Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
CLARÍN – El propósito de cualquier política social debería ser la eliminación, tanto como sea posible, de la necesidad de tal política. Es claro que el Gobierno así lo ha entendido, en función de diversas iniciativas que llevó a cabo frente a una de las peores herencias dejadas por el kirchnerismo.
En mayo de 2017 Mauricio Macri hizo público el Plan Empalme, el cual tenía por objeto facilitar la inserción laboral de beneficiarios de planes sociales. Su intención debe ser aplaudida; sin embargo, su éxito fue muy limitado al no complementarse con la calificación de los beneficiarios, quienes carecían de cualquier capital humano.
Casi un año después, en febrero pasado, se unificaron tres programas en un nuevo plan denominado Haciendo Futuro. Los beneficiarios continuarían cobrando la asignación, de cumplir con el requisito de terminar su educación primaria y secundaria, y luego capacitarse en un oficio dentro de un amplio listado de posibilidades. La iniciativa fue remarcable, pero su efecto menor, dada la escala del programa.
Como he señalado en cuatro columnas publicadas en este mismo espacio desde 2015, muchos beneficiarios de planes sociales no han terminado su educación primaria y la amplia mayoría no ha completado sus estudios secundarios. El requerir que todo beneficiario, de cualquier plan social, deba cumplir requisitos similares a los establecidos en Haciendo Futuro marcaría un cambio de paradigma que nuestra sociedad necesita.
Es factible. La historia de los Estados Unidos nos provee de un valioso precedente. En 1944, el presidente Franklin D. Roosevelt sancionó la Declaración de Derechos de los Veteranos de Guerra. La legislación les otorgó la oportunidad de reanudar sus estudios, capacitarse técnicamente o tomar cursos de entrenamiento laboral, con el derecho a recibir una mensualidad mientras los desarrollasen.
Gracias a la misma, millones de personas que hubiesen intentado ingresar al mercado de trabajo luego de la guerra, sin capital humano para ello, optaron por reeducarse. Para 1956, 7,8 millones, de los 16 millones de veteranos de la Segunda Guerra, habían participado en un programa de educación o formación profesional.
Retornemos a nuestra realidad. Una adaptación del sistema de educación dual alemán sería una forma ideal de capacitarlos. ¿En qué consiste? Sintéticamente, combina clases en una institución educativa con entrenamiento en una empresa. En Alemania existen alrededor de 350 profesiones con una duración de 2 a 3,5 años. Conforme va transcurriendo el proceso de aprendizaje, el estudiante incrementa el tiempo de entrenamiento en la empresa y reduce el tiempo en la institución educativa, logrando de esa forma incorporarse, provisto de capital humano, al proceso productivo.
De requerir el Gobierno a todo beneficiario de un plan social su capacitación, como condición para acceder al beneficio, la iniciativa se habría de convertir en un punto de inflexión de su gestión y nos permitiría imaginar un futuro con mucho mayor optimismo.
