EL ECONOMISTA – El ascenso del país a mercado emergente es una buena noticia para Argentina, dice un documento de la Fundación Libertad & Progreso (FL&P) difundido ayer, “pero no nos exime de la necesidad de encarar una serie de reformas estructurales fundamentales para recuperar el sendero de crecimiento sostenible del país”.
Por eso, argumentan, “insistimos en la necesidad de encarar la reducción del gasto público, una tarea que debe ser acompañada por otras reformas, como la laboral, para generar empleo privado que absorba la reducción del empleo estatal”, agregan.
Y tienen una propuesta concreta en cinco frentes claves: 1) el gasto administrativo; 2) el gasto previsional; 3) los planes sociales; 4) los subsidios económicos, principalmente a la energía y el transporte y 5) las obras públicas e inversiones no prioritarias.
El efecto de su propuesta sobre la reducción del gasto sería el siguiente:
- Racionalización administrativa Gobierno: 1,1%
- Racionalización administrativa de las provincias: 1,9%
- Depuración de planes sociales: 1%
- Reducción de subsidios a energía y transporte: 1,1%
- Supresión de obras públicas no prioritarias: 0,9%
- Total del ahorro: 6%
“Con esa reducción de gasto se eliminaría el déficit financiero y, por lo tanto, dejaría de ser necesario colocar nueva deuda neta. Sólo sería necesario tomar deuda para pagar las amortizaciones de capital. En términos de porcentaje del PIB, la reducción propuesta es menos de la mitad del incremento del gasto público en el período 20032015. Los ahorros de las provincias, que quedaron favorecidas por el acuerdo fiscal de 2017, deberán ser transferidos a la Nación”, dicen.
Los detalles
El gasto administrativo. La propuesta de FL&P es que el Poder Ejecutivo apruebe por decreto su nueva estructura (ver gráfico). “Se definirán las unidades administrativas dependientes de cada uno de los ocho ministerios, hasta el nivel de direcciones nacionales, direcciones generales y organismos descentralizados. El decreto establecerá la dotación de personal de cada unidad administrativa, por categoría”, dicen. Asimismo, se designan los ministros de la nueva estructura y en forma transitoria, por 90 días, las unidades administrativas de la vieja estructura son asignadas a cada uno de los nuevos ministerios. A la vez, se establece ese plazo de 90 días para que cada nuevo ministro cubra los cargos de cada unidad administrativa de la nueva estructura. El personal a asignar y designar en la nueva estructura será elegido entre los existentes en la anterior. Una vez completado el reencasillamiento del personal, los que no hubieran sido reubicados en la nueva estructura quedarán en la condición de disponibilidad establecida por la Ley N° 25.164. A fin de facilitar la transferencia al sector privado de empleados públicos en disponibilidad, se otorgarán incentivos a las empresas que los contraten: a) se eximirá de los aportes patronales durante un período de dos años y b) se considerarán como anticipo del impuesto a las ganancias de la empresa contratante, el 70% de los aranceles y gastos de capacitación en el nuevo empleo, hasta un máximo de tres salarios en la fecha de entrar en disponibilidad. Además, se deberá concretar la reforma laboral que permita mejorar la competitividad y reducir el riesgo laboral, a fin de impulsar la creación de empleo privado. Se otorgará la jubilación temprana a los que quedando en disponibilidad, no hubieran conseguido empleo en un año y tengan más de 55 años de edad. También se renegociará el acuerdo con los gobiernos provinciales con metas de reducción del personal para retornar a los niveles de 2001 en un plazo reducido.
Sistema previsional. Aquí, las propuestas son 3.
- No se prevé reducir el nivel real de jubilaciones y pensiones, pero se revisarán las pensiones por invalidez otorgadas en los últimos 10 años a través de auditorías médicas.
- Se igualará la edad de jubilación de hombres y mujeres en 65 años
- Se elevarán gradualmente las edades de jubilación hasta alcanzar los 70 años en los próximos diez años
Los planes sociales. Se revisarán los planes sociales vigentes suprimiendo en un plazo de seis meses los que: a) no cumplan con las condiciones de su otorgamiento y b) estén asignados a personas o familias que expongan un nivel de ingresos de fuente distinta, formal o informal, del plan social y superior a un monto a definir.
Los subsidios a la energía y el transporte. “Debería fijarse la meta de llevar en seis meses los niveles tarifarios a los niveles reales, ajustados por el índice de precios al consumidor, de diciembre de 2001. Se aplicarán tarifas sociales con un criterio objetivo establecido sobre la información de los receptores de subsidios (AUH, por ejemplo)”, dicen desde FL&P, que tiene a Agustín Etchebarne, Aldo Abram y Manuel Solanet como directores.
Supresión o postergación de obras públicas no prioritarias. Los casos deberán seleccionarse en base a sus índices de evaluación económica. “Ese análisis debe comprender también a los proyectos categorizados como Proyectos de Inversión Prioritaria y a los elegidos para el Programa Público Privado en los que se otorguen garantías estatales”, señala. Como casos ejemplificativos para suprimir se puede mencionar el proyecto Red Expreso Regional (RER) y una de las centrales atómicas con financiación de China.
Reducción del gasto de provincias. Lo fundamental es que los gobiernos provinciales y municipales tengan incentivos para gastar menos y mejor. “Hoy, por el régimen de coparticipación, el grueso de los gobernadores tiene el beneficio de gastar pero no el castigo de aumentar sus impuestos. El sistema los impulsa a presentar hechos consumados y obtener de la Nación ayudas por encima de la coparticipación. Nuestra propuesta es devolver potestades tributarias a las provincias eliminando la coparticipación vertical de Nación a provincias”, dicen y explican: “La Nación recaudaría el IVA, Ganancias de personas jurídicas y los impuestos al comercio exterior. Las provincias reacaudarían para ellas los impuestos a las Ganancias de personas físicas, internos, Bienes Personales y sus propios impuestos (cambiando Ingresos Brutos por un impuesto a las ventas finales). El Impuesto a los Combustibles será provincial pero irá a un fondo de redistribución horizontal cuyos porcentajes de distribución por provincia permitirán las compensaciones necesarias para producir el empalme con la distribución del régimen actual”. Según los liberales, “esto hará políticamente viable el nuevo régimen ya que nadie perdería ni ganaría proporción”. Los porcentajes de distribución de ese fondo quedarán luego inalterados de manera que a partir de allí el gobernador que quiera aumentar su gasto tendrá que aumentar sus impuestos propios. “Si quiere atraer inversores deberá bajar impuestos”, dicen. “Con 24 provincias habrá competencia para atraer inversiones y con solo un recaudador, no la hay”, sentencian.
