EDITORIAL DE LA NACIÓN – El presupuesto de la administración nacional para 2019 será una pieza fundamental en la construcción de una estructura económica y social compatible con la estabilidad, el crecimiento y la recuperación de la confianza. Estas tres características parecen hoy perdidas, a pesar de los destacables cambios y progresos logrados por el actual gobierno en el plano institucional, ético e internacional. Los avances económicos registrados en los dos últimos años llevaron el peso de una herencia excesivamente gravosa que hubiese necesitado cirugía antes que un riesgoso tratamiento gradualista con endeudamiento público. Fue así que un leve cambio desfavorable en las variables económicas y financieras en el mundo puso límite a ese proceso y obligó a nuestro gobierno a recurrir al Fondo Monetario Internacional y a revisar las metas fiscales. El proyecto de ley de presupuesto que el Poder Ejecutivo enviará próximamente al Congreso deberá reflejar las condiciones acordadas.
La necesidad de reducir el déficit fiscal no está en discusión. Sin embargo, hay opiniones distintas sobre la forma de lograrlo. Hay quienes sostienen que debe hacerse crecer la economía sin hacer un ajuste del gasto y que de esa manera el aumento de los ingresos impositivos resolvería el problema. Pero lamentablemente la aritmética demuestra que esa convergencia demandaría muchos más años que los aceptables. Tampoco es factible el camino de aumentar impuestos cuando la presión impositiva real se ubica en niveles ya insostenibles. Podrían aumentarse algunos tributos y reducirse la evasión en otros, pero a costa de dejar fuera de competencia actividades productivas o de no lograr aumentar la recaudación debido al llamado efecto Laffer. Esto es que a elevadas alícuotas impositivas, su incremento alienta en mayor proporción la elusión y la evasión. En conclusión, debe disminuirse el gasto público, de ahí la importancia del presupuesto.
Es destacable el objetivo acordado con el FMI de reducir a cero el déficit primario en 2020, pero debe reconocerse que aun así se mantendría expuesta a la Argentina, ya que el Estado deberá continuar endeudándose en el orden de los 12.000 millones de dólares anuales netos. Si bien esa meta es la convenida, el gobierno nacional debería autoimponerse el objetivo de alcanzar en el mismo plazo un superávit primario suficiente para cubrir el pago de los intereses de la deuda pública. Esto significaría lograr que el denominado déficit financiero, incluyendo intereses, sea cero. Se requeriría para ello una reducción del gasto equivalente a 6% del PBI, superior a la del 4% convenida en el acuerdo stand -by. Esta reducción, que podría parecer excesiva, debe compararse con el incremento de 15 puntos del PBI del gasto público (Nación, provincias y municipios) en el período 2002-2015. Equipos de trabajo privados han elaborado propuestas con reducciones del gasto público nacional que alcanzan a 6 puntos del PBI en dos años y que están acompañadas de compensaciones sociales que las hacen viables ética y políticamente.
La gravedad de la situación fiscal, que es la causa principal de la pérdida de confianza, debería movilizar a las distintas fuerzas políticas a acordar metas ambiciosas en la ley de presupuesto para 2019. Es auspicioso que diez gobernadores, de los cuales cinco son peronistas, hayan apoyado públicamente la reducción del déficit fiscal. Fueron Juan Schiaretti (Córdoba), María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Juan Urtubey (Salta), Domingo Peppo (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Sergio Uñac (San Juan), Gerardo Morales (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Seguramente otros gobernadores comparten esta inquietud y también expresarán su apoyo a poco de advertir la necesidad de superar el desequilibrio fiscal para generar la confianza, y de esa forma atraer inversiones y crear empleo en sus provincias.
Esa voluntad debería hacer posible una renegociación del pacto federal suscripto en 2017 entre el gobierno nacional y las provincias, pero no para postergar el cronograma de reducción de impuestos, como lo han solicitado varios gobernadores, sino para comprometerse a reducir el aparato burocrático y el gasto provincial. La Argentina vuelve a estar en situación de necesitar una suerte de Pacto de la Moncloa mediante acuerdos que impidan reiterar en el futuro situaciones como las que ya hemos conocido.
La elaboración del presupuesto de 2019 se encuentra en manos del Poder Ejecutivo. No se conocen aún sus premisas y detalles como para fundamentar un análisis. Su remisión a la Cámara de Diputados no deberá demorarse. Su discusión y su sanción serán la oportunidad propicia para plasmar y asegurar acuerdos sobre nuevas metas que superen los desequilibrios y pongan a nuestro país en marcha.
