Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
EL ECONOMISTA – Los años pasan y nada cambia. Como ya es una tradición, el inicio del ciclo lectivo ha sido acompañado por un nuevo paro docente. Los sindicatos han tomado una vez más a los niños de virtuales rehenes en la discusión paritaria. ¿Cómo no recordar los diecisiete días de clase perdidos a comienzos del ciclo pasado en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo no sentir vergüenza por los más de cien días de paro en la provincia de Santa Cruz? ¿Quién puede pensar que los días perdidos se recuperaron? ¿Quién puede imaginarse que un niño que concurre a clases un día sí y otro no, en medio de un clima enrarecido, puede aprender algo? Por supuesto, los niños de familias humildes son los más perjudicados, hablar de igualdad de oportunidades frente a esta realidad carece de todo sentido.
La evidencia de nuestro país demuestra con contundencia que el hecho que los niños estén en el aula no es garantía de que accedan a educación de excelencia. Si siquiera tienen clases, no hay posibilidad alguna de ello. ¿Cómo lograr algo aparentemente tan elemental como que los niños puedan concurrir a la escuela? ¿Cómo enfrentar con éxito a sindicatos docentes que apelan al paro indiscriminadamente, sin importarles violar el derecho a la educación de los niños de nuestra patria? Encontrar una respuesta a este interrogante precede a cualquier discusión de fondo en cuanto a cómo mejorar la educación que los chicos reciben dentro de un aula.
En abril pasado, cuando promediaba el tristemente recordado paro docente en la provincia de Buenos Aires, publiqué en este mismo espacio una sencilla propuesta instrumentada en Ecuador en 2008. Hoy, frente al inicio de un nuevo conflicto, es oportuno reiterarla: la educación debe transformarse en un servicio público.
En 2008 Ecuador reformó su Constitución, incorporando a la educación como servicio público, prohibiendo por ende su paralización. La nueva Constitución, en su capítulo 4, sección segunda, artículo 35, inciso 10, determina: “Se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los empleadores al paro, de conformidad con la ley. Se prohíbe la paralización, a cualquier título, de los servicios públicos, en especial los de salud, educación, justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua potable y alcantarillado; procesamiento, transporte y distribución de combustibles; transportación pública, telecomunicaciones. La ley establecerá las sanciones pertinentes”.
¿Propuesta extrema? Francamente puede serlo, pero es la educación de nuestros niños lo que está en juego. Somos responsables de su futuro, de lo contrario perpetuaremos una realidad en la que una élite educada mantiene a una clase permanente de desempleados.
Hace varios años, en 2014, al enfrentar la administración de Daniel Scioli una secuencia de paros similares, el vicegobernador Gabriel Mariotto planteó la misma propuesta: “La educación, y en especial la pública, es un servicio esencial en las sociedades democráticas porque permite la igualdad de oportunidades y es la base del progreso económico que da lugar al estado de bienestar. Por ello debe declararse a la educación un servicio público esencial y reglamentar el ejercicio a huelga en dicho sector”.
El año pasado, Guillermo Castello, diputado provincial de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, realizó una propuesta similar: “Existe la posibilidad de declarar mediante una ley a la educación como un servicio público esencial, donde no se pueda hacer paro, donde los docentes tengan que estar frente al aula”.
Estamos en los comienzos de una verdadera revolución educativa. La iniciativa del Gobierno por la cual los que reciben planes sociales deben retomar sus estudios, ya sean primarios o secundarios, como requisito para recibir el subsidio, ha dado inicio a la misma. Es bien sabido que el nivel educativo de la madre presenta una correlación positiva con el rendimiento escolar de sus hijos, rompiéndose de esa forma el círculo vicioso de la pobreza.
El presidente Mauricio Macri dio otro paso significativo al anunciar en su discurso de apertura del Congreso la voluntad del Gobierno de hacer público el resultado de las evaluaciones educativas por institución, despertando a los padres de su largo letargo.
Una ley que transforme a la educación en un servicio público esencial sería un nuevo paso en el camino correcto, pues defendería el derecho a la educación de los más débiles, nuestros niños, quienes no pueden tomar medidas de fuerza en defensa de sus derechos.
