EDITORIAL – LA NACIÓN (15/04/2018)
No como pregunta sino como afirmación, el título de este editorial suele utilizarse como descalificación moral hacia el gobierno del presidente Mauricio Macri. Se lo escucha en boca de quienes fueron gobierno hasta el 9 de diciembre de 2015 y también en sectores de la oposición y de la izquierda política e intelectual. La afirmación sugiere un desvío interesado de los actos del Gobierno en favor de sectores privilegiados que, para mayor perversidad, favorecerían a los de su mismo grupo social. Por cierto, se trata de una construcción mendaz, pero que, como todas las que explotan resentimientos muy extendidos, reporta utilidad política.
Debe decirse en primer lugar que si algo ha demostrado este gobierno es que ha destinado importantísimos recursos en programas que procuran enfrentar la pobreza y atender a los sectores más necesitados.
De esa manera, se han mantenido los planes sociales preservando su poder adquisitivo. Se aumentó el número de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Se llevó adelante el Programa de Reparación Histórica para resolver los juicios y reclamos de millones de jubilados y se destinó íntegramente a ese fin el producido fiscal que se obtuvo con el blanqueo impositivo.
También, se implementó la Pensión Universal para el Adulto Mayor, se redujo el IVA a los alimentos a quienes cobren la jubilación mínima o la AUH o el Plan Progresar, y se está desarrollando un extenso programa de urbanización de villas de emergencia, dotándolas de servicios y mejorando sus condiciones de vida.
Para ese programa de urbanización se impulsará un proyecto de ley para expropiar los terrenos donde se erigen 4228 barrios precarios en todo el país, en los que viven 3.500.000 personas, y otorgarles el título de propiedad a quienes lo habitan en la actualidad. Se incluyen allí los hogares que presentan graves deficiencias de infraestructura.
Todas estas iniciativas tuvieron lugar en un contexto de grave estrechez fiscal heredado del gobierno precedente. En otras palabras, se ha dado prioridad a la cuestión social sobre la alternativa de corregir más rápidamente el desequilibrio fiscal y la inflación.
El gradualismo, criticado por generar como contracara un rápido endeudamiento público, ha sido una opción económica y financiera riesgosa. Pero ella ha respondido a la preocupación oficial por el impacto social de un ajuste más acelerado. La recuperación de las fuertemente retrasadas tarifas de la energía y del transporte, aún hoy después de más de dos años, no ha alcanzado el nivel de 2001 a moneda constante. Los ajustes en electricidad y gas, en algunos casos criticados con razón por desprolijidades que hicieron un impacto inusual en algunos usuarios, todavía no han permitido alcanzar los promedios internacionales. Las tarifas de transporte colectivo y tren en la región metropolitana aún se mantienen fuertemente subsidiadas.
Se alega que la supresión o reducción de los derechos de exportación de productos agropecuarios favoreció a un sector privilegiado de ricos, supuestamente la “oligarquía vacuna”. La realidad es muy diferente. En verdad, esa medida dio impulso al interior del país y a todas las áreas y ciudades rurales con creación de empleo e industria.
Por otro lado, hoy la propiedad de la tierra está notablemente distribuida por efecto de la ley de sucesiones y el transcurso del tiempo. Igualmente, la supresión de los derechos a las exportaciones mineras fue una medida para retener y promover inversiones que de otra forma podrían desaparecer. Hay miles de familias en esta actividad en zonas periféricas de nuestro país.
La presión impositiva sigue siendo excesivamente elevada y debido a su progresividad recae principalmente sobre la clase media. El mayor peso del impuesto inflacionario sobre los pobres, que el gobierno se empeña en reducir, no llega a compensar la progresividad de los impuestos restantes. Resulta evidente que en estos dos últimos años no se ha gobernado para los ricos, sino principalmente para los pobres. Lo confirma la reducción de la pobreza en la más reciente medición.
La otra parte del dicho opositor, referida a la riqueza personal de quienes gobiernan, debe obviamente relativizarse. En primer lugar, la riqueza no tiene por qué descalificar ni restar probidad. Solo algunos funcionarios de este gobierno disponen de una vida desahogada. Son más quienes han asumido responsabilidades aumentando sus dificultades para mantener su familia y sacrificando su nivel de vida.
En la Argentina, la ética y la honestidad no impiden los fuertes ataques y críticas a las que están sometidos los gobernantes. Debiera incluso meditarse sobre la exigencia para que repatríen los ahorros que lícitamente habían conservado y aún mantienen en el exterior. Esto no impide reclamar prudencia en sus declaraciones cuando alegan desconfianza en tanto que son responsables de recuperarla. Pero la forma elegida para la protección de los ahorros, siendo lícita, es una cuestión privada reservada a la decisión de cada ciudadano, sea o no funcionario.
