ALFIL – Un estudio privado pide atacar diferentes frentes entre los que figuran un achicamiento de la estructura nacional; cambios en planes sociales y en el régimen previsional. También postergar obras públicas no urgentes.
Desde la Fundación Libertad y Progreso –de sesgo liberal, capitaneada por los economistas Manuel Solanet, Aldo Abram y Agustín Etchebarne- plantean que hay posibilidades de reducir el gasto público atacando cinco frentes: el gasto administrativo; el previsional; los planes sociales; los subsidios económicos (principalmente a la energía y el transporte) y las obras públicas e inversiones no prioritarias. La concreción de las medidas permitiría reducir el gasto público en 6% del PBI.
En el primer caso proponen una nueva estructura para el Poder Ejecutivo que se limite a ocho ministerios y que se designen los ministros en forma transitoria, por 90 días. En ese plazo cada uno debe cubrir los cargos en función del personal ya existente. “Una vez completado el re encasillamiento del personal, los que no hubieran sido reubicados en la nueva estructura quedarán en la condición de disponibilidad establecida por la ley 25.164 en su artículo 11”, apunta.
A fin de facilitar la transferencia al sector privado de empleados públicos en disponibilidad, recomienda otorgar incentivos a las empresas que los contraten: eximir de los aportes patronales durante un período de dos años; considerar como anticipo del impuesto a las ganancias de la empresa contratante, el 70% de los aranceles y gastos de capacitación en el nuevo empleo, hasta un máximo de tres salarios en la fecha de entrar en disponibilidad.
También recomienda concretar la reforma laboral que “permita mejorar la competitividad y reducir el riesgo laboral, a fin de impulsar la creación de empleo privado” y otorgar la jubilación temprana a quienes quedando en disponibilidad, no hubieran conseguido empleo en un año y tengan más de 55 años de edad.
Desde Libertad plantean que se renegocie el acuerdo con los gobiernos provinciales con metas de reducción del personal para retornar a los niveles de 2001 en un plazo reducido.
Respecto del sistema previsional, no se prevé reducir el nivel real de jubilaciones y pensiones, pero se revisarán las pensiones por invalidez otorgadas en los últimos 10 años a través de auditorías médicas; sostiene que se debería igualar la edad de jubilación de hombres y mujeres en 65 años y elevar gradualmente las edades de jubilación hasta alcanzar los 70 años en los próximos diez años.
Sobre los planes sociales, apunta la necesidad de revisar los vigentes suprimiendo en un plazo de seis meses los que no cumplan con las condiciones de su otorgamiento y estén asignados a personas o familias que expongan un nivel de ingresos de fuente distinta, formal o informal, del plan social y superior a un monto a definir.
A la hora de abordar lo subsidios a la energía y el transporte, indica que debería fijarse la meta de llevar en seis meses los niveles tarifarios a los niveles reales, ajustados por el índice de precios al consumidor, de diciembre de 2001. Se aplicarán tarifas sociales con un criterio objetivo establecido sobre la información de los receptores de subsidios (AUH, etc.)
En su propuesta los economistas entienden que deberían suprimirse o postergarse las obras públicas no prioritarias; los casos deberían seleccionarse en base a sus índices de evaluación económica. “Este análisis debe comprender también a los proyectos categorizados como Proyectos de Inversión Prioritaria y a los elegidos para el Programa Público Privado en los que se otorguen garantías estatales. Como casos ejemplificativos para suprimir se puede mencionar el proyecto Red Expreso Regional (RER) y una de las centrales atómicas con financiación china”, agrega.
En el ítem destinado a reducción del gasto de provincias, sostiene que lo fundamental es que los gobiernos provinciales y municipales tengan incentivos para gastar menos y mejor. “Hoy, por el régimen de coparticipación el grueso de los gobernadores tiene el beneficio de gastar pero no el castigo de aumentar sus impuestos. El sistema los impulsa a presentar hechos consumados y obtener de la Nación ayudas por encima de la coparticipación”.
Proponen devolver potestades tributarias a las provincias eliminando la coparticipación vertical de Nación a provincias: La Nación recaudaría el IVA, Ganancias de personas jurídicas y los impuestos al Comercio Exterior. Las provincias reacaudarían para ellas los impuestos a las Ganancias de personas físicas, Internos, Bienes Personales y sus propios impuestos (cambiando Ingresos Brutos por un impuesto a las ventas finales). El impuesto a los Combustibles será provincial pero irá a un Fondo de redistribución horizontal cuyos porcentajes de distribución por provincia permitirán las compensaciones necesarias para producir el empalme con la distribución del régimen actual.
