Miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso. Licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina. Es consultor económico y Profesor titular de Economía Aplicada del Master de Economía y Administración de ESEADE, profesor titular de Teoría Macroeconómica del Master de Economía y Administración de CEYCE.
INFOBAE – Es producto de una democracia que ha degenerado en una competencia populista en donde hay oferta y demanda de populismo
Muchos de mis colegas economistas, en particular los que se llaman liberales, insisten permanentemente en que hay que bajar el gasto público y la presión impositiva. No puedo dejar de estar de acuerdo con esa propuesta y firmo junto a ellos, sin embargo, creo que se quedan en el tema económico y no se plantean algo más profundo todavía que tiene que ver con lo institucional. ¿Por qué razón tenemos este desmadre de gasto público consolidado y, como contracara, la correspondiente presión impositiva que hace inviable cualquier idea de crecimiento?
Mi primera respuesta es que tenemos este nivel de gasto público porque la democracia ha degenerado en una competencia populista en donde hay oferta de populismo y demanda de populismo. Esa competencia populista, en gran medida hay dejado de ser ideológica y ser transformó en una competencia por un negocio que es la política. Puesto en otros términos, la política es un negocio para buena parte de la dirigencia política. El sobredimensionamiento del estado en todos sus niveles y el despilfarro en asesores y empleados públicos es alarmante.
El gasto en planes sociales y empleo público lo justifican porque dicen que si se lo baja estalla el país, pero la realidad es que cada tanto estalla el país porque sistemáticamente la dirigencia política se niega a reducir ese gasto. Es la forma de conseguir votos. Desde planes a los piqueteros, pasando por pensiones por invalidez a personas que pueden trabajos, empleo público, etc.
Por otro lado, el apoyo de punteros en las campañas políticas luego se retribuye con cargos políticos o empleo público, con lo cual el estado se transformó en un monstruo que devora la riqueza que genera el sector privado.
Un primer dato muestra el grado de ineficiencia por sobredimensionamiento del estado. Argentina tiene 23 provincias y con CABA, digamos 24 distritos contra los 50 que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene una población de 326 millones de habitantes, con lo cual cada unidad administrativa a nivel estadual de Estados Unidos atiende a 6,5 millones personas y en Argentina, el equivalente en provincias atiende a 1,8 millones. En Estados Unidos, cada unidad administrativa estatal atiende a 3,6 veces más personas que una provincia argentina.
En Estados Unidos hay 3143 condados, que son los equivalentes a nuestros municipios. El promedio da 62 condados por estado. En Argentina hay 2.300 municipios para 23 provincias, es decir, hay un promedio de 100 municipios por provincia. Nuevamente tenemos más municipios por unidad provincial que Estados Unidos. Esto significa tener más intendentes, concejales, empleados municipales, jueces de infracciones, etc.
Tomemos la siguiente relación de carga burocrática. Estados Unidos tiene 3.143 condados y una población de 326 millones de habitantes, eso quiere decir que cada condado atiende las necesidades de 103.700 habitantes. En Argentina hay 44 millones de personas y 2.300 municipios, con lo cual cada municipio atiende las necesidades de 19.130 personas. Los datos anteriores son en promedio, esto quiere decir que el costo de cada unidad administrativa recae sobre mucho menos personas en Argentina que en Estados Unidos, con lo cual, la carga del costo burocrático por persona es más alto en Argentina que en Estados Unidos. Es una simple comparación de costos fijos por unidad producida, en este caso la unidad producida es el contribuyente y el costo fijo el estado.
Tomemos ahora el costo por legislador nacional. Aquí la comparación la hago con España porque tiene casi la misma población que Argentina. España tiene 47 millones de habitantes contra los 44 millones nuestros. Veamos.
La Cámara de Diputados de Argentina tiene un presupuesto anual de 208 millones de euros (tomo el tipo de cambio de $ 45 por euro) y 257 diputados, el costo promedio por diputado es de 67.400 euros mensuales. No digo que ese sea su sueldo, sino el costo de su sueldo, sus empleados, teléfonos, secretarias, movilidad, etc.
