EL CRONISTA – El crecimiento del sector público en la Argentina invita a graficar el tamaño del Estado con comparaciones que, si bien odiosas, son imprescindibles para comprender cómo afecta a la economía privada.
Medido por la cantidad de empleados cada legislador es mucho más que una pyme. Para 2018 el Senado tendrá una dotación de personal de 5779 agentes para un total de 72 senadores, es decir 80 empleados por cada uno. Para el mismo período la Cámara de Diputados tendrá 6220 empleados para 257 legisladores, es decir, 24 por cada uno.
Si agregamos todas las dependencias del Congreso el total de empleados será de 16.196 lo cual representará 49 por cada uno de los 329 legisladores. (Presupuesto 2018 y CADAL).
Según el Ministerio de Producción el promedio de empleados de las 855.000 pymes es de siete. Por tanto, cada legislador nacional representa la dotación de personal de siete empresas pequeñas.
No obstante la comparación tiene otra arista más interesante. Hagamos el ejercicio teórico que un legislador debe afrontar con su dieta el régimen del impuesto a los ingresos brutos:
– 1. En tal caso, cada Pyme-Legislador deberá estar inscripto en el Convenio Multilateral de IIBB para determinar el monto a distribuir en cada una de las 24 jurisdicciones.
– 2.Anualmente deberá presentar el Formulario CM05 donde deberá detallar el volumen de su actividad con cada legislador de cada provincia.
– 3. Nuestro Pyme-Legislador deberá indicar anualmente con cuales legisladores interactuó, con cuales compartió votos, comisiones, bloques y la ponderación de cada uno a efectos de determinar la distribución del impuesto.
– 4. Un error u omisión podrá disparar, tal como nos pasa a las pymes, demandas de las provincias, retroactivas, millonarias por error en el porcentaje asignado. Como es de esperar, si todas las provincias tuvieran razón la sumatoria de los porcentajes supera largamente el 100% a repartir. Así tributamos las empresas este nefasto impuesto.
– 5. Dado el monto de la dieta, es probable que nuestra Pyme-Legislador deba actuar como agente de percepción y retención.
– 6. Esto significa que nuestro Pyme-Legislador deberá retener dinero por cada gasto que paga y depositarlo en la cuenta de su fisco a los 15 días so penas de multas del 80%, embargos y juicios. Técnicamente se trata de un trabajo forzado no remunerado, pero los fiscos provinciales gozan de esta licencia para violar la Constitución Nacional.
– 7. A su vez, deberá percibir por cada servicio que presta y depositar dicha percepción con la misma velocidad y precisión.
– 8. Deberá realizar una liquidación mensual donde descontará las percepciones y retenciones realizadas y recibidas a fin de determinar el monto de impuesto.
– 9. Deberá a su vez, analizar sus extractos bancarios donde constan las percepciones que cada fisco provincial realiza en forma compulsiva e inconstitucional de sus saldos. El dios Siscreb determinará diariamente el destino de sus fondos.
– 10. Obviamente todos los meses deberá bajar electrónicamente los nuevos padrones de Cuits de todos sus clientes con las modificaciones de los porcentajes a percibir y retener. Porque las provincias los varían cada treinta días.
Podríamos enumerar cientos de delirios inconstitucionales que las provincias realizan diariamente sobre las empresas que generan el 70% del empleo y el 45% del PIB.
A pesar de lo disparatado, sería muy interesante que los legisladores, ejerciten al menos con las normas fiscales de la misma manera que las pymes las vienen padeciendo desde hace décadas.
Actualmente el Congreso está discutiendo una reforma tributaria donde no existe la palabra ingresos brutos más que como una promesa. Donde la rebaja en la presión tributaria es de 1,5% en cinco años. Donde no se habla ni una palabra de la complejidad tributaria que hace que una pyme tenga 12 o 14 vencimientos impositivos cada 20 días hábiles.
Una complejidad que ha transformado a los empresarios en inútiles gestores de trámites ante organismos públicos.
El impuesto a los ingresos brutos es inconstitucional pues constituye una aduana interior, implica doble tributación, es confiscatorio y por tanto es la fuente de corrupción y evasión más importante de la Argentina.
Debe ser abolido, no reformado. No hay opción posible frente a un tributo tan injusto que representa el 9% del precio de un alimento. La respuesta legal es tan cruel como dicho impuesto. Según los abogados que he consultado cada empresa debe hacer un juicio a cada provincia.
Quiere decir que las 855.000 pymes deben hacer un juicio a cada una de las 24 jurisdicciones. Es decir que, con suerte, la solución pasaría por 20.520.125 juicios que el sector privado debe iniciar a los estados provinciales.
Claramente la voracidad fiscal debe ser enfrentada con decisión. En este sentido la gradualidad puede derivar en la perpetuidad del problema.
