EDITORIAL DE LA NACIÓN – El paquete de medidas que el Gobierno anunciará pasado mañana, con el objetivo de incentivar el consumo y controlar la inflación, es mirado con recelo por economistas, empresarios y especialistas del sector, que coinciden en que las herramientas que se barajan, como el acuerdo de precios o el Ahora 12, entre otras, tienen un alcance limitado.
La opinión general, además, es que el contexto en el que se intentará aplicar este “salvavidas” tiene una complejidad adicional por la incertidumbre sobre el tipo de cambio, el impacto del aumento de las tarifas de servicios públicos y la caída del poder adquisitivo de los salarios.
Camilo Tiscornia, director de C&T Consultores Económicos, recuerda que la teoría y la evidencia económica indican que la inflación está afectada por las expectativas de la gente. “Para quebrar eso, hay que hacer un cambio de política económica y régimen monetario. Pero eso no ha sido posible para este gobierno, por eso aparece esta idea de acuerdos de precios, que en el actual contexto pueden tener muy poca eficacia”, explica el economista.
Tiscornia señala que, en este momento, prevalece una gran incertidumbre por las elecciones y eso, a su vez, hace que se especule con que el dólar seguirá subiendo y con que no se va a hacer el ajuste fiscal, por lo que va a haber más emisión y más inflación.
“Por eso, los acuerdos de precios no son la solución. Creo que el Gobierno lo sabe, pero quiere mostrar que está preocupado por el tema”, concluye.
Ariel Coremberg, economista y director del Centro de Estudios de la Productividad de la UBA, señala que colocar el foco en la etapa minorista final, sin adecuar los costos de la cadena de valor, puede resultar en un fracaso. “La continuación de los aumentos indexados de tarifas es el principal problema que van a tener los acuerdos de precios, porque eso reduce la rentabilidad de la etapa minorista, con casi seguro traslado del ajuste de los supermercados sobre las pymes”, agrega.
Miguel Ángel Calvete, presidente del Instituto de Estudios de Consumo Masivo (Indecom), que además fue dueño de los supermercados Eki y secretario de la Cámara de Supermercados Chinos, entiende que “lo más probable es que muchos de los que se comprometan a mantener estos precios no puedan cumplir. Y eso deriva en una sola cosa: desabastecimiento”.
Según Calvete, en un panorama como el actual, en el que no se sabe cómo puede impactar el valor del dólar en los productos, es muy difícil cumplir lo pactado. “Además, 65% de la góndola lo acaparan 30 grandes compañías, y así no se puede pretender que funcionen los acuerdos. El error es no dejar participar a pequeñas empresas y no regionalizar la medida, porque las grandes siempre te condicionan y manejan el precio”, agrega.
La concentración en la góndola
Víctor Fera, presidente de Maxiconsumo y de Marolio, considera que “lo único que hace bajar los precios es la competencia”. “Hoy las primeras 20 empresas del país dominan las góndolas y, aunque digan que congelan el precio por un tiempo, siguen teniendo el poder y cobran sobreprecio en otros productos”, enfatiza.
Gran parte del empresariado prefirió el silencio. Apenas un tibio “off” salió de la boca de un importante representante del sector: “En el corto plazo es una solución provisoria para que haya cierta estabilidad en los precios de los productos más necesarios, y eso llevará tranquilidad a la gente. Más adelante hay que buscar soluciones de fondo para controlar la inflación, porque las empresas hacemos lo posible por ayudar en esto, pero a la vez tenemos que tener rentabilidad para poder pagar los sueldos”.
Por su parte, el economista Gustavo Lázzari dice que, desde el punto de vista técnico, el control de precios y el acuerdo de precios, no sirven. “Si no se deja que las preferencias de consumidores y productores se ajusten a cada cambio, se genera desabastecimiento en algunas partes y sobreabastecimiento en otros”.
El economista Manuel Solanet, de la Fundación Libertad y Progreso, apela a la historia para reforzar su opinión sobre las limitaciones de los acuerdos de precios. “Desde el emperador romano Diocleciano, en el año 300, hasta la fecha, siempre fracasaron. Solo han servido para dar satisfacción inicial a un requerimiento popular, ya que la mayoría cree que los culpables de los aumentos son los comerciantes y los empresarios. No es así, la inflación tiene causas macroeconómicas enraizadas en la sociedad y en la cultura. Exige soluciones que tienen que ver particularmente con las políticas fiscal y monetaria”, analiza.
En medio del escepticismo, aparece una voz que sugiere que el paquete de medidas en cuestión no solo es positivo, sino necesario y oportuno. Esa voz es la de Guillermo Oliveto, especialista en tendencias sociales y de consumo. Aun así, a la hora de responder sobre si resuelve el problema de fondo, opina: “No, no lo resuelve. Pero ayuda”.
Lo que observa Oliveto es que la implementación de este paquete se concretará en mayo, junto con la llegada de los aumentos de sueldos (públicos y privados). Por lo tanto, la conjunción de más dinero en la calle y del incentivo creado por estas posibles medidas aumenta chances de poner al consumo en un mejor lugar que el actual. “Sobre todo, en el caso de alimentos y bebidas. No va a ser un boom, pero se romperá la inercia”, estima el experto.
Otro especialista en consumo, Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market, señala que lo primero que hay que entender es que los precios suben en un contexto de caída del consumo, por lo cual el efecto de la inercia inflacionaria estará presente durante el recorrido de lo acordado.
“Si la inflación corre por encima del acuerdo, lo que no se ajuste por precio en el ciclo de vida convenido se ajustará por cantidad, es decir ofreciendo menos de ese bien en góndola”, indica.
