Consejero Académico de Libertad y Progreso
CATO – En una nueva ratificación de la Ley de Spencer —cuanto más se resuelve un problema, más arrecian las quejas sobre su empeoramiento— el trabajo infantil empezó a ser un escándalo en el siglo XIX, o sea, cuando disminuyó por primera vez en la historia.
No concebimos hoy ese trabajo, olvidando que aquí en España muchos niños trabajaron de manera regular hasta los años cincuenta, e incluso más tarde. La prosperidad es, en este campo, como en tantos otros, lo fundamental. Por eso el trabajo infantil es un fenómeno habitualmente limitado a los países más pobres.
Los políticos, alarmados ante este problema, decidieron hacer lo normal: prohibirlo. Después de todo, todavía hay 168 millones de niños que trabajan, según la OIT. Parece indudable que es bueno prohibirlo, pero la economía tiene una larga tradición de advertencias sobre su complejidad y sobre las consecuencias no previstas ni deseadas de la intervención de las autoridades.
El trabajo infantil (menores de 14 años) fue prohibido en la India en 1986. La idea subyacente era que la prohibición incrementa el coste de contratar niños, a la vez que rebaja sus salarios, desanimando así tanto su oferta como su demanda. Pero un estudio reciente observa: “Un mecanismo menos evidente actúa en la dirección contraria: si sólo las familias más pobres recurren al trabajo infantil para lograr la subsistencia, entonces una caída en los salarios de los niños debido a la prohibición puede de hecho llevarlas a ofrecer aún más trabajo infantil” —Prashant Bharadwaj, Leah K. Lakdawala, Nicholas Li, “Perverse Consequences of Well-Intentioned Regulation. Evidence from India’s Child Labor Ban” (National Bureau of Economic Research: https://www.nber.org/papers/w19602).
Los autores analizan lo que sucedió en la práctica en la India, y comprueban que si la prohibición afecta a un solo sector (en la India, la industria), su resultado es el movimiento de mano de obra infantil a otros sectores, sin efecto alguno sobre el nivel global de trabajo infantil. La evidencia empírica indica que después de la prohibición bajó efectivamente el salario infantil pero aumentó la oferta, como lo sugiere el mayor número de niños que dejaron las escuelas. Era una señal clara de que iban a trabajar, lo que es perjudicial porque frena la acumulación de capital humano, y discrimina contra las familias pobres, puesto que las de mejor situación no envían a sus hijos a trabajar.
Estos profesores recuerdan que hay muchos más estudios de “Law & Economics” sobre países ricos que sobre países pobres, y “los efectos de las leyes pueden ser muy diferentes en países en desarrollo, donde no serán plenamente cumplidas por la debilidad de sus instituciones”. En resumen, parece que la prohibición no resuelve el problema del trabajo infantil, “simplemente porque no afronta la principal razón por la cual los niños trabajan: la pobreza”.
Este artículo fue publicado originalmente en Expansión (España) el 8 de febrero de 2019.
