EDITORIAL DE LA NACIÓN – Antes que fomentar atajos nocivos para la salud, las acciones oficiales deberían encuadrarse en la educación, la prevención y el combate al crimen organizado.
El crecimiento del crimen y la corrupción originados en el narcotráfico ha llevado a muchas personas a imaginar una solución mediante la legalización y liberación de la producción y el comercio de drogas. El fundamento expuesto es el de hacer desaparecer el espacio de grandes ganancias que ha creado la prohibición y, de esta forma, suprimir la causa de este tipo de delincuencia. Quienes defienden la liberación recuerdan la desaparición de las mafias y el crimen cuando se derogó la ley seca en los Estados Unidos. Entre los que han sostenido esta posición se encuentran dos premios Nobel de economía como Milton Friedman y Gary Becker, escritores como Mario Vargas Llosa y hombres públicos destacados como Fernando Henrique Cardoso. 
Desde estas columnas hemos discrepado con la legalización y liberación de la droga, entendiendo por tal toda la cadena: producción, comercialización y consumo. Creemos que así se facilitaría y promovería el inicio del consumo, aumentando aceleradamente la población adicta, o que si se instrumentaran restricciones para evitarlo, entonces no se eliminaría la actividad clandestina y el crimen asociado. Si solo se liberara una etapa de la cadena, subsistiría la clandestinidad en las otras. Lo relevante en la discusión son la producción y comercialización, que son las que generan el delito. El consumo personal está de hecho despenalizado en gran parte del mundo. En la Argentina, si bien la ley aún lo penaliza, un fallo de la Corte Suprema de Justicia, conocido como fallo Arriola, creó jurisprudencia sobre su despenalización.
Un aspecto fundamental por tener en cuenta es que la droga en cualquiera de sus variantes, sean duras, cannabis (marihuana), opiáceas o sintéticas, incita al escalamiento y crea adicción. En ese curso, lleva a extremos de deterioro mental y físico muy difíciles de revertir. La diferencia con el alcohol y el tabaco es sustancial. El alcoholismo no es consecuencia de la ingestión de alcohol, sino que debe encontrar un individuo con un cuadro psicosocial que lo provoque.
Tampoco para la drogadicción es aplicable el principio constitucional que dice que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral públicas, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados”. Un drogadicto genera un grave problema a su familia, un costo a la sociedad y un riesgo a la seguridad.
¿Cómo sería la situación si se legalizara y liberara la droga, como por estas horas vuelven a impulsar algunos de nuestros legisladores? Pensemos, por ejemplo, en la cocaína. Las plantaciones de coca se desarrollarían con técnicas eficientes de cultivo y de recolección en grandes extensiones. Se reduciría notablemente el costo y el precio de la materia prima entregada a las industrias refinadoras. Esta etapa podría ser desarrollada por laboratorios bien equipados y en escala mucho mayor. De esa forma, el costo de la cocaína ya elaborada sería una pequeña fracción del que actualmente resulta en procesos artesanales y clandestinos.
Si no hubiera algún tipo de regulación, la comercialización legalizada de la droga no sería diferente a la de cualquier medicamento de venta libre. El precio de una dosis no debería ser mayor al de la gragea de un antibiótico. En esta situación la lógica dice que el inicio en el consumo se facilitaría e impulsaría notablemente. Contra quienes dicen que la prohibición es un aliciente que induce a los jóvenes, habitualmente rebeldes, a probar la droga, el sentido común por su lado sostiene que serían muchos más jóvenes los que la probarían si hubiera legalización. Esto se consideraría como aceptación social y moral y, además, se obtendría a muy bajo precio sin necesidad de temer ninguna consecuencia penal. El propio Friedman, partidario de la legalización, advertía: “Como economista sé que precios más bajos tienden a generar mayor demanda”.
Frente a estas observaciones y riesgos evidentes, algunos partidarios de la legalización de la droga proponen regulaciones que eviten un acceso tan abierto, además de impuestos que eleven su precio y no la hagan tan accesible. Para cerrar el esquema, proponen que lo recaudado por el impuesto sea utilizado en campañas de prevención y educación. Suena muy bien salvo que, para encarecer el producto final a los niveles previos con prohibición, el impuesto debería ser de una magnitud tal que restablecería el espacio de ganancia en la informalidad que hoy sostiene el narcotráfico. Por otro lado, las regulaciones restrictivas, como la venta con receta, la veda a los menores o los cupos, agregarían nuevos incentivos a la clandestinidad.
Las experiencias de legalización habitualmente mencionadas, como las de Holanda o Portugal, se refieren a la despenalización del consumo y a la facilitación de formas de acceso que aseguren una mejor sanidad. No han llegado a liberar la comercialización ni la producción de drogas. El caso de Uruguay comprende solo la marihuana y está fuertemente regulado por el Estado. Sería prematuro obtener conclusiones sobre esta experiencia, aunque ya los especialistas han prevenido sobre la multiplicación de los consumidores y su avance hacia drogas más destructivas. Ha sido muy preciso e ilustrativo un artículo de Julio María Sanguinetti publicado recientemente en este diario.
No se trata de contradecir el postulado de que la liberación sin intervenciones acabaría con el narcotráfico y con el crimen que lo rodea. Pero está claro que ese es un escenario utópico, ya que sin regulaciones ni fuertes impuestos, se impulsaría el acceso a la droga, principalmente de los jóvenes, con consecuencias impredecibles. Más allá de la postulación de la legalización en ámbitos académicos e intelectuales, ningún gobierno ha aceptado seguir ese camino y liberar la cadena completa de la droga, salvo muy limitadas disposiciones referidas al consumo final. El marco dentro del cual deberán encuadrarse las acciones oficiales son la educación y la prevención, así como las atribuciones respecto del combate al crimen dentro del Estado de Derecho y la responsabilidad por la salud de sus habitantes.
