Doctor en Economia y Doctor en Ciencias de Dirección, miembro de las Academias Nacionales de Ciencias Económicas y de Ciencias.
En un programa televisivo el nuevo ministro de producción del gobierno argentino acaba de declarar que desde la llamada Defensa de la Competencia habrá empresas que “serán penalizadas” ya que “vamos a garantizar que no hayan maniobras de conducta abusiva” y en ese sentido “necesitamos que la gente colabore y tenemos que tener todas las denuncias” para lo cual se facilita un 0800 para detectar subas “injustificadas” de precios.
Lo último que quiero hacer es un asunto ad hominem referido al nuevo ministro de producción argentino. Aunque no lo conozco personalmente, descuento que se trata de una muy buena persona con la mejor de las intenciones. Mi objetivo no es personalizar sino debatir ideas. El asunto consiste en no desviar la atención de las causas de nuestros problemas y enfrentar de una buena vez el gasto público sideral, el déficit inaceptable y la deuda creciente. Solo así será posible combatir el flagelo de la inflación.
Es de esperar que no retornemos a los fenomenales trastornos del gobierno anterior a través de una morenización abierta o encubierta, puesto que no resulta relevante si la pistola que amenaza se encuentre arriba o debajo de la mesa.
¿Será posible? ¿Otra vez a las andadas? ¿Todavía no aprendimos sobre las consecuencias nefastas de amenazar a los comerciantes por los precios de mercado desde hacen miles de años? Las amenazas y las denuncias a comerciantes han sido siempre un sistema solapado de control de precios.
Repasemos entonces los efectos de dichos controles. Un precio máximo es por definición uno que se establece por debajo del precio de mercado, sea por decreto o con la amenaza de multar a quienes incrementen precios por encima de lo que el burócrata del momento estima conveniente.
Los efectos son los siguientes siempre: primero, en la situación de ese instante hay más gente que puede adquirir el bien o el servicio en cuestión respecto a lo que hubiera sido si el precio se hubiera incrementado, lo cual significa que la demanda se expande. Segundo, en ese instante no por el hecho mismo de expandirse la demanda aparece por arte de magia una oferta mayor con lo cual hace su aparición el faltante. Irrumpen las consabidas filas de personas para comprar pero henos aquí que no hay los suficiente para atender la demanda en cuestión, y tengamos en cuenta que demanda implica la necesidad más el poder de compra. Pues bien, están presentes ambas condiciones pero el producto no está.
Tercero, los márgenes operativos se alteran en el sentido que se mantienen artificialmente chatos respecto a lo que hubieran sido de no haber mediado la intervención estatal, con lo que aparecen también artificialmente atractivas las ganancias de otros sectores. Cuarto, esta distorsión hace que los siempre escasos recursos se dilapiden, es decir, se canalizan artificialmente hacia otros reglones menos urgentes, con lo que, a su vez, disminuyen las tasas de capitalización que invariablemente se traducen en menores salarios en términos reales ya que la inversión per capita es la única causa que explica la elevación de ingresos.
Quinto, el fenómeno de controles, amenazas y multas incentiva a los funcionarios a que centren su atención en el comportamiento en los precios de otros sectores los cuales habitualmente tienden a sufrir los mismos embates. Sexto, a medida que las intromisiones coactivas se van extendiendo, se va extendiendo también la distorsión en la contabilidad, en la evaluación de proyectos y el cálculo económico en general, situación que acelera el consumo de capital a medida que se imponen simples números dictados por la autoridad pero que nada significan desde la perspectiva económica. Y séptimo el achatamiento artificial en los márgenes operativos no solo genera faltantes como hemos mencionado sino que se agudiza debido a contracciones adicionales en la oferta del bien o servicio sujetos a control o bajo amenazas de clausuras o multas lo cual hace que la oferta resulte aun menor.
La inflación monetaria es la causante de la suba de precios ya que las bajas en la productividad resultan inocuas comparadas con la expansión del dinero por motivos políticos. Como hemos puntualizado tantas veces, las causas no son debido a las expectativas inflacionarias, ni por el aumento en el costo de productos clave, ni tampoco velocidades en la circulación dineraria.
