Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
UCEMA – Hace pocas semanas, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, anunció el rediseño de tres planes sociales, los cuales serán reemplazados por el denominado “Hacemos Futuro”, que contará con dos ejes: “Educación Formal Obligatoria”, mediante la cual los beneficiarios de los planes deberán finalizar sus estudios primarios y secundarios, y “Formación Integral”, el cual los capacitará a través de cursos y prácticas profesionales, con el objeto de facilitar su inserción en el mercado laboral.
Al respecto, Stanley señaló que “más del 60%” de las personas que cobran planes sociales no terminó el colegio secundario” y subrayó que “cualquier empleo hoy en día requiere que una persona lo haya culminado”.
La iniciativa es altamente auspiciosa. Es más, en julio de 2016 publiqué en este mismo espacio una nota proponiendo una idea similar. No existe razón alguna para no requerir que todo beneficiario de un plan social deba concurrir a escuelas de adultos como condición para cobrar la asignación del respectivo plan, requerimiento ideológicamente similar al exigido a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijos, donde es necesario demostrar la asistencia de los mismos a las escuelas a los fines de recibir el respectivo subsidio. Al fin y al cabo, por qué la sociedad se siente responsable solamente de la educación de los niños y no de la educación de todos los adultos de todas las edades. Idea a veces atribuida a Erich Fromm y otras a la psicoanalista norteamericana Erika Fromm, pero de clara aplicación a nuestra realidad.
El educar a los ciudadanos beneficiarios de los planes sociales les permitirá llegar a valerse por sí mismos, evitando perpetuarse fuera de la sociedad productiva. La idea no es nueva, como mencioné en aquella nota dos años atrás a modo de ilustración el Premio Nobel de Economía Eric Maskin, durante una conferencia llevada a cabo en 2014, en Lima, Perú, afirmó que “la población debe tener los medios para ganarse su propio sustento y los programas sociales pueden ayudarles a llegar a ese punto dándoles educación y capacitación laboral”.
Encontramos un valioso antecedente en una de las piezas más significativas de la legislación norteamericana, la llamada Declaración de Derechos de los Veteranos de Guerra, sancionada por el presidente Roosevelt en 1944, frente al cercano final de la Segunda Guerra Mundial. La misma otorgó a los veteranos la oportunidad de reanudar sus estudios o capacitación técnica, con el derecho a recibir una asignación mensual mientras desarrollaban dichas actividades, mejorando el capital humano de la fuerza laboral significativamente.
Hemos perdido muchos años, millones de argentinos beneficiarios de planes no cuentan hoy con una dotación de capital humano mayor que a comienzos de la década pasada. Imaginémonos qué hubiese sucedido de haber llevado a cabo una política como la anunciada por Carolina Stanley en ese entonces. ¿Cuántos menos argentinos dependerían hoy del apoyo del Estado?
Un recordado presidente norteamericano afirmó alguna vez que “el propósito de toda política social debería ser la eliminación, tanto como sea posible, de la necesidad de tal política”. La anunciada por el gobierno de Mauricio Macri satisface en un todo esta definición y, por ello, puede convertirse en un punto de quiebre en la delicada situación social que enfrenta nuestro país. De llevarse a cabo, posiblemente, marque el comienzo del fin de muchos planes sociales. Es claro que hay motivos para ser optimista.
