Licenciado en Economía (UBA, 2002), Master en Economía y Administración de Empresas (ESEADE, 2004) y Doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC, 2009).
Profesor Titular Regular de Introducción a la Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).
Contribuye en el blog Punto de Vista Económico y en Libertad y Progreso.
INFOBAE – Daniel Arroyo publicó recientemente un libro titulado Las cuatro Argentinas y la grieta social, que presenta, en su primer capítulo, un diagnóstico preocupante de nuestro país. Hoy la Argentina presenta un nivel de pobreza del 28% de la población, y es aún más preocupante si focalizamos la población de niños, donde llega al 43 por ciento. Este 28% de la población “está fuera del mercado de trabajo”, y estos niños “jamás vieron a sus padres trabajar”.
El diagnóstico se completa con otros datos duros. La mitad de los jóvenes no termina la secundaria. La desocupación es del 9%, pero alcanza al 20% cuando concentramos la atención en los jóvenes. Hay un millón y medio de jóvenes que no trabaja ni estudia. Y si focalizamos la atención en el mercado laboral, el 35% de quienes obtienen empleo sólo consiguen trabajo informal, con la lógica “precarización laboral”.
Para atender esta problemática social, la política económica ha ampliado sistemáticamente los planes sociales. Sin ánimo de ser exhaustivo, podemos ofrecer una síntesis cronológica. Tras el retorno a la democracia y a sólo seis meses de asumir, Raúl Alfonsín lanzó las cajas PAN. Carlos Saúl Menem agregó planes sociales, con políticas más focalizadas. Fernando de la Rúa buscó tercerizar la administración de los planes en determinadas organizaciones, pero también amplió el número. Eduardo Duhalde ofreció su plan para jefas y jefes de hogar desocupados, dejándonos con 2,2 millones de planes. Néstor Kirchner partió de esa base y ofreció créditos y microcréditos, mientras Cristina Kirchner agregó la asignación universal por hijo, entre otros muchos programas de ayuda. En estos 12 años de kirchnerismo explotó la oferta de planes sociales, y mientras muchos creían que Argentina crecía, pasamos de 2,2 a 8 millones de planes sociales. Mauricio Macri también los amplió, entre otras propuestas, con una asignación universal por hijo para los monotributistas, alcanzando hoy los nueve millones de planes.
Daniel Arroyo acepta que la lucha contra la pobreza estructural a través de planes sociales está agotada. Explica que el problema está en el funcionamiento de la economía. Plantea que no hay recetas escritas en ningún libro que nos vayan a ayudar a resolver este flagelo. “Necesitamos creatividad, nuevas propuestas”, exclama.
Mi observación a este planteo es que la pobreza estructural es un mito. “Estructural” es un concepto que manifiesta la estabilidad del flagelo de la pobreza a lo largo del tiempo y tras el paso de sucesivos gobiernos. Esto deja una sensación pesimista, como si el problema de la pobreza no tuviera solución o fuera muy difícil de resolver. Pero lo cierto es que la pobreza será “estructural” si los gobiernos siguen intentando atacar el problema con las mismas recetas. En su diagnóstico, Arroyo ofrece la clave del asunto, y es que la pobreza sólo se resuelve si recuperamos el funcionamiento de la economía. Aunque aclara, al mismo tiempo, que no existe el derrame, y que le vaya bien hoy a ciertos sectores de la economía, como al sector agro, la minería o el sector financiero, sí podrá generar divisas, pero no derramará riqueza al resto de la sociedad. Debemos “cuidar”, afirma, a ciertos sectores como la construcción y el área textil. Debemos ofrecer “créditos masivos a tasas de 1%” para que surjan microemprendimientos.
Expertos en el desarrollo, aún ignorados en la Argentina, como William Easterly o el premio Nobel Angus Deaton, nos enseñan que se plantean dos tipos de solución para la pobreza, desde arriba o desde abajo. Desde arriba, con una planificación centralizada del gobierno en atender a los necesitados mediante planes y créditos a tasas subsidiadas; o desde abajo, confiando en la planificación descentralizada de las personas que buscan salir de este flagelo. La pregunta es si seguimos tirando panes desde arriba, o si mejor arrojamos una escalera.
Si realmente queremos ascenso social de los más postergados, necesitamos liberar la energía creativa de los empresarios. Y los empresarios no son los ricos. Empresarios podemos ser todos. Basta estar alerta en el mercado para descubrir las oportunidades de inversión. Sólo desde abajo podemos advertir el conocimiento de tiempo y lugar necesario para dar una solución al flagelo de la pobreza. Descentralizar los recursos desde nación hacia provincias y municipios ayudaría, pero sería aún mejor que el aparato estatal devolviera los recursos de donde los extrae, de la gente.
