Luego de años de irrelevancia y decadencia en lo que respecta a la inserción argentina en el mundo, un cóctel que nos había posicionado como país de frontera (menos que emergente) urge reflexionar sobre qué tipo política exterior necesita el país. Si bien la Política Exterior Argentina mínimamente necesita un horizonte de 20 años ante la comunidad internacional para gozar de credibilidad y conseguir los objetivos buscados, mas si se viene de un historial agresivo e irresponsable, es importante mostrar un perfil consistente de lo que se quiere y de lo que no. Tanto la vuelta al Foro Económico en Davos y la elección de la República Argentina para la Presidencia del G20 son parte de un interesante cambio perfil.
Durante la Presidencia Macri se ha buscado estrechar fuertes vínculos con las naciones más importantes del mundo. Sobresalen, no siendo los únicos casos, el respaldo recibido por parte de los presidentes de los Estados Unidos, Suiza, Alemania, Francia, Italia, España, Holanda, Japón, China y Emiratos Árabes. Estas naciones representan el 60 % del comercio mundial y poseen en conjunto un ingreso per cápita promedio de 61,014 U$S. A nivel latinoamericano el cambio es más marcado ya que la Argentina busca acercarse a la Alianza del Pacifico, es decir a la América Latina “Globalizada” cuya participación en el comercio mundial representa 2,63% del total, una performance muy superior al 0,77 % de la América Latina “Bolivariana”.
Aunque muchos no lo sepan, estos gestos están muy cerca de las ideas de nuestra constitución de 1853 y del pensamiento de Juan Bautista Alberdi quien consideró a la política exterior como “la llave de riqueza y prosperidad”, para vencer el desierto, la pobreza y el atraso material.
Alberdi afirmó: “Nuestra política exterior debe ser económica y comercial por excelencia”, aconseja la firma de tratados de libre comercio ya que son la única forma de colocar la civilización, las inversiones extranjeras y locales “al abrigo de nuestra guerra civil inacabable”. Es decir al abrigo de nuestra inestabilidad política económica la cual ha destruido el capital, la riqueza y ha condenado a la pobreza e indigencia a buena parte de la población. El análisis de Alberdi marca una clara comprensión de las ventajas de anclarse a países de alta calidad institucional.
Al igual que en el siglo XIX, siguen siendo las instituciones del “Rule of Law”, conocidas genéricamente como Estado de Derecho, las que posibilitan la inversión, la innovación y ofrecen más oportunidades de progreso y libertad a sus habitantes. Recordemos que Europa, liderado por Gran Bretaña, en el SXIX era la síntesis de comercio, apertura, cultura y progreso. Los países que se desarrollan han incorporado este tipo de instituciones caracterizadas por limitar el poder político en la división de los poderes, el rol fundamental del poder judicial en defensa de los principios constitucionales; y la determinación de que las mayorías no tienen el derecho a violar los derechos de las minorías. Es decir, el respeto a los derechos individuales a la vida, la libertad, la propiedad y el derecho a la búsqueda de la propia felicidad.
El efecto de estos tratados seria según Alberdi el “atraer los capitales del extranjero, de fijarlos en el país y de obtener la baja del interés por la disminución de los riesgos que hacen subir al interés”. Acá vemos una clara conciencia de lo que hoy se conoce como “riesgo país”. El cual aumenta cuando hay riesgo de default, devaluación, inseguridad jurídica, repentinos cambios de reglas impositivas, falta de respeto a los derechos de propiedad, etc.
Esto último es sumamente importante ya que la vinculación externa de un país no solo depende de su política exterior (entendida como el ámbito tradicional de la Cancilleria) ni del comercio, el flujo de capitales o la política militar, que son las áreas de gestión que generalmente se piensa cuando se piensa en la inserción internacional. Esta inserción depende también de la solidez de las reglas del Estado de derecho descriptas. Si el resto de las áreas no contribuyen a optimizar la inserción de la Argentina en el mundo, poco importara el profesionalismo de la Cancillería.
Por esta razón Alberdi deja bien en claro que “el sistema económico de la constitución argentina debe buscar su más fuerte garantía de estabilidad y solidez en el sistema económico de su política exterior”, es decir una especie de “garantía internacional”.
Alberdi advierte el costo de repudiar estos tratados. Para un país pequeño e inestable más cerca del polo sur que de los centros económicos de importancia, desconocer un tratado con una superpotencia implica quedarse a la intemperie, sin ancla en el mundo, desenchufado de la corriente mundial del comercio y la inversión. “El día que la Confederación desconozca que esos tratados valen más para su riqueza y prosperidad que la constitución misma que debe vivir por ellos, puede creer que su suerte será la misma que bajo el yugo de los reyes de España y de los caudillos como Rosas”. Para Alberdi, toda política opuesta al libre comercio o a la inversión extranjera es “un cambio reaccionario“. Una grave violación de otros derechos individuales como la vida o la propiedad. Lo expuesto es el sustento del artículo 27 de la Constitución Nacional.
Pablo Benítez Jaccod
Lic. en relaciones internacionales
Presidente de la Fundación Progreso y Libertad
