Miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso. Licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina. Es consultor económico y Profesor titular de Economía Aplicada del Master de Economía y Administración de ESEADE, profesor titular de Teoría Macroeconómica del Master de Economía y Administración de CEYCE.
INFOBAE –
Todavía no sabemos en qué rubros van a bajar el gasto. Los anuncios de la semana pasada de un recorte de $ 20.400 millones son equivalente al 0,16% del PBI
Durante 2 años y medio el gobierno consiguió postergar la salida del círculo vicioso en que estamos metidos gracias al financiamiento externo. ¿Cuál era ese círculo vicioso? Todos sabemos que para que lleguen inversiones hace falta, entre otras cosas, bajar la carga tributaria, encarar una reforma del estado, una reforma laboral y corregir los precios relativos (tarifas, tipo de cambio, etc.).
¿Cuál era el círculo vicioso en que estaba metido el gobierno? El argumento era que no se podía bajar el gasto público (empleo estatal y planes “sociales”) hasta tanto no creciera la economía. Y tampoco se podía bajar la carga tributaria mientras no disminuyera el déficit fiscal. Como decían que el gasto público no se podía bajar, la única manera de bajar el déficit fiscal era con crecimiento. Pero las expectativas de crecimiento eran puro optimismo y entusiasmo porque no estaba basado en ningún fundamento económico. Creían en el gobierno que la sola presencia de Macri como presidente iba a generar una lluvia de inversiones. Lluvia que nunca ocurrió. Con esa carga tributaria no iba a venir ninguna lluvia de inversiones, como ocurrió.
Finalmente, al cortarse el financiamiento externo, el gobierno tuvo recurrir al FMI, que le exige hacer lo que no se quiso hacer de entrada: romper el círculo vicioso bajando el gasto público.
Todavía no sabemos en qué rubros van a bajar el gasto. Los anuncios de la semana pasada de un recorte de $ 20.400 millones son equivalente al 0,16% del PBI y, en alguna medida, se repiten varias de las medidas ya anunciadas como el congelamiento de las vacantes en el sector público.
De todas maneras, cuando se habla de bajar el gasto público o del nivel de gasto público hay que ser específico. ¿Hablamos del gasto público de la Nación o del consolidado que incluye nación, provincias y municipios? Desde el punto de vista de la competitividad de la economía, el gasto público consolidado es el relevante porque cada nivel de gobierno recae sobre el bolsillo del contribuyente.
Gráfico 1
La herencia de la era k muestra que el gasto público consolidado aumentó 18,58% del PBI. El mayor aumento se dio en el nivel nacional, luego el provincial y finalmente el municipal.
A nivel nacional, el mayor aumento está en los llamados gastos sociales, fundamentalmente en jubilaciones y pensiones por la cantidad de jubilados que se incorporaron sin haber aportado al sistema y en otros planes sociales. También sabemos que el empleo público, particularmente en las provincias, creció un 60% en promedio entre 2003 y 2016 y que a nivel nacional también aumentó.
Finalmente hubo un aumento importante en el gasto de la nación de casi 4% del PBI en subsidios económicos. Por ahora el gobierno solo ha bajado el gasto en este rubro en forma más pronunciada pero no ha tocado el gasto en empleo público ni en planes sociales.
En rigor, el gobierno poco puede hacer para bajar el gasto público de las provincias, el mayor poder lo tiene sobre los gastos a nivel nacional y dentro de ese gasto no puede bajarse el gasto de jubilaciones a quienes no aportaron. Eso ya está y seguro algún juez dirá que es un derecho adquirido.
Pero si pueden revisarse gastos sociales como el millón adicional de pensiones por invalidez que aparecieron durante el kirchnerismo que tiene un presupuesto de $ 84.000 millones anuales o los planes “sociales” que reciben los piqueteros. No puede ser que encima que el contribuyente los mantiene con los impuestos, los piqueteros cortan las calles y le complican la vida a los que trabajan para pagar impuestos y mantenerlos a ellos.
