Es claro que los líderes sindicales toman a los niños de virtuales rehenes en la discusión paritaria. En los últimos seis años publiqué en este mismo espacio dos notas proponiendo una tarjeta, a la que denominé Educard, que permitiría cambiar radicalmente esta realidad, la misma consiste en una sencilla cuenta de ahorro para gastos educativos, que protegería a las familias del irresponsable accionar sindical.No hace falta reinventar la rueda, esta propuesta es una realidad en otras latitudes. En Estados Unidos las denominadas cuentas de ahorro para la educación (ESAs) permiten a los padres que optan por retirar a sus hijos de escuelas públicas, recibir un porcentaje de lo que el Estado habría gastado en su educación y, con ello, costear, por ejemplo, un colegio privado, ya sea religioso o laico.Arizona se convirtió en abril de 2017 en el segundo estado, después de Nevada, en establecerlas. En realidad Arizona es el primero donde la idea se ha puesto en práctica al sortear las barreras legales al respecto (ESAs fueron declaradas constitucionales por la Corte Suprema de Arizona en 2014). Las cuentas promedian u$s5600 lo cual es suficiente para cubrir la matrícula en la mitad de las escuelas privadas del estado. A modo de ilustración, el gobernador, Doug Ducey, expresó al firmar la ley: “Cuando los padres tienen opciones, los niños ganan”.Actualmente hay cinco programas activos en otros tantos estados: Arizona, Florida, Mississippi, North Carolina y Tennessee. Por cierto, New Hampshire podría ser el próximo estado en establecer un programa de estas características. El Senado abrió esta posibilidad al aprobar una legislación por la cual los padres que retirasen a sus hijos de las escuelas públicas recibirían el 90% del costo de educar un alumno en el sistema público.
En 2017, el total de beneficiarios de ESAs alcanzó a 15.300, siendo Florida el estado en el cual el programa es más numeroso con 10.500 participantes y Nevada el más amplio en términos de elegibilidad: 93 % de los estudiantes.
Es claro que no cuestiono, sino defiendo, el derecho de los buenos docentes a percibir un salario que represente la retribución a una de las actividades más relevantes en nuestra sociedad, pero sí el accionar sindical. Implementar Educard es presupuestariamente factible, dado que al calificar para recibirlas solamente los estudiantes que satisfagan los criterios establecidos por el Gobierno, el programa no representaría una significativa carga financiera, pero marcaría un antes y después en la educación argentina.
Frente a los paros docentes que, me atrevo a predecir, se avecinan, Educard sería la mejor estrategia que la gobernadora María Eugenia Vidal podría implementar para defender el derecho de los niños a recibir la educación que se merecen. La sociedad la apoyaría, no tengo duda de ello.
(*) Rector de la Universidad del CEMA y Miembro de la Academia Nacional de Educación
