara el gasto público.
Mi impresión es que el gradualismo económico extremo que estuvo aplicando el gobierno pende de un hilo muy delgado que consiste en seguir consiguiendo financiamiento externo para financiar el rojo fiscal. Por lo tanto, luce muy arriesgado continuar con este esquema que se acerca más a parálisis que a gradualismo.
Poniéndolo negro sobre blanco, para evitar seguir apostando al endeudamiento hay que bajar el déficit fiscal, pero también hay que bajar la carga tributaria para atraer inversiones, esto implica inevitablemente comenzar con una reestructuración del estado para bajar el gasto público. Los tres rubros sobre los que se puede trabajar son: 1) los planes sociales. Hay que empezar a aplicar un plan serio de límite en el tiempo y en la cantidad de planes, 2) cantidad de empleados públicos y 3) seguir con la eliminación de subsidios a la energía, el gas, el agua, etc. Pero es importante resaltar que la eliminación de subsidios, que tiene como contrapartida la suba de tarifas, debe ser acompañada de una reducción de impuestos en las tarifas de los servicios públicos porque el sector privado no puede soportar un aumento de tarifas de los servicios y un impuestazo encubierto con la carga tributaria que tienen las cuentas de luz, gas, etc. La eliminación de esos impuestos aliviaría enormemente la presión sobre el sector privado. Es hora que sea el sector público el que soporte, de una vez por todas, el ajuste.
Al mes de agosto, la industria manufacturera estaba utilizando el 67% de su capacidad instalada, esto quiere decir que todavía queda margen para que aumente la producción sin hacer inversiones. Sin embargo, otros sectores ligados a los servicios sí tienen margen para aumentar sus inversiones pero con dos condiciones: 1) menor carga tributaria y 2) reforma laboral.
Menor carga tributaria implica bajar en serio los impuestos empezando por ingresos brutos y ajustando los balances por inflación para no pagar impuestos sobre utilidades ficticias.
Reforma laboral significa ponerle un techo a las indemnizaciones por despido. El problema básico es la industria del juicio por la cual alguien que es despedido luego de cobrar su indemnización le hace un juicio a la empresa por cualquier causa y la justicia, generalmente, le da la razón al empleado. Esta imprevisión sobre los costos laborales en caso de despidos hace que las PYMES piensen seriamente antes de tomar más personal. Puesto en otras palabras, una gran empresa pueda bancarse pagar el juicio, pero a una PYME directamente la destroza.
Según datos del Ministerio de Producción, en Argentina hay 650.000 empresas de las cuales el 99% son microemprendimientos y PYMES. Microemprendimientos son hasta 9 empleados y PYMES hasta 200 empleados. Como dice mi amigo y colega Gustavo Lazzari, basta con que cada una de esos microemprendimientos y PYMES tomen un empleado por año y en un año se crean 650.000 nuevos puestos de trabajo. En 5 años se resuelve el problema de la desocupación, se crean puestos de trabajo para que empleados del sector público pasen al sector privado y los 250.000 jóvenes que anualmente se incorporan al mercado laboral pueden encontrar trabajo.
La dirigencia política y sindical tiene que entender que reforma laboral no es para despedir gente, sino para incentivar a las empresas a tomar gente. Si se combina la baja de impuestos con reforma laboral, el proceso de creación de puestos de trabajo se acelera porque las 650.000 empresas actuales pueden pasar a ser 700.000 o más en poco tiempo. Hay que pensar la actual legislación laboral como el cepo cambiario. Nadie lleva sus capitales a un país del cual luego no pueda salir. El cepo cambiario es una barrera al ingreso de capitales. Bien, la actual legislación laboral es lo mismo. Es una inmensa barrera a la creación de nuevos puestos de trabajo.
En síntesis, Macri logró un segundo gran paso: derrotar directamente a Cristina Fernández y acumular un importante capital político. Ahora tiene que decidir si se lanza a un giro en la política económica para hacer sostenible el crecimiento de largo plazo o se limita a continuar tomando deuda creyendo que con el solo transcurrir del tiempo los problemas se resuelven solos.
No nos engañemos, tener acceso al crédito externo no es sustituto de reformas estructurales. Eso ya lo vivimos y sabemos que no funciona. Sí puede funcionar tomar deuda para reestructurar el sector público para aliviar la carga sobre el sector privado y de esa forma atraer inversiones.
Nadie pide cambiar 70 años de decadencia en 4 años de gobierno. Solo se pide girar el timón y enfilar la nave hacia aguas menos turbulentas que las que transitamos en el pasado por no querer hacer las reformas estructurales.
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