Un diagnóstico respetable de la crisis argentina de hoy es que una de sus principales causas es el enorme gasto público con baja productividad, el déficit consecuente, la carga impositiva asfixiante que origina, la deuda gigantesca que se contrae que merece mejores destinos, la usurpación de recursos que debieran destinarse a inversiones productivas y a creación de fuentes de trabajo genuinas. Una cadena viciosa condenada por los resultados y el clamor social de dificultades, con pedidos al estado al que se lo responsabiliza, antes que la búsqueda de soluciones propias o desde asociaciones emprendedoras.
Esta visión atendible y objetiva la comparten la mayoría de los dirigentes políticos, empresariales, gremiales y sociales, los más sin reconocerlo; sin embargo no ha originado políticas y liderazgos con valentía para proponer y organizar correcciones, las que son imprescindibles para encauzar un camino natural de recuperación, crecimiento y desarrollo.
Una de ellas es que inevitablemente se deben remover en tiempo prudencial cargos y oficinas oficiales poco útiles, que en realidad son cargas sociales. Pareciera que así no se ganan votos, en verdad con estas transformaciones se crearían nuevos puestos de trabajo y de mejor calidad, con ellos mayor apoyo futuro y se valoraría la buena gestión. No lo encaran sobre todo la dirigencia política, porque arriesgan perder poder y su manipulación lo que señala el bajo nivel, ineficacia e irresponsabilidad histórica de los dirigentes. Por ejemplo el sólo hecho de no suplantar personal que se jubila, disminuiría más de 3% el plantel anualmente; agregado habría que negociar retiros en condiciones de mantener sueldos por tiempo razonable, que permita encontrar las fuentes de trabajo que surgirán de menores cargas impositivas.
Otra de las causales de la decadencia y pobreza argentina, es la de vivir en campañas proselitistas permanentes, que impide trazar y ejecutar políticas estructurales que son las transformadoras. La realidad es que vivimos en continuo marketing sin propuestas de fondo, encima con varios comicios como en Santa Fe que pueden llegar a 5 en 2019. Costos altos, 3.000 millones sólo las PASO nacionales, que deberían tener mejor destino como ser bajar impuestos. La reforma electoral es una necesidad imperiosa que requiere debates y leyes prontas, cambiar a períodos de 6 años para representantes con elecciones cada tres con relevos por mitades, simultáneas en todos los distritos y todos los cargos, con fecha fija. La autoridad electoral debe ser independiente al gobierno y a participantes.
Correcciones como la inflación, y reformas como laboral, previsional y tributaria debemos emprender sin demora; todas juntas imposible pero comencemos con algunas, en campaña o después con la idea que son sustanciales y contribuirán a elevar el debate. Hay que superar la mediocridad de hablar sólo de candidatos, o de buscar la presencia de alguno o alguna nada más que funcional a la facilidad de triunfo desestimando lo importante.
Cabe preguntarse cómo se podrán consensuar e implementar con participación del populismo, cuya visión e historia no se asemejan. Pero debe intentarse contra viento y marea en tiempo prudencial; de no conseguirse habrá que encararlas resueltamente como políticas de gobierno firmes con instrumentaciones y controles eficientes. No sencillas pero imprescindibles y posibles, probadas por otras sociedades a las que les ha permitido mayor bienestar.
Casilda, Abril de 2019