Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
EL ECONOMISTA – A principios de este mes, el decreto 387 firmado por el Presidente y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, conformó la integración de la Comisión de Garantías. La misma tiene a su cargo establecer que, cuando por un conflicto colectivo de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizarse la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción.
Días atrás, frente al conflicto que paralizó el servicio de subterráneos, surgió la posibilidad concreta que el Gobierno impulsase declarar al transporte como un servicio esencial.
Sin tomar una posición sobre el tema de fondo, surge a quien esto escribe, una lógica pregunta. ¿Si el transporte público es definido como un servicio esencial, no debería serlo también la educación?
En marzo pasado publiqué en este mismo espacio una nota titulada “La educación debe transformarse en un servicio público” y, como ya es una tradición, el inicio del ciclo lectivo había sido acompañado por un paro docente. Los sindicatos tomaron una vez más a los niños de virtuales rehenes en la discusión paritaria.
La evidencia de nuestro país demuestra con contundencia que el hecho que los niños estén en el aula no es suficiente para que accedan a educación de excelencia. Pero es claro que, si ni siquiera tienen clases, no hay posibilidad alguna de ello. ¿Cómo lograr algo tan elemental como que los niños puedan concurrir a la escuela? ¿Cómo enfrentar con éxito a sindicatos docentes que apelan al paro indiscriminadamente, sin importarles violar el derecho a la educación de los niños?
En abril de 2017, cuando promediaba el tristemente recordado paro docente en la provincia de Buenos Aires, publiqué también en este espacio una sencilla propuesta instrumentada en Ecuador en 2008: la educación debe transformarse en un servicio público.
Veamos los hechos. Rafael Correa fue un presidente de quien no puedo sentirme más alejado, pero en el terreno educativo llevó a cabo una reforma en Ecuador que debe ser resaltada. Por cierto, Correa, quien siempre ha sido calificado de progresista y alineado a ideas de izquierda, encontró fuerte resistencia por parte de los sindicatos docentes para llevar a cabo la misma. ¿Cómo los enfrentó?
En 2008 Ecuador reformó su Constitución Nacional incorporando a la educación como servicio público, prohibiendo por ende su paralización. La nueva Constitución, en su capítulo 4, sección segunda, artículo 35, inciso 10, señala: “Se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los empleadores al paro, de conformidad con la ley. Se prohíbe la paralización, a cualquier título, de los servicios públicos, en especial los de salud, educación, justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua potable y alcantarillado; procesamiento, transporte y distribución de combustibles; transportación pública, telecomunicaciones. La ley establecerá las sanciones pertinentes”.
Apliquemos esta idea a nuestra realidad. Es claro que sería hasta un absurdo declarar al transporte público un servicio esencial y no hacerlo con la educación. Al fin y al cabo, ¿qué es más importante? ¿Que los adultos podamos llegar a nuestros trabajos, o que los niños, en su mayoría de las familias más desfavorecidas, no vean interrumpida sistemáticamente su educación por paros docentes? ¿Quien puede imaginarse que un niño que concurre a clases un día sí y otro no, en medio de una secuencia de huelgas, puede aprender algo?
El Gobierno de Mauricio Macri lucha por revertir una realidad educativa fruto de muchos años de desidia y desatención. Declarar la educación obligatoria como un servicio esencial sería un nuevo paso de importancia para la revolución educativa que requiere nuestro país, pues daría una clara señal a la sociedad de la férrea voluntad del Gobierno de privilegiar la educación de los niños frente a todo aquel que atente contra ello.
