Desde la Fundación Libertad y Progreso hemos elaborado y presentado propuestas concretas para reducir el gasto público. Hay cinco frentes de acción: 1) el gasto administrativo; 2) el gasto previsional; 3) los planes sociales; 4) los subsidios económicos, principalmente a la energía y el transporte; 5) Las obras públicas e inversiones no prioritarias.
1) El gasto administrativo: Racionalización de la Administración Nacional
Se esquematiza en los siguientes pasos:
– El Poder Ejecutivo deberá aprobar por decreto su nueva estructura. El decreto se dictará en el marco de las atribuciones establecidas en la Ley 25.164 de Empleo Público. Se definirán las unidades administrativas dependientes de cada uno de los seis ministerios, hasta el nivel de direcciones nacionales, direcciones generales y organismos descentralizados. El decreto establecerá la dotación de personal de cada unidad administrativa, por categoría.
– Se designan los ministros de la nueva estructura. En forma transitoria, por 90 días, las unidades administrativas de la vieja estructura son asignadas a cada uno de los nuevos ministerios.
– Se establece ese plazo de 90 días para que cada nuevo ministro cubra los cargos de cada unidad administrativa de la nueva estructura. El personal a asignar y designar en la nueva estructura será elegido entre los existentes en la anterior.
– Una vez completado el re encasillamiento del personal, los que no hubieran sido reubicados en la nueva estructura quedarán en la condición de disponibilidad establecida por la Ley N° 25.164 Art 11, que dice:
“El período de disponibilidad se asignará según la antigüedad del trabajador, no pudiendo ser menor a seis (6) meses ni mayor a doce (12) meses.
Si durante el período de disponibilidad se produjeran vacantes en la Administración Pública Central y Organismos descentralizados, deberá priorizarse el trabajador que se encuentre en situación de disponibilidad para la cobertura de dichas vacantes.
Vencido el término de la disponibilidad, sin que haya sido reubicado, o en el caso que el agente rehusare el ofrecimiento de ocupar un cargo o no existieran vacantes, se producirá la baja, generándose el derecho a percibir una indemnización igual a un (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor, salvo el mejor derecho que se estableciere en el Convenio Colectivo de Trabajo y las indemnizaciones especiales que pudieren regularse por dicha vía.”
– A fin de facilitar la transferencia al sector privado de empleados públicos en disponibilidad, se otorgarán incentivos a las empresas que los contraten: a) Se eximirá de los aportes patronales durante un período de dos años; b) Se considerarán como anticipo del impuesto a las ganancias de la empresa contratante, el 70% de los aranceles y gastos de capacitación en el nuevo empleo, hasta un máximo de tres salarios en la fecha de entrar en disponibilidad.
– Se deberá concretar la Reforma Laboral que permita mejorar la competitividad y reducir el riesgo laboral, a fin de impulsar la creación de empleo privado.
– Se otorgará la jubilación temprana a quienes quedando en disponibilidad, no hubieran conseguido empleo en un año y tengan más de 55 años de edad.
– Se renegociará el acuerdo con los gobiernos provinciales con metas de reducción del personal para retornar a los niveles de 2001 en un plazo reducido.
2) Sistema Previsional
– No se prevé reducir el nivel real de jubilaciones y pensiones, pero se revisarán las pensiones por invalidez otorgadas en los últimos 10 años a través de auditorías médicas.
– Se igualará la edad de jubilación de hombres y mujeres en 65 años.
– Se elevarán gradualmente las edades de jubilación hasta alcanzar los 70 años en los próximos diez años.
Se revisarán los planes sociales vigentes suprimiendo en un plazo de seis meses los que: a) No cumplan con las condiciones de su otorgamiento. b) Estén asignados a personas o familias que expongan un nivel de ingresos de fuente distinta, formal o informal, del plan social y superior a un monto a definir.
4) Subsidios a la energía y el transporte
Debería fijarse la meta de llevar en seis meses los niveles tarifarios a los niveles reales, ajustados por el índice de precios al consumidor, de diciembre de 2001. Se aplicarán tarifas sociales con un criterio objetivo establecido sobre la información de los receptores de subsidios (AUH, etc.)
5) Supresión o postergación de obras públicas no prioritarias
Los casos deberán seleccionarse en base a sus índices de evaluación económica. Este análisis debe comprender también a los proyectos categorizados como Proyectos de Inversión Prioritaria y a los elegidos para el Programa Público Privado en los que se otorguen garantías estatales. Como casos ejemplificativos para suprimir se puede mencionar el proyecto Red Expreso Regional (RER) y una de las centrales atómicas con financiación china.
6) Reducción del gasto de provincias
Lo fundamental es que los gobiernos provinciales y municipales tengan incentivos para gastar menos y mejor. Hoy, por el régimen de coparticipación el grueso de los gobernadores tiene el beneficio de gastar pero no el castigo de aumentar sus impuestos. El sistema los impulsa a presentar hechos consumados y obtener de la Nación ayudas por encima de la coparticipación. Nuestra propuesta es devolver potestades tributarias a las provincias eliminando la coparticipación vertical de Nación a provincias. La Nación recaudaría el IVA, Ganancias de personas jurídicas y los impuestos al Comercio Exterior. Las provincias reacaudarían para ellas los impuestos a las Ganancias de personas físicas, Internos, Bienes Personales y sus propios impuestos (cambiando Ingresos Brutos por un impuesto a las ventas finales). El impuesto a los Combustibles será provincial pero irá a un Fondo de redistribución horizontal cuyos porcentajes de distribución por provincia permitirán las compensaciones necesarias para producir el empalme con la distribución del régimen actual. Esto hará políticamente viable el nuevo régimen ya que nadie perdería ni ganaría proporción. Los porcentajes de distribución de este Fondo quedarán luego inalterados de manera que a partir de allí el gobernador que quiera aumentar su gasto tendrá que aumentar sus impuestos propios. Si quiere atraer inversores deberá bajar impuestos. Con 24 provincias habrá competencia para atraer inversiones. Con solo un recaudador no la hay. Deberá hacerse todo lo posible en las provincias de Cambiemos con la metodología propuesta para el gobierno nacional.
El efecto de nuestra propuesta sobre la reducción del gasto:
La concreción de las medidas permitiría reducir el gasto público en 6% del PBI, con el siguiente desglose:
– Racionalización administrativa Gobierno Nacional: 1,1%
– Racionalización administrativa provincias: 1,9%
– Depuración de planes sociales: 1,0%
– Reducción de subsidios a energía y transporte: 1,1%
– Supresión de obras públicas no prioritarias: 0,9%
Total del Ahorro: 6,0% del PBI.
Con esta reducción de gasto se eliminaría el déficit financiero y por lo tanto dejaría de ser necesario colocar nueva deuda neta. Sólo sería necesario tomar deuda para pagar las amortizaciones de capital.
En términos de porcentaje del PBI la reducción propuesta es menos de la mitad del incremento del gasto público en el período 2003-2015. Los ahorros de provincias, que quedaron favorecidas por el acuerdo fiscal de 2017, deberán ser transferidos a la Nación para complementar su flujo de repago.
Estas cifras no incluyen la venta de edificios y otros activos que quedaran vacantes con la racionalización administrativa. Sería un ingreso por una única vez.
El gasto debe y puede reducirse. Aún estamos a tiempo.
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Gráfico anexo: nueva estructura del Estado propuesta por LYP
