REVISTA MERCADO – Según un estudio de Libertad y Progreso y Geneva Network, la Argentina es el país con el peor marco de protección sobre el derecho de propiedad intelectual entre los países del G20, y ocupa el puesto 46 de 50 países en el Índice de Propiedad Intelectual.
El estudio, realizado por el economista Martín Krause, el abogado experto en derecho de propiedad intelectual Jorge Otamendi y el director de Geneva Network, Phillip Stevens, fue presentado en el ciclo de desayunos para socios de la Fundación Libertad y Progreso. “Esto no es un dato menor considerando el enorme potencial de atracción de inversiones y generación de empleo de las industrias basadas en el conocimiento, que dependen íntimamente del derecho de propiedad intelectual”, destacaron Krause y Otamendi.
De acuerdo al trabajo de Libertad y Progreso y Geneva Network, los servicios basados en el conocimiento son los que han contribuido al mayor crecimiento de las exportaciones en la Argentina. Habiendo vendido al exterior US$ 151 millones en 1996, alcanzaron a US$ 6.500 millones en 2015. De esa forma se convirtieron en el segundo sector exportador más importante luego de la soja, alcanzando un 9,1% del total de las ventas externas. Estas actividades ya generan 1.300.000 empleos formales de alta calidad y elevados salarios.
“En el Índice de Propiedad Intelectual los países más ricos y desarrollados obtienen calificaciones por encima de los 30 puntos. La Argentina alcanza sólo un tercio de dicha calificación. Algunos países admirados por sus políticas en materia de innovación, tales como Israel y Taiwan, más que duplican la calificación argentina. Entre las naciones del G20, Argentina es el peor posicionado”, afirmaron los expertos.
“El Gobierno ha expresado varias veces su ambición de convertir a la Argentina en un hub regional de innovación, para impulsar el crecimiento económico y crear empleos de alto valor agregado. Para lograr esta meta, debería reformar y mejorar el marco de los derechos de propiedad intelectual (DPI) de forma tal de alcanzar a los países que mejor desempeño tienen en ésta área”, destacaron. De acuerdo al trabajo, la economía del conocimiento es el futuro del desarrollo.
“Sectores intensivos en conocimientos, tales como biofarmacéuticos, tecnología de la información, y entretenimiento, son el motor del crecimiento y del empleo en la mayoría de los países de la OCDE. En las últimas décadas, algunas naciones han avanzado por este camino: Singapur, Japón, Taiwán. Los economistas concuerdan que el crecimiento económico sostenido depende de diversificar la producción más allá de las commodities y de una industria básica, para focalizarse en servicios, industria y producción agropecuaria de alto valor agregado, con mucho I+D.
La economía del conocimiento tiene un enorme potencial para impulsar el crecimiento de la Argentina dado el contexto económico local y global, aumentando la productividad y la creación de empleo de toda la economía”, explicó Krause. “En este contexto, un marco de protección de derechos de propiedad intelectual (DPI) es vital para asegurar inversiones. Hacer reformas en este sentido dará frutos”, explicó. Según el estudio, si bien desde 2015 la Argentina ha iniciado un cambio de rumbo, mejorando su calidad institucional y su inserción en el mundo, aún tiene muchos desafíos que atender.
Talón de Aquiles
Los problemas concretos que tiene el país en la materia se relacionan con temas tales como: retrasos en la gestión de las patentes; criterios muy restringidos de patentabilidad; problemas en aplicación y control de estándares; falta de protección de datos y de derechos de autor; dificultades en la protección del secreto comercial, entre otros. Las patentes se consideran el sector más vulnerable en el marco local, particularmente las invenciones farmacéuticas y las de biotecnología.
“Para que florezca la economía del conocimiento el sistema de patentes tiene que ser transparente, predecible y eficiente. Obtener una patente puede demorar mucho tiempo; tanto que la vuelve inútil para muchos propósitos. Esto hace que los solicitantes abandonen los procesos o ni los presenten. Las demoras afectan las decisiones acerca de qué industrias reciben inversiones. Muchos países han mejorado el proceso de examinación de patentes mediante reformas tales como la digitalización de las oficinas de registro.
Afortunadamente, en Argentina algunos cambios han comenzado a producirse. Por ejemplo, el INPI ha creado procedimientos más ágiles para solicitar patentes ya obtenida en otros países. En marzo de 2017, este organismo y la agencia similar norteamericana, USPTO, iniciaron el Patent Prosecution Highway (PPH) que podría agilizar los tiempos a futuro”, destaca el estudio de Krause, Otamendi y Stevens. Una de las debilidades del país es no haber firmado el pacto PCT.
Otra insuficiencia en esta materia se encuentra en los criterios de patentabilidad de patentes secundarias o la posibilidad de editar genomas, modificando el código genético de una especie. Pero pese a la importancia de algunas innovaciones, la legislación argentina dificulta a las compañías locales lograr protección de cualquier desarrollo en esta área. De hecho, en 2016 el INPI aprobó menos del 5% de las patentes. Adicionalmente, otra debilidad del sistema radica en la protección y control de estándares. Finalmente, un clásico problema vinculado a la propiedad intelectual es el de la protección de derechos de autor. Si bien la legislación existente es buena, el problema está en la aplicación y control de las normas.
Las pérdidas estimadas de ventas debido a la piratería superó los US$ 300 millones ya en 2007, de los cuales 215 millones corresponderían a software para empresas y 82 millones para grabaciones musicales (Rozanski, 2007). Según BSA, The Software Allliance, 70% del software utilizado en Argentina es pirateado. Hay abundante jurisprudencia sobre protección de derechos de autor, pero no se dispone de tribunales específicos para derechos de propiedad intelectual. La falta de conocimiento técnico impide que los fiscales persigan casos y los jueces dicten fallos.
Océano de oportunidades
Además de los servicios basados en el conocimiento, tales como los contables, legales y de ingeniería, la Argentina tiene una creciente capacidad de crecimiento a través del área de I&D. Las exportaciones de I&D han crecido en forma continua en los últimos 20 años, alcanzando US$ 505 millones en 2015. En las actividades más complejas hay varias empresas argentinas que exportan servicios de I&D al exterior como Tenaris, INVAP y Satellogic. También hay empresas argentinas que exportan I&D incorporado a productos, como las de biotecnología (por ejemplo, Bioceres, o Don Mario).
“Éste es un buen punto de partida, pero existe un enorme potencial para alcanzar mucho más. La recompensa es enorme: durante años, China ha estado integrándose a las redes globales de I&D y ahora capta más inversiones extranjeras directas en I&D que los Estados Unidos. El sector farmacéutico lidera el camino con inversiones de US$ 1.600 millones entre 2010 y 2015 según fDiMarkets”, destacó el documento de Krause, Otamendi y Stevens.
Otro caso es el de la I&D médica, donde la Argentina podría obtener importantes beneficios económicos si incrementa su participación, particularmente en la provisión de servicios de ensayos clínicos. Según la consultora económica israelí Pugatch Consilium, la Argentina podría obtener US$ 850 millones en inversiones dirigidas a ensayos clínicos, si el marco institucional y regulatorio mejorara (Pugatch Consilium, 2017).
En los Estados Unidos, por ejemplo, hace cuarenta años predominaban los activos físicos en la agricultura y la industria, pero desde entonces ha ocurrido un gran cambio estructural y hoy 85% del valor de las empresas en el índice S&P 500 proviene de “activos intangibles”, tales como las ideas, conceptos, marcas y productos innovadores. “La innovación es también crucial para el crecimiento económico; explica dos tercios del crecimiento de EE.UU. desde 1945”, finalizaron los autores.