Por otro lado, todos los planes sociales de ese tipo deberían tener un límite de tiempo. ¿Qué hacer con toda esa gente recibe planes sociales? Pedir un préstamo blando al Banco Mundial para financiar su capacitación. La idea sería recrear las escuelas de artes y oficios, obligar al beneficiario de esos planes sociales a asistir a la capacitación que elija (electricista, carpintero, gasista, plomero, etc.). Mientras se capacita recibe el subsidio. Si no asiste a la capacitación se le quita el subsidio. Una vez matriculado, se le va reduciendo el subsidio en 10 puntos todos los meses para que mientras tanto vaya buscando clientes, como lo hacemos todos los que nos levantamos cada mañana para trabajar y mantener a 20 millones de personas que todos los meses pasan por la ventanilla del estado para cobrar algún cheque, dinero que sale de nuestros bolsillos y esfuerzo diario.
El plan Argentina Trabaja tiene asignados $ 16.200 millones para este año, establece una capacitación en un oficio pero pareciera ser que nadie controla que se cumpla ese requisito. No estoy inventando nada, solo sugiero aplicar lo que dice el plan y ponerle un límite de tiempo. ¿O acaso los contribuyentes estamos obligados a mantener a 175.300 personas indefinidamente? Si haciendo un gran esfuerzo van a reducir en 0,16% el gasto público vendiendo autos, congelando vacantes, etc. de acuerdo a lo anunciado la semana pasada, en este solo programa, que es propio de la cultura de la dádiva, se pueden ahorrar 0,12 puntos del PBI.
Las pensiones por invalidez, que pasaron de 81.500 beneficiarios en 2003 a 1.063.000 beneficiarios en 2017 sin que hubiera un terremoto, un tsunami o una guerra, tienen un costo de 0,7% del PBI y se sabe que está repleto de casos de corrupción. El resto de los planes sociales también tienen bastante tela para cortar.
Obviamente que el Ejecutivo no es el único que debería hacer esfuerzos por reducir el gasto público. Un esfuerzo similar debería hacer el Congreso Nacional.
Más allá de los $ 1.959 millones que nos costará este año a los contribuyentes la biblioteca del Congreso, con sus 1.726 empleados y de la imprenta con sus 679 empleados con un costo de $ 553 millones, diputados y senadores tienen mucho que aportar.
El presupuesto asignado específicamente al Senado para este ejercicio 2018 es de $ 7.263 millones para abastecer el trabajo de 72 senadores. Con sus 5.779 empleados asignados específicamente al Senado, lo que da algo así como que cada senador necesita en forma directa e indirecta 80 personas para poder desarrollar su actividad legislativa, el costo directo e indirecto por senador es de $ 8 millones mensuales. Luce demasiado como para afirmar que no pueden hacer un esfuerzo para que el contribuyente no se sienta un poco aliviado.
Por el lado de la Cámara de Diputados tenemos que hay asignados específicamente a dicha Cámara 6.220 empleados, unos 24 empleados promedio por cada diputado con un costo anual de dicha Cámara de $ 6.582 millones, cifra que da un costo directo e indirecto por diputado de $ 2 millones mensuales que tiene que soportar el contribuyente.
Obviamente que la provincia de Buenos Aires también podría hacer un esfuerzo, en particular sus legisladores que tienen previsto un gasto de $ 6.828 millones para el año en curso, para sostener la estructura que debe abastecer a 92 diputados provinciales y 46 senadores, es decir, un costo de $ 4 millones mensuales promedio por cada legislador de la provincia de Buenos Aires.
Digamos que si uno empieza a revisar el presupuesto hay un amplio margen para bajar el gasto público. La cuestión no es económica, ni mucho menos social como suele argumentarse, diciendo que si se baja el gasto público habría un estallido social. El punto es otro: ¿está la dirigencia política, a nivel nacional, provincial y municipal dispuesta a dejar de hacer de la política un negocio y empezar a respetar al contribuyente, o piensan exprimirnos como un limón hasta que Argentina no de más y, al igual que La Rebelión de Atlas, todos aquellos argentinos productivos vayan abandonado el país y no quede a quien seguir exprimiendo? Porque si piensan seguir derrochando el esfuerzo de los escasos contribuyentes que vamos quedando, entonces Argentina, tal vez no tenga un estallido social, simplemente pase a ser un país fallido fruto del negocio que los políticos encontraron en el estado.
ESTA NOTA FUE PUBLICADA ORIGINALMENTE EN http://www.infobae.com
