Ha publicado artículos en diarios de Estados Unidos y de América Latina y ha aparecido en las cadenas televisivas.
Es miembro de la Mont Pèlerin Society y del Council on Foreign Relations.
Recibió su BA en Northwestern University y su Maestría en la Escuela de Estudios Internacionales de Johns Hopkins University.
Trabajó en asuntos interamericanos en el Center for Strategic and International Studies y en Caribbean/Latin American Action.
EL COMERCIO – Más allá de condenar la dictadura venezolana y aplicar sanciones focalizadas, las democracias americanas enfrentan opciones limitadas a la hora de intentar que se respeten los derechos básicos de los venezolanos. La catástrofe bolivariana será difícil de parar.
En lo que sí pueden hacer la diferencia las democracias de la región es respecto al éxodo venezolano que ha producido y seguirá produciendo el régimen chavista. Por lo menos 4 millones de venezolanos han huido de su país desde la llegada de Hugo Chávez al poder hace casi 20 años. La oleada sigue creciendo. Desde el año pasado el chavismo ha generado más de 1,5 millones de migrantes.
Este Diario reporta que ya hay casi 300.000 venezolanos en el Perú, cifra que se ha triplicado desde principios de año. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, documenta que la cantidad de migrantes venezolanos en su país supera el millón.
Este éxodo se ha vuelto una crisis humanitaria que solo empeorará. Es hora de impulsar una iniciativa regional para regularizar el flujo de venezolanos y aceptarlos de manera legal. No hacerlo no cambiará la realidad –los venezolanos seguirán llegando, solo que la mayoría se quedará de manera ilegal–. Por lo tanto, estarán expuestos a la explotación y formarán parte de un sector informal especialmente precario.
En el Perú, solo el 16% de los venezolanos tiene un permiso temporal de permanencia que los autoriza a trabajar o a estudiar en el país por un año. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, el resto de ellos están como turistas. Muy probablemente se queden una vez que expire esta condición.
Un acuerdo regional sobre los migrantes venezolanos comprometería a los países del hemisferio a regularizar a una mayor cantidad de refugiados. Todos los países deben otorgar permisos temporales de permanencia y la cantidad de estos debe corresponder al tamaño de la crisis que vive la región. Es decir, deberían ser mucho más receptivos que hasta ahora. De implementar tal sistema, los venezolanos que deciden irse de su país tendrían más facilidad de dispersarse en el continente, en vez de concentrarse solo en un puñado de países. Establecer vías legales para migrar reduciría el caos que se ve en algunas fronteras y bajaría los riesgos de cruzar ilegalmente. Cualquier acuerdo debe también incluir el otorgamiento de visas de tránsito para facilitar la migración de venezolanos a sus países de destino.
Es imprescindible legalizar a los migrantes venezolanos. Permitirles trabajar no solo elevaría sus salarios sino también ayudaría a reducir la carga social que podrían representar, pues los venezolanos con permisos de trabajo crearían riqueza y contribuirían al fisco con mayor facilidad.
Numerosas experiencias muestran que la emigración masiva no tiene por qué perjudicar a las economías o trabajadores locales, como algunos temen, y más bien podría beneficiarlos. Ese fue el caso de los 125.000 refugiados cubanos que llegaron a Estados Unidos en pocos meses en 1980 y que estimuló la economía de Florida, así como ocurrió con el casi millón de judíos que llegaron a Israel desde la Unión Soviética en los años noventa. En Malasia, una mayor inmigración ha resultado en más trabajo para los malasios sin una reducción de sus salarios. La inmigración masiva de sirios a Jordania y Turquía, por otro lado, ha tenido un impacto positivo dado que ambos países han legalizado a tales inmigrantes y reducido su participación en el sector informal. En Turquía, los salarios de los turcos aumentaron y los precios al consumidor cayeron.
Un acuerdo migratorio para los venezolanos no solo tiene sentido económico, sino que se hace cada día más urgente.
Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 29 de mayo de 2018.
