Ha publicado artículos en diarios de Estados Unidos y de América Latina y ha aparecido en las cadenas televisivas.
Es miembro de la Mont Pèlerin Society y del Council on Foreign Relations.
Recibió su BA en Northwestern University y su Maestría en la Escuela de Estudios Internacionales de Johns Hopkins University.
Trabajó en asuntos interamericanos en el Center for Strategic and International Studies y en Caribbean/Latin American Action.
EL COMERCIO – California legalizó la venta y el consumo de marihuana para fines recreativos el 1 de enero. Ya van ocho estados y la capital federal de EE.UU. que han hecho lo mismo. Sin embargo, dado que la economía de California es la más grande de EE.UU. y la sexta más grande del mundo, esta reforma influirá de manera más decisiva en el rumbo del país y, por ende, del mundo.
Ese rumbo hacia la legalización incluirá este año a Canadá, la décima economía del mundo y el segundo país, después de Uruguay, en legalizar la marihuana. Empero, ese no es el caso en EE.UU. Las leyes al respecto son esquizofrénicas. En EE.UU., la marihuana sigue estando prohibida a nivel federal, pero no en muchos estados. El uso de la marihuana medicinal, por ejemplo, es legal en 29 estados. Según el gobierno federal, sin embargo, la marihuana es altamente adictiva y no tiene usos médicos legítimos, por lo que debe ser tratada legalmente como la heroína. Al mismo tiempo, el gobierno federal reconoce usos médicos para la cocaína, cuyo trato legal es menos restrictivo en ciertos aspectos.
Tenemos entonces una situación en la que no parece haber regulaciones coherentes de distintas drogas y que el uso de marihuana para buena parte de la población estadounidense será legal e ilegal al mismo tiempo. Ante esta incoherencia, el presidente Barack Obama decidió que su gobierno no procesaría a los consumidores de marihuana en los estados que la han legalizado. La prohibición federal siguió en pie, pero no se cumplía.
El otro día, sin embargo, el actual fiscal general revirtió la decisión de Obama. La incertidumbre e incoherencia legal, que temporalmente había disminuido un poco, volvió a surgir. En un país en el que el 61% de la población está a favor de la legalización de la marihuana, el choque entre los federales y los gobiernos estatales y locales pone sobre el tapete cómo la guerra contra las drogas ha minado pilares fundamentales de la democracia estadounidense diseñados para resguardar las libertades de los ciudadanos.
Cuando las leyes son contradictorias, cuando es arbitraria e impredecible su aplicación, cuando es difícil su cumplimiento, cuando el comportamiento de buena parte de la gente quebranta la ley, y cuando prohíben intercambios voluntarios, por definición se vulnera el Estado de derecho. Además, las leyes federales debilitan al federalismo constitucional estadounidense en el que solo algunas funciones delineadas en la Constitución competen al gobierno federal, mientras que los estados pueden experimentar con distintas políticas.
La centralización del poder en Washington se refleja en la guerra contra las drogas. Es llamativo, por ejemplo, el distinto trato legal de la fracasada prohibición del alcohol (1919-1933) y la fracasada guerra contra las drogas. La primera se aprobó y desaprobó a nivel federal solo mediante enmiendas constitucionales. No así con la prohibición de las drogas décadas después. Con la centralización del poder y el crecimiento del Estado, también cambió la jurisprudencia que menospreció cada vez más los derechos que, según la Constitución, corresponden a los estados y al pueblo.
En nombre de la guerra contra las drogas, las bien documentadas violaciones de los derechos civiles de los estadounidenses se han multiplicado, cosa que también ha alentado un interés por la reforma.
La legalización de la marihuana en California renueva el debate no solo acerca de la política antinarcótica, sino también de temas más fundamentales respecto a la libertad y la democracia constitucional limitada.
Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 9 de enero de 2018.
