El gobierno de Mauricio Macri incorporó en los últimos cinco meses a unos 100.000 nuevos beneficiarios de planes sociales con el programa Proyectos Productivos Comunitarios, que en 2018 insumirá $10.148 millones y que responde a la ley de emergencia social de 2017.
En tanto, el debate económico creciente es si estos planes tienen impacto en generar empleo o subsidian a un desempleo estructural.
Según confiaron a la nacion en el Ministerio de Desarrollo Social, de Carolina Stanley, el plan de Proyectos Productivos Comunitarios responde a la ley de emergencia social de 2017, que reclamaron las organizaciones sociales Barrios de Pie, la CCC y la CTEP, que lidera Juan Grabois, amigo del Papa.
El programa canaliza proyectos productivos de beneficiarios de esas organizaciones y otras que obtienen un salario social complementario de casi $5000 (la mitad del salario mínimo vital y móvil) en 2017 y 2018. Por lo general, estaban en la informalidad y se los formaliza y se los potencia.
Los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen ($17.058 millones y 246.000 beneficiarios) son los que en Desarrollo Social exigen contraprestación laboral, formación y terminalidad educativa.
El Ministerio de Trabajo, de Jorge Triaca, tiene otros similares: Acciones de empleo ($3239 millones y 235.000) y Capacitación Laboral ($1400 millones y 57.000).
Pero el programa más popular es la Asignación Universal por Hijo (AUH): la Anses reparte en 2018 $74.447 millones a 6.857.000 beneficiarios. El Progresar, de Educación, llega a 794.000 jóvenes con $9894 millones en becas de estudio.
El camino hacia el trabajo
El anunciado Plan Empalme, mediante el cual las empresas podrían contratar a beneficiarios y completarle el salario básico, no dio aún resultados significativos.
El programa Abordaje territorial ($3147 millones y 77.000 personas) reparte insumos diversos pero no son ingresos a personas.
Fuera de los planes de asistencia directa, el grueso del gasto social está en jubilaciones y pensiones ($668.700 millones y 3.300.000), al que se sumó la Moratoria Previsional ($367.489 millones y 3.565.000), que son jubilados que nunca aportaron, un 3% del PBI, casi equivalentes al déficit fiscal.
Según el Ministerio de Desarrollo Social, los 246.000 beneficiarios de Argentina Trabaja y Ellas Hacen tienen asignación laboral o formación.
El director del Observatorio de Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, señaló que el Gobierno aumentó el gasto social, buscó la racionalidad y la contraprestación laboral, pero los programas fueron administrados por organizaciones sociales, ONG o municipios que muchas veces se resisten al control.
Para Salvia, “no siempre está garantizado que haya detrás un proyecto de trabajo o de infraestructura” genuino.
Por su parte, el economista Roberto Cachanosky, propone que a los planes “hay que ponerles exigencia de capacitación y límites en el tiempo”, al igual que el economista Agustín Etchebarne, de Libertad y Progreso, para quien las transferencias deberían ser “un puente hacia un trabajo productivo”.
Desde la oposición, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, impulsan esquemas de incentivos para que los empleadores contraten beneficiarios cuyos planes conformarían parte del salario básico, con diversos beneficios en las cargas sociales.
