Emilio Apud es ingeniero industrial, director de YPF y ex Secretario de Energía y Minería de la Nación. Integra el Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso.
El disparador “Cuadernos” puede ser una oportunidad para purificar y modernizar el sistema productivo argentino y la infraestructura necesaria para que funcione eficazmente.
Área difícil las obras públicas que requiere urgentemente de una adecuación a los tiempos modernos. Conceptos como Compliance o Ética empresarial en muchas empresas es todavía motivo de consulta apresurada en Wikipedia.
Pero eso no es casual, sino una deformación inducida durante décadas por las partes: Estado comitente y Empresa contratista. Tal deformación incremental ha introducido en las relaciones de las partes un grado de discrecionalidad y opacidad que llevan a una consecuencia lógica, la corrupción, corrupción que afortunadamente ha tomado estado público ante la descarnada evidencia de los cuadernos y las consecuentes confesiones de protagonistas de ambos bandos que manejaron con total desparpajo dineros públicos.
La obra pública es fundamental en cualquier sociedad organizada ya que sin ella no se alcanza la infraestructura requerida para el desarrollo económico. Mucho más en nuestro país con un atraso superior a los 30 años en obras y servicios públicos que lo inhiben de participar en el mercado mundial y que urgentemente necesita modernizar y adecuar para apuntalar al nuevo paradigma de nuestro sector productivo: ser competitivo a nivel internacional El país tiene recursos potenciales para un mercado superior a 400 millones de personas. Ergo, debe organizar su economía hacia una matriz productiva exportadora, con creciente componente de valor agregado que redundará en beneficios para toda la sociedad al proveerle precios, bienes y servicio competitivos internacionalmente.
Nos guste o no, al igual que la mayoría de los países desarrollados y en vías de, estamos en un sistema capitalista donde la base del éxito es la competencia y la transparencia. Pero al perseverar por décadas en una economía cerrada, se creó una demanda interna cautiva que además de alejarnos de los mercados mundiales, sometió a la población a precios elevados, baja calidad y a tecnología obsoleta, manteniendo un sector empresario poco competitivo y cómodo en un clima de confort fruto de sucesivas políticas proteccionista justificadas por un anacrónico nacionalismo.
El disparador “Cuadernos” puede ser una oportunidad para purificar y modernizar el sistema productivo argentino y la infraestructura necesaria para que funcione eficazmente. En particular las empresas de la construcción, de servicios y de ingeniería que han dependido del Estado comitente.
Dada la imperiosa necesidad que tiene el país de seguir avanzando con el plan de obras públicas impulsado por el Gobierno, habría que buscar soluciones a través de los medios legales y éticos al alcance para evitar que se paren, ya sea por causas judiciales o financieras al verse restringidas al crédito por los eventuales ilícitos que investiga la Justicia, mucho de los cuales confirmados por ejecutivos o dueños de las propias empresas.
Bien es sabido que la judicialización de conductas en las empresas además de suspender sus contratos, le restringen el acceso al crédito. Y la falta de actividad forzada por tales circunstancias pueden provocar despidos masivos transitorios o definitivos y un perjuicio sensible a todo el universo conexo al objeto de la contratista, como empresas, comercios y profesionales. No es menor la cantidad de impuestos que deja de percibir el fisco por el cierre o suspensión de las actividades. Es decir, hay perjuicios para el desarrollo específico de la obra pública y la economía vinculada a ella.
Una solución posible para mitigar esas restricciones puede ser el fideicomiso que está organizando el Estado. Otra, despegar las personas físicas comprometidas, de las jurídicas. Pero, la complejidad del problema y la gravedad de sus consecuencias están indicando la necesidad de plantear escenarios posibles para enfrentar los males que saldrán de esta Caja de Pandora liberada por los cuadernos y la interminable pero necesaria cantidad de denuncias que están apareciendo.
Es menester agotar todas las instancias para evitar el cierre de empresas o una dilatada postergación de la ejecución de obras ya contratadas o en vías de serlo, pero con un límite: que no haya impunidad. Por encima de los intereses empresarios, corporativos y sociales indirectos se encuentra el de restablecer el imperio de la justicia sin el cual seguiremos en la mediocridad de la corporación contratista de obras públicas. Deberíamos reformularnos la prioridad de los intereses en juego, puesto que hoy parece más importante un interés corporativo, ya sea empresario, sindical, político que el de los ciudadanos objeto de la existencia de esas corporaciones.
En esta coyuntura además de las soluciones mencionadas habría que repensar la figura de la concesión de obras y servicios públicos, y analizar el beneficio que le podría significar a la población facilitar el acceso de empresas internacionales, que siempre constituyen una válvula de escape a la tentación cartelizadora, propias de mercados cerrados.
Pero el problema de fondo, saliendo de la coyuntura, es el marco legal que rige la obra pública. Nos seguimos manejando con una ley promulgada hace 70 años, la 13.064 de 1947. Es necesario adecuarlo a las realidades que vivimos, sino es un obstáculo para la puesta en valor de nuestros recursos, capacidades y para la necesaria integración al mundo. Debemos incorporarnos a la OCDE, y a todo organismo y tratado que facilite el acceso a nuevos mercados, para salir de la tara de vivir con lo nuestro, que ha frenado históricamente el progreso de nuestro país y la calidad de vida de sus habitantes.
