Doctor en Economia y Doctor en Ciencias de Dirección, miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Económicas y de Ciencias.
EL CRONISTA – Este es un tema sumamente delicado y desafortunadamente poco comprendido. Cuando se afirma que el aparato estatal subsidia tal o cual actividad o sector debe entenderse que es el vecino el que financia ya que ningún gobernante pone de su peculio.
Ahora bien, miremos de cerca el asunto. El contribuyente de jure al hacerse cargo del impuesto naturalmente deja de invertir en el presente o de consumir (lo cual repercute en la inversión futura). En cualquier caso, este proceso incide directamente de modo negativo sobre los salarios e ingresos en términos reales. En otras palabras, son los relativamente más pobres quienes con mayor fuerza se hacen cargo del tributo, son contribuyentes de facto aunque nunca hayan visto una planilla fiscal.
Sería interesante que estas ocurrencias no tuvieran lugar pero en ese caso deberíamos creer en la magia al suponer que nadie paga y que esos pagos no tienen consecuencias. En este sentido los aparatos estatales constituyen una ficción por la que aparece que financian sin lastimar a nadie como si sacaran recursos de la galera.
Otra cosa bien distinta es la decisión política en cuanto a la transformación de una situación a la otra pero desde el llano es de suma importancia no presentar el asunto como si se tratara de una prestidigitación o de un milagro laico de proporciones superlativas. La misión de quienes desean ayudar a los gobiernos a transitar el camino de la sensatez no es el aplauso sino la crítica.
Por supuesto que para que el mencionado tránsito suceda con eficiencia hay que tener el coraje y la decisión de colocar el gasto público en niveles compatibles con un sistema republicano y, en nuestro caso, eliminar los ministerios creados por el actual gobierno y dejar sin efecto medidas obscenas como la financiación de equipos de polo y demás sandeces. También es indispensable contar con un mercado libre en materia laboral para que la transición evite el desempleo, lo cual implica desprenderse de la legislación fascista de asociaciones profesionales y convenios colectivos que Perón copió de la Carta del Lavoro de Mussolini y abandonar la inmoralidad de los así llamados agentes de retención que se traducen en la manipulación del fruto del trabajo ajeno.
Sería muy atractivo que pudieran resolverse los horribles problemas de la pobreza con un decreto en cuyo caso no habría que andarse con timideces y promulgar uno bien jugoso para hacernos a todos millonarios, pero las cosas no son así. Se requiere la captación de ahorro interno y externo para que se eleven los salarios. Esa es la diferencia entre países pobres y ricos: marcos institucionales civilizados donde se respete lo que es de cada cual sin interferencias de políticos megalómanos que crean miseria al proponer subsidios por doquier con recursos de otros, todo lo que tocan lo empobrecen: son el rey Midas al revés.
