En diálogo exclusivo con La Mañana, el economista Aldo Abram, director Ejecutivo de la Fundación “Libertad y Progreso”, aseguró que el Gobierno nacional debe utilizar los fondos que obtiene de la deuda externa para impulsar una reforma del Estado, que permita instrumentar políticas de traslado de empleados públicos al sector privado, promoviendo la actividad privada y reduciendo el gasto público. Además, recomendó a los gobernadores y a los intendentes de la Argentina que sean “prudentes” en la utilización de sus recursos. Asimismo, marcó la necesidad de sancionar una nueva Ley de Coparticipación Federal que modifique el sistema actual de reparto de recursos coparticipables, que fomenta “el clientelismo político”.
“El traslado de personal público al sector privado se puede hacer. Se necesitan recursos para esto, pero hoy muchas provincias se están endeudando solo para mantener algo que es inviable, y que a la larga termina con un Estado insostenible y endeudado. Proponemos que la Nación impulse una reforma del Estado, que le sirva a la gente, y que sea económicamente sostenible; y la deuda, que se tiene que tomar igual, debería ser utilizada para impulsar esta medida, que resolvería un problema en vez de mantenerlo”, explicó Abram a este diario.
“Muchas provincias tienen un ‘mal de origen’, que es la coparticipación federal. Hoy, ese sistema incentiva a las provincias pequeñas a malgastar sus recursos. Un gobernador de Catamarca, por ejemplo, recibe tres centavos de cada peso que ingresa de la coparticipación. De ese modo, al gobernante no le va a interesar el desarrollo de su provincia, porque cada peso que se pague en impuestos en su territorio por el desarrollo productivo va a la coparticipación y le devuelven tres centavos. Así, a un mandatario le conviene que la gente le pague impuestos en otras provincias y no en la suya, porque al gobernador le cuesta un peso y le devuelven solo tres centavos”, detalló.
“Por otro lado, si un gobierno provincial promueve el desarrollo del sector privado, después los empleados privados pueden votar por ese gobernador o no. Por eso, a cada mandatario provincial le conviene dejar que otro ‘haga el esfuerzo’, quedarse con los tres centavos y hacer clientelismo político con los empleados públicos, porque ellos son quienes lo van a votar”, especificó el analista económico.
“Este sistema es pernicioso y perverso para todas las provincias pequeñas. En algún momento hay que ir hacia un ‘federalismo fiscal’, donde cada Estado provincial recaude lo que gasta, y ayudando en su comienzo a cada provincia que por los ‘descalabros’ de la coparticipación hoy no puede sostenerse; y todavía está pendiente la sanción de una nueva Ley de Coparticipación Federal, que termine con esta situación”, aseveró Abram.
También, el profesional opinó que el Gobierno nacional actual es “un poco mejor que el de otras gestiones”, pero advirtió que tiene “un alto nivel de endeudamiento”, por lo cual dijo que “hubiera sido mejor establecer un mecanismo de traslado de personal”.
“Las provincias que tengan mejor administración van a sufrir menores consecuencias si el Gobierno nacional no resuelve el problema actual. Sin embargo, que la Nación evite una crisis no quiere decir que las provincias no la tengan. Es lo que sucedió con Santa Cruz y con otras”, alertó el experto.
Para Abram, en nuestro país se optó por un gradualismo “que en las provincias no existió”; y remarcó: “Lo que hubo fue ‘inmovilismo’ o algo peor, porque algunos gobiernos provinciales aumentaron el gasto, al igual que varios municipios, en un momento en el cual el Estado debería estar ahorrando ‘a más no poder’. Si uno sostiene el gasto público, es todo muy ‘bonito’ hasta que un día te dejan de prestar dinero. En ese momento, ‘quebraste’”.
Crisis
A continuación, Abram describió el origen de la crisis económica que comenzó a gestarse en el país hace dos semanas. “Lo que pasó es que se originó un aumento fuerte de la incertidumbre, y eso generó una salida de capitales, agravada por haber incluido en la reforma tributaria el impuesto a la renta financiera de los inversores extranjeros, que provocó una fuga de miles de millones de dólares. Esto, en un mercado de crédito muy pequeño como el que tenemos en la Argentina, tiene un impacto fenomenal. De este modo, el crédito se vuelve escaso y la tasa de interés sube por este motivo. La tasa sube no por decisión del Banco Central, sino porque claramente hubo una fuga de capitales muy grande”, relató.
Por este motivo, Abram expresó que disminuyó el financiamiento con el que cuenta hoy la demanda de los argentinos, tanto para consumir como para invertir. “Con este nivel de incertidumbre, tanto los inversores como el resto de las personas consumen menos. Esto también hace que se resienta el nivel de actividad económica. Existe menor demanda interna, y al mismo tiempo la ciudadanía tiene temor y por eso gasta mucho menos”, afirmó.
En lo referente al gravamen sobre la renta financiera de los inversores externos, el economista subrayó: “Cuando los políticos opositores al Gobierno nacional presionaron para que ese impuesto fuese incluido en la reforma tributaria, y también se lo advertimos a la Nación cuando lo aceptó, todos los economistas les dijimos que íbamos a tener una fuerte fuga de capitales, y no les importó nada. Yo creo que era algo justo, pero no oportuno, porque se estableció cuando estábamos necesitando plata. Ahora, quienes consideraron que eso era justo y oportuno, tienen que aceptar las consecuencias y hacerse responsables. Los mismos que propusieron esto, hoy son los primeros en echarle la culpa a otros por lo que está pasando en estos días”.
“Uno tiene que hacer política económica con prudencia, porque después las consecuencias las termina pagando la gente. Ahora, quienes vamos a invertir y consumir menos somos nosotros”, acotó.
Para finalizar, Aldo Abram aclaró que el 99% de los títulos que colocó el Gobierno nacional en el exterior desde diciembre de 2015 hasta ahora se emitieron fijando jurisdicciones extranjeras para decidir eventuales conflictos con los pagos de deuda. “Se decidió colocar de ese modo porque la mayoría de los inversores no confía en nuestro país luego del default de 2001 y otras situaciones que se dieron después. Los inversores no confían en la seguridad jurídica de la Argentina. Nadie confía en un estafador, y nosotros todavía tenemos fama de ‘estafadores’. Pero existen muchas naciones que no son como nosotros y que usan esa modalidad, incluyendo países desarrollados. Es un mecanismo ‘normal’ en otras latitudes e ‘ineludible’ en la Argentina. En cambio, la deuda que se emite en el territorio nacional sí se hace con jurisdicción local”, manifestó.
