BANCOS Y SEGUROS – Desde mi punto de vista los efectos de la devaluación como mecanismo de ajuste se prolongarán al menos hasta mediados de este año. Me refiero a la recuperación del saldo comercial y al impacto fiscal positivo. Los ingresos tributarios están creciendo con la inflación más rápidamente que los salarios públicos y las jubilaciones. Estos dos efectos se contraponen con la disminución de la demanda interna, tanto de consumo como de inversión, ya que la política antiinflacionaria se apoya principalmente en la restricción monetaria y en las altas tasas de interés.
En cuanto a la inflación, ya se está produciendo una baja y creo que este año será menor. Para cumplir con el objetivo de inflación estipulado en el presupuesto, esta pax cambiaria tendría que prolongarse durante todo el año y cumplirse las pautas de tipo de cambio que están en el presupuesto. Pienso que no va a ser fácil pero son cumplibles.
El proceso electoral puede tener su impacto por el efecto de la incertidumbre que crean las encuestas que muestran cierto crecimiento de la intención de voto a Cristina Fernández de Kirchner. Si en las cercanías de octubre la dan como ganadora, el impacto será mucho mayor, con fuga de capitales. No quiero pensar en esa alternativa, no sólo por su efecto económico sino también por el significado moral de que se pueda votar a quien le pesan pruebas contundentes de corrupción.
Otra de las claves para estabilizar la economía está en que se encaren más decididamente las reformas estructurales. Me refiero a reducciones genuinas del gasto público y a un marco laboral más apropiado para lograr mejoras en la productividad y la competitividad.
En lo que hace al gasto público, hay posibilidades de una reducción en el plano administrativo a través de una reforma y una racionalización de la burocracia estatal. Hay una ley que obliga, en caso de que se suprima un cargo, a continuar pagando el sueldo durante un año y una indemnización al final de ese periodo. Lo que yo propongo es un rediseño del aparato estatal para reducir el número de unidades administrativas y el número de cargos, y hacerlo con un proceso tal vez más amortiguado en lo social. Por ejemplo dar incentivos a la actividad privada para que capte ex empleados públicos.
También hay mucho trabajo que hacer en los llamados planes sociales y tenemos además el tema de los subsidios por déficit de tarifas de servicios públicos, que todavía no se han logrado normalizar. Ahí hay un punto y medio de producto para ganar sólo en reducción de subsidios.
En cuanto al marco laboral, sería conveniente una reforma al estilo chileno o brasileño. Hay tres puntos clave en esto: uno es la descentralización de las negociaciones colectivas para dar privilegio a los acuerdos a nivel de empresas; otro es la incorporación de mecanismos de flexibilización laboral que permitan incrementar la productividad; y el tercero es la reducción del costo de despido reforzando un mecanismo de seguro de desempleo.
Hay que actuar, además, para perfeccionar la justicia laboral, que hoy genera muchas dudas acerca de su imparcialidad y su distancia con respecto a las partes. Esto hace que la inversión en Argentina, entre otros aspectos negativos, se encuentre con una legislación laboral que la desalienta, que genera un riesgo y un costo laboral que le impide competir con el exterior.
Estas reformas tendrían una gran aprobación de la sociedad, que sabe que son necesarias. Debe consolidarse políticamente una versión de Cambiemos prescindente de algunos efluvios populistas y de los temores de encarar esas reformas de fondo. Del actual “no se puede” debe volver al “sí, se puede”.