Las expectativa podrán ser muchas pero si no son convalidadas por la emisión monetaria, aquellas se dan de bruces con la realidad y, por tanto, o vuelven los precios al nivel anterior a la suba o se deja de vender. Los costos, por ejemplo, del petróleo que están estrechamente vinculados con otros bienes no generan ningún efecto inflacionario: si siguiera consumiendo el idéntico volumen de ese bien tendrán que contraerse las compras de otros bienes y servicios puesto que, como decimos, no aumentó la masa monetaria y si se deseara consumir la misma cantidad de los otros bienes y servicios deberá demandarse menos petróleo. Por último, debe tenerse presente que la velocidad de circulación del dinero no opera en al vacío: si ésta aumenta también lo hace al mismo ritmo la velocidad de circulación de los bienes y servicios contra los cuales se intercambian por dinero. En verdad, la velocidad dineraria como un lado del binomio se suele mirar con independencia debido a la ilusión óptica que produce la inflación lo cual conduce a que la gente tienda a desprenderse de dinero.
Desde tiempo inmemorial ha habido la tendencia a endosar el problema inflacionario creado por los gobiernos sobre la espalda de los comerciantes. Todo empresario en toda circunstancia cobrará el precio más alto que pueda, es decir, el más elevado que permita la situación imperante, pero nunca podrá cobrar el precio que quiera, de lo contrario el vendedor de zanahorias cobrará cien millones de pesos por unidad, pero naturalmente la demanda seré cero en ese caso.
No es pertinente consultar a los propios empresarios sobre este delicado asunto puesto que sus habilidades y talentos estriban en descubrir oportunidades en las que estiman que los costos están subvaluados en términos de los precios finales y, por tanto, sacan partida del arbitraje correspondiente. Si aciertan obtienen ganancias y si yerran incurren en quebrantos. Sus especialidades no son el estudio de la filosofía política, ni los procesos de mercado, ni los fundamentos de los marcos institucionales.
Estamos claro refiriéndonos a empresarios genuinos, esto es, aquellos que para mejorar su situación patrimonial inexorablemente deben satisfacer necesidades de su prójimo. No nos estamos refiriendo a los empresarios perbendarios que viven a expensas de la gente debido a los privilegios que obtienen merced a sus hediondas alianzas con el poder político de turno.
Debe también puntualizarse que los monopolios otorgados por los gobiernos sean estos privados o estatales constituyen siempre un problema grave puesto que venden a precios más elevados, calidad inferior o ambas cosas respecto a lo que hubiera ocurrido de no haber existido el privilegio de marras. Sin embargo, el monopolio que surge espontáneamente en le mercado como consecuencia de la preferencia del consumidor es siempre beneficioso. Más aun, esta última situación significa necesariamente un mejoramiento y un progreso ya que el monopolista de este tipo es quien fue pionero en alguna rama, lo cual ocurrió desde que se implantó el arco y la flecha que desplazó al garrote hasta los equipos electrónicos modernos o el descubrimiento de productos farmacéuticos innovadores.
Lo mismo va para los oligopolios o trusts que a los efectos prácticos y en este contexto deben analizarse como si fueran monopolios. Y es indispensable que los monopolios de esta naturaleza (si son considerados útiles ya que el monopolio de los tornillos cuadrados no parece que tenga futuro) resulten en precios elevados puesto que es la manera de atraer a otros operadores en el ramo. Tal es el caso, por ejemplo, del primer cirujano que realiza un trasplante: sus honorarios deben ser muy jugosos a los efectos de atraer a otros profesionales al área en cuestión (si se controlaran sus honorarios se repetirían los siete efectos de los precios máximos que hemos visto más arriba con detenimiento).
Los ejemplos de situaciones extremas siempre están a la orden del día. Frente a una epidemia se sostiene que “por única vez” los aparatos estatales controlen precios de los medicamentos con lo que, reiteramos, habrán faltantes y se ahuyentará la inversión en ese reglón con lo que se estará matando más gente. Lo mismo se ha mantenido cuando ocurren terremotos devastadores que no solo termina con vidas sino que deja a muchas personas en la intemperie con lo que aparece la tentación de controlar los precios de venta y alquiler de vivienda sin percatarse que resulta indispensable la suba abrupta de precios, precisamente para acelerar la reconstrucción, lo contrario condena a que la gente viva a la intemperie mientras los siempre escasos factores de producción se dirigen a otros campos en verdad menos urgentes.
En resumen, el mecanismo de precios trasmite información fraccionada y dispersa que coordina la producción y cuando los aparatos estatales lo desarticulan indefectiblemente se producen desajustes sumamente perjudiciales, especialmente para los más necesitados quienes siempre son los que con más fuerza pagan los platos rotos. Hay sobrada experiencia en la materia como para volver a las andadas. El abuso significa una lesión al derecho pero nunca se traduce en el uso y disposición de lo propio que no lesiona derechos de terceros y menos aun si es como consecuencia de la inflación monetaria generada por gobiernos que no dan en la tecla. Es de desear que las medidas que consignamos al comienzo de esta nota queden sin efecto.
