Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
EL ECONOMISTA – DIARIO – Hace poco más de un año publiqué en este mismo medio una nota en la cual me imaginaba qué sucedería si los niños tuviesen las mismas posibilidades que los adultos a los fines de defender sus derechos. Imagínese leyendo en la tapa de los diarios la noticia de un paro general de niños, decretado por sus delegados sindicales y demandado en medio de fuertes rabietas. Imagínese, en declaraciones radiales, a un niño de diez años expresando que “no había otra alternativa que llegar esta instancia, dada la falta de respuesta de los adultos frente a su deseo de ir al colegio”.
Imagínese la posibilidad de importantes concentraciones de pequeños en las áreas de juego de las plazas, acompañados de sus padres, los que estarían siendo extorsionados por la amenaza de llantos en horarios de la noche. Es claro que es una fantasía, ¿pero no sería justo que los niños pudiesen defender su derecho a ser educados como muchos adultos defienden el derecho de huelga?
Hoy en la provincia de Buenos Aires, tras perderse en lo que va del año 21 días de clase en virtud de paros docentes, se presenta la posibilidad que la Legislatura provincial estudie un proyecto de ley que declare la educación como un servicio público esencial. De esa forma, se reglamentaría el derecho de huelga en la actividad, motivo que desencadenó la natural oposición de los gremios docentes. En este contexto, es importante acordar si dicho derecho es más importante que el derecho a la educación. De ser así, esta columna carece de sentido.
Los sindicatos docentes fundan su rechazo en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a los que Argentina adhirió y que tienen rango constitucional y, por ende, jerarquía superior a las leyes. Al respecto, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha establecido que la educación no es un servicio esencial, dado que su interrupción no pondría en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población.
Dos derechos en pugna, el derecho de huelga y el derecho a la educación. Cabe recordar que el derecho a la educación se encuentra plasmado en nuestra Constitución Nacional, por ejemplo, implícitamente en el artículo 14, al establecer que todos los habitantes de la Nación gozan de los derechos a enseñar y aprender. ¿Cómo se puede aprender en medio de paros docentes? ¿Quién puede pensar que los días perdidos se recuperan? ¿Quién puede imaginarse que un niño que concurre a clases un día sí y otro no, en medio de un clima enrarecido, puede aprender algo? Explícitamente, la Constitución también reconoce el derecho del niño a la educación, en su artículo 75, inciso 22, al incorporar la Convención de los Derechos del Niño”. ¿No se está violando dicho derecho luego de 21 de días de paro docente? ¿Quién puede afirmar que en la Argentina hoy se respeta literalmente el artículo 28 de la Convención, en cuanto a que el derecho a la educación debe poder ser ejercido en condiciones de igualdad de oportunidades? ¿Cómo no recordar los 17 días de clase perdidos a comienzos del ciclo pasado en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo no sentir vergüenza por los más de 100 días de paro en la provincia de Santa Cruz? Por supuesto, los niños de familias humildes son los más perjudicados, hablar de igualdad de oportunidades frente a esta realidad carece de todo sentido.
Dos derechos en pugna. Por ello es lícito preguntarnos si el derecho de huelga es más importante del derecho a la educación. De no ser así, el definir la educación como un servicio público esencial es una alternativa válida a ser considerada.