La Cámara de Diputados de España tiene 350 diputados. Su presupuesto es de 91 millones de euros y el costo promedio por diputado es de 21.700 euros mensuales. Nuevamente ese no es el sueldo del diputado español, sino todos sus costos operativos incluyendo su sueldo. Es decir, el costo por diputado argentino es 3 veces mayor que el diputado español.
La Cámara de Senadores de Argentina tiene un presupuesto anual de 204 millones de euros. Con 72 senadores el costo promedio por senador es de 236.000 euros mensuales.
La Cámara de Senadores de España tiene un presupuesto anual de 56 millones de euros, con 266 senadores. El costo promedio mensual de cada senador español es de 17.540 euros. En otras palabras, el costo de cada senador argentino es 13,5 veces mayor que el costo promedio de un senador español.
El ingreso per capita de Argentina es de U$S 14.400 y el de España de U$S 28.156 en dólares corrientes. Es decir, nosotros que somos más pobres nos damos el “lujo” de tener estructuras legislativas muchísimo más caras que España, que no es justamente un país que se caracterice por tener un estado de bajo costo.
Por cierto, que la política se transformó en un negocio queda también en evidencia en la cantidad de personal que tiene, por ejemplo cada senador.
Cuadro 1
El cuadro 1 muestra la cantidad de empleados tanto de planta permanente como de planta transitoria que tiene cada senador. El récord lo tiene el senador Basualdo de la Alianza Cambiemos San Juan con 60 empleados entre planta permanente y planta transitoria. Le sigue Naidenoff con 48 empleados. Ambos son verdaderas PYMES, pero PYMES importantes.
En total en el senado hay 1765 empleados repartidos específicamente entre los 72 senadores, aunque cabe resaltar que hay otros 3.987 empleados asignados al senado que solo Dios sabe qué funciones cumplen. Ahora bien, en promedio cada senador tiene 24,5 empleados, que surge de dividir los 1765 por los 72 senadores.
Es obvio que cada senador tiene una PYME en promedio, algunos son PYMES más grandes que otras, y otras parecen ser PYMES familiares. Por ejemplo, el senador Fernando Pino Solanas tiene 35 empleados y dice que tiene que legislar cosas muy importantes. Necesita un equipo de asesores importante con la curiosidad que dos tienen su apellido. Damian Solanas, economista y Victoria Eva Solanas que desconozco su preparación para asesorar en temas tan delicados e importantes. No quiero pensar que don Pino Solanas tenga una PYME familiar a costa del contribuyente. No digo eso. Pero llama la atención.
Lo cierto es que si cada senador va a necesitar una legión de asesores, quiere decir que no están muy preparados para desempeñar su cargo. En otros países, como por ejemplo Chile, los legisladores recurren a fundaciones para que los asesoren. Acá el contribuyente vota a un senador y le paga el sueldo para que legisle, tampoco tiene que legislar tanto porque ahoga las libertades individuales, y los senadores terminan nombrando asesores cuyos sueldos también están a cargo del contribuyente.
En definitiva, cuando uno ve estos datos, y hay muchos más para mostrar nuestro sobredimensionamiento burocrático, se pregunta: ¿hay realmente interés de la dirigencia política de reducir el peso del estado sobre el sector privado o la política se ha transformado en un negocio personal que en forma compulsiva tiene que financiar el sufrido contribuyente?
Mi impresión es que el sobredimensionamiento del estado dejó de ser un problema ideológico y se transformó en un problema de negocio de unos pocos, aunque cada vez son más en relación a los pocos que quedamos en el sector privado generando riqueza.
Como contrapartida de ese negocio, los políticos reparten subsidios entre diferentes sectores de la sociedad para mantenerla tranquila. En definitiva, cuando digo que hay 21 millones de personas que pasan todos los meses por la ventanilla del estado para cobrar un cheque y que en el sector privado somos solo 6,5 millones que mantenemos a esos 21 millones, lo que estoy diciendo es que 6,5 millones tenemos que mantener todo el negocio que armó la política para obtener su renta y repartir subsidios a diestra y siniestra.
Definitivamente nuestro problema no es un problema ideológico. Ahora tenemos que pensar como desarmar un negocio que se inventaron los dirigentes políticos a partir de desvirtuar la democracia y transformarla en una competencia populista.
ESTA NOTA FUE PUBLICADA ORIGINALMENTE EN http://www.infobae.com
