Abram: “Si no se logra un acuerdo con el FMI, vamos a una crisis peor que la de 2002”

“En 2016, ingresaron más de 60 mil empleados a los Estados provinciales y a los municipios, mientras que en el sector privado se perdieron más de 100 mil. En los últimos dos años, mientras la Nación, las provincias y los municipios no hicieron sus ‘ajustes’, el sector productivo es el que ha realizado todo el esfuerzo. Esto es lo que nos ha llevado a todas las crisis que tuvimos en el pasado, y que resolvimos de la peor manera, con un enorme costo social. Hoy, nos hemos ‘atado’ al crédito voluntario, y no reducimos el gasto público. Si no se obtiene el préstamo del Fondo, se va a generar una nueva crisis y el Estado va a tener que resolver sus problemas de la misma forma que en otras épocas. Si bien tenemos una oportunidad para evitar un nuevo conflicto, el dinero que se obtenga debe ser utilizado para reformar el Estado y lograr que sea sostenible. Para lograr esto, nosotros presentamos nuestras propuestas a diversos ministros del Gabinete nacional durante los últimos años”, explicó Abram a este diario.

“Nosotros proponemos que no se decida entre ‘shock’ o ‘gradualismo’, sino qué se debe aplicar en forma de ‘shock’ y qué de manera gradual. En los últimos dos años nos hemos endeudado y gastamos nuestro crédito voluntario para mantener las cosas prácticamente iguales en vez de resolverlas”, agregó.

“Durante décadas, hemos dejado que los políticos construyan un Estado que le sirve a la política y ‘se sirve’ de los ciudadanos. Necesitamos una reforma para que la administración pública le sirva a la gente y que también la podamos pagar. Hoy, estas dos cuestiones no se dan. Esta medida tiene que ser de ‘shock’, lo más rápido posible. Nosotros planteamos efectuar esta iniciativa a nivel nacional, pero consideramos que también se debe aplicar en las provincias y en los municipios”, detalló el experto.

“Para el sector público nacional, esta reforma va a significar que muchas personas que hoy no hacen nada útil para la sociedad y otras que lo único que hacen es poner sellos, se van a quedar sin empleo. Acá es donde se debe aplicar el ‘gradualismo’. Pero no va a haber miles de personas que se van a quedar sin ingresos, porque no es eso lo que proponemos”, señaló el especialista.

“Lo que hay que hacer es usar los instrumentos que tiene el Estado: retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y la aplicación de la ley del empleo público, que está vigente y que establece que si una persona deja de ocupar un cargo, durante un año debe seguir cobrando su salario; y proponemos que pueda percibirlo durante dos años. En paralelo, se tienen que implementar planes de capacitación y de subsidios para que las empresas privadas puedan tomar a esas personas”, subrayó el analista económico.

Gastos

Para Aldo Abram, durante esos dos años de transición que propone “Libertad y Progreso”, todavía el gasto público sería elevado, porque “hay que sostener económicamente” esas medidas de traslado de personal al sector privado, pero se traduciría en un Estado sustentable y útil para la población. “Los dos últimos años, en vez de haber gastado el crédito en otras cuestiones, se debería haber invertido en generar este ‘colchón’ para que muchos empleados puedan pasar a la actividad privada. Hoy, la última ‘alcancía’ que queda para hacer esto es el crédito que se obtenga del Fondo Monetario Internacional”, añadió.

“Nuestras propuestas también contemplan que muy pocos funcionarios públicos cuenten con choferes, que no son realmente necesarios. La mayoría de las personas se traslada en transporte público. Yo también me movilizo de esa manera, y no me creo menos que ninguno de los integrantes del Gobierno nacional. Muchos de los cargos inferiores deberían dejar de disponer de ese tipo de empleados, que tendrían que ser incluidos dentro del traslado de personal al sector privado”, aseveró.

“Proponemos que desde el Estado nacional se generen los inventivos para que los Estados provinciales impulsen sus propias reformas, a través de una modificación de la ley de Coparticipación Federal, que hoy fomenta una mala administración de las provincias”, apuntó.

En esta línea, el experto aseveró que la nueva norma debería establecer impuestos que sean recaudados por las provincias y otros tributos cobrados por la Nación, para que cada sector pueda financiarse. “Proponemos un Fondo, integrado por un impuesto aplicado, por ejemplo, sobre los combustibles, que permita que en el comienzo, todas las provincias tengan el mismo nivel de ingresos que con el actual sistema de Coparticipación; luego, cada provincia tendrá una mejor evolución dependiendo de las decisiones que tome cada gobierno”, sostuvo.

“De ese modo, cada gestión provincial tendrá la responsabilidad de conseguir que los ingresos se gasten de forma adecuada; y los ciudadanos de cada lugar decidirán si quieren pagar más impuestos para mantener un Estado que no les sirve, pero que ya no va a ser sostenido con los gravámenes de quienes vivimos en otros puntos del país”, declaró.

Por último, Aldo Abram manifestó: “Tenemos una presión tributaria fenomenal, que permite ‘cerrar’ cualquier gasto público en las provincias. Sin embargo, tanto en la Nación como en algunas provincias y en varios municipios, se gasta más de lo que pagan los ciudadanos. Hay provincias que tienen superávit, pero que de todas maneras pueden estar malgastando sus ingresos. En esos casos, si existen dineros que no tienen un destino útil para la población, lo que deberían hacer es bajar los impuestos, porque los ciudadanos ya pagamos demasiado”.

Plazos fijos

Aldo Abram evaluó que cualquier gobierno provincial puede contar con montos de dinero puestos en plazos fijos, ya que esa alternativa, siempre que sea ejecutada de manera transparente, permite que un Estado pueda obtener ganancias que engrosen las arcas públicas.

“Una administración debe ahorrar, y en algo que rinda. De lo contrario, los fondos perderían valor y eso iría en contra de los ciudadanos, que son quienes pagan eso a través de los impuestos. Lo discutible sería si en este contexto resulta una buena inversión, porque hoy es mejor invertir en dólares. Por otro lado, si un gobierno toma ese tipo de decisiones, se puede investigar si hubo algún tipo de ‘comisión’ para elegir el Banco en el cual colocar los plazos fijos”, expresó.

Por otro lado, el economista puntualizó que usar los recursos depositados en plazos fijos para subsidiar alguno de los costos de la energía eléctrica no es recomendable. “Eso sería incentivar un mal manejo de los recursos públicos. Cada provincia tiene la obligación de analizar cómo resuelve el problema causado por sus propias tarifas, o apoyar alguna iniciativa a nivel nacional que la pueda beneficiar, como una reducción del IVA que se aplica en las facturaciones de los residentes de todo el país”, planteó.