Debería aprovecharse el virtual desmantelamiento de nuestro aparato defensivo para reconfigurarlo de acuerdo con los nuevos desafíos.
LA NACIÓN – El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) y la Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia llevaron a cabo un importante seminario referido a la defensa y la seguridad. Las conferencias abarcaron el marco internacional, el regional y el nacional. Un primer aspecto tratado fue el de las hipótesis de conflicto. Este es un tema que suele generar escepticismo, cuando no incomprensión. Que estos conflictos resulten improbables no debe impedir manejar esas hipótesis en la preparación de un proyecto defensivo que, en rigor, tiene como primer objetivo la disuasión y no la guerra. Estos supuestos cambian con el tiempo y su reconocimiento debe ser una tarea permanente. Para ello es esencial un trabajo coordinado entre quienes manejan las relaciones internacionales y quienes definen la política de defensa.
El ejercicio de la diplomacia debe contar con el respaldo de un racional pero sólido poder militar. Esa es la fórmula de una equilibrada relación entre las naciones. Guste o no, el mundo funciona de esa manera e ignorarlo puede llevar a grandes fracasos diplomáticos.
Quienes por razones ideológicas buscan la desaparición de las Fuerzas Armadas ignoran ese riesgo o lo imaginan favorable a sus ideas revolucionarias. En aquel seminario se enumeraron los diversos conflictos potenciales o reales, entre ellos, el narcotráfico y el terrorismo, para los que hubo coincidencia en la imposibilidad de atenderlos actualmente debido al estado de indefensión. Los ciberataques son cada vez más frecuentes, desde el acceso a información militar sensible hasta el fraude informático y los desvíos de fondos.
La utilización de la Gendarmería y la Prefectura en la seguridad urbana acentúa la situación de vaciamiento defensivo de nuestras extensas fronteras aéreas, terrestres y marítimas. Esta es otra demostración de la desordenada situación heredada sobre la cual el presente gobierno no ha logrado aún soluciones de fondo efectivas y permanentes. Solo ha convocado a las Fuerzas Armadas a concurrir en apoyo de las de seguridad en las zonas de frontera y en la custodia de objetivos considerados vitales para la Nación.
En el seminario hubo mención reiterada de la necesidad de elaborar una política de defensa y seguridad apoyada en una modificación de las leyes vigentes. La defensa no puede diferenciarse del concepto más amplio de seguridad. Las amenazas antes mencionadas no responden necesariamente al ataque de ejércitos de otros países. La defensa y la seguridad deben ser tratadas como funciones indivisibles. Esto requiere modificar la ley de defensa vigente, que impide a las Fuerzas Armadas actuar en conflictos internos.
Otra cuestión tratada en el seminario fue la falta de vigencia de un Código de Justicia Militar. Enviar al combate a fuerzas militares sometiéndolas a la Justicia Civil puede muy bien terminar con un juez federal encerrando en cárceles comunes a oficiales y soldados que combaten obedeciendo órdenes del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Nuestro país ya conoce antecedentes al respecto.
Muy bueno será entonces continuar este tipo de seminarios y estudios. En esa línea debe encomiarse el conjunto de trabajos de gran valor sobre política de defensa resultantes del premio convocado en 2017 por la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. También debe valorarse un interesante trabajo de investigación para una política de defensa adaptada a los tiempos de las nuevas tecnologías, elaborado por la Fundación Libertad y Progreso. En este se afirma que el virtual desmantelamiento actual del aparato defensivo argentino y los acelerados avances tecnológicos en el plano militar en el mundo configuran una oportunidad para lograr un salto cualitativo en nuestras Fuerzas Armadas.
La asignación de los escasos recursos presupuestarios no debería contemplar el sostenimiento de una organización obsoleta, sino la consecución de nuevas Fuerzas Armadas de alta capacidad operativa con tecnologías y equipamiento de última generación. En ese nuevo escenario ya no sería concebible que el 80% del presupuesto sea absorbido por salarios, sino tal vez una relación inversa. Las nuevas fuerzas deberían hacer uso de inteligencia artificial, robótica, redes y sistemas de computación, biosensores y nanotecnología. La obtención de estas tecnologías y armamentos exigirá de la Argentina asegurar a la comunidad internacional el pleno respeto del Estado de Derecho y de las normas de convivencia con el mundo.
De esta forma se recuperarían eficientemente décadas de desinversión. Debe salirse de la actual situación en la que se destina a defensa una proporción del PBI muy inferior a la de otros países, y en la cual, para peor, esos recursos se aplican a salarios y gastos operativos, sin lograr capacidad defensiva.