A mi modo de ver, hoy estos emprendedores están atados. Atados por la presión tributaria excesiva que se requiere para mantener precisamente la estructura actual del Estado. Los planes sociales no sólo están agotados, sino que son el problema de esta Argentina. Cuando se ofrece un empleo a algunas de estas nueve millones de personas, muchas veces surge el problema de que prefieren negarse a aceptarlo, ya que de otro modo perderían el plan. Sostienen: “El plan es estable, el empleo privado no lo es”. Los planes son “derechos adquiridos”. Ya nadie puede quitarlos. El kirchnerismo nos metió en una jaula de “pobreza estructural” y tiró la llave. Los gobiernos que le siguen entran en esta jaula y no ven la solución. Peor aún, por momentos mantienen la misma dinámica. Estamos encarcelados con impuestos, inflación y deuda.
No necesitamos buscar recetas creativas. Necesitamos tomar un par de manuales básicos de economía y finanzas públicas a los que por décadas les dimos la espalda. Sólo el equilibrio fiscal nos sacará de la inflación y la deuda. Y sólo con estabilidad monetaria y menor presión tributaria los emprendedores encontrarán los proyectos que pueden dar empleo a estos jóvenes postergados. La solución está en la base de la pirámide, quizás en los mismos necesitados, no arriba, en los gobiernos. Como decía Juan Bautista Alberdi: “¿Qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro: que no le haga sombra”.
Arroyo nos muestra cuatro Argentinas. La primera es la de la pobreza estructural, que representa el 25% de la población; la segunda es la Argentina vulnerable, la del trabajo informal, que representa el 35% de la población; la tercera es la clase media, con empleo formal, que representa otro 35% de la población; y finalmente está la clase alta, con un 5% de la población. Esta desigualdad genera fragmentación, conflicto o, en definitiva, la grieta social.
¿Cómo integramos estas 4 Argentinas? El primer paso es dejar de expandir los planes. Macri ya creó un millón. Es un error. Quien adquiere un plan entra en una jaula de la que después no puede salir. Le tiramos un pan, pero no una escalera.
El segundo paso es flexibilizar la legislación laboral. Que los jóvenes puedan hacer pasantías en las empresas para aprender a trabajar, antes de exigir salarios mínimos elevados en relación con la productividad que pueden ofrecer. Esto no es precarización laboral, es el modo en que los jóvenes se insertan en el mercado laboral en todo el mundo. El Estado de bienestar europeo es aplicable a los países ricos de Europa, no a esta triste Argentina que arriba describimos. Tenemos que dejar de poner la carreta delante de los caballos. Pedirle a una empresa que tome jóvenes empleados para capacitarlos pagando el actual salario mínimo es no comprender el mundo empresarial. Las empresas simplemente no toman a estos jóvenes porque no suman suficiente valor a la empresa. Y no es una cuestión de falta de solidaridad. Simplemente no lo hacen, porque si lo hicieran, quebrarían.
El tercer paso es bajar los impuestos. Argentina tiene una estructura impositiva impagable. Esto inhibe la creación de emprendimientos, y a las pymes existentes las incentiva a evadir y mantenerse en la economía informal.
El cuarto paso es abrir la economía, porque, aislados del mundo, los productos en el mercado interno son extremadamente caros y elevan el costo de la canasta básica requerida para salir de la pobreza. Si queremos precios bajos, no necesitamos acuerdos con empresarios, necesitamos competencia. Claro que, sin una previa reducción de costo impositivo y laboral, abrir la economía sólo condenaría a las pymes a su destrucción.
El quinto paso es corregir el atraso cambiario. Insistir en que estamos ante un tipo de cambio libre, mientras la oferta de dólares proviene de la demanda del gobierno para evitar el ajuste del gasto, no parece muy sensato. Abrir la importación, con este atraso cambiario, es condenar a las empresas a la quiebra.
El sexto paso, que en la medida de lo posible debería ser el primero, es la reducción del gasto público. Así como dos millones de personas se sumaron al empleo público en la última década, el proceso debe revertirse gradualmente. Mientras el mercado se amplíe, con nuevos proyectos empresariales que generen empleo, podremos ir reduciendo el sobre-empleo estatal y prescindiendo del gasto social. Pero esto llevará tiempo. Argentina puede tomar deuda en la transición hacia un ordenamiento de su economía, pero esa pesada carga habrá que pagarla en el futuro.
Las cadenas productivas son las únicas que pueden corregir el flagelo de la pobreza, pero las cadenas impositivas y laborales evitan que las primeras puedan desarrollarse.
