EDITORIAL LA NACIÓN – La flamante fórmula presidencial Fernández-Fernández bien puede calificarse como representativa de la corrupción. En efecto, hay certeza sobre la responsabilidad de Cristina Fernández de Kirchner en graves delitos de corrupción. La palabra certeza es definida como “conocimiento seguro y claro que se tiene de algo”. Las evidencias son irrefutables. Varios de sus funcionarios y ayudantes directos -y hasta el propio contador de su familia- han declarado y descripto los hechos de forma coincidente. Los delitos relatados en los cuadernos de Oscar Centeno han sido confirmados por él. Resultaría inverosímil aducir su falsedad por el hecho de que se conservan fotocopias luego de haber sido devueltos y destruidos los originales. Los empresarios que pagaron las coimas que allí se mencionan han confirmado los hechos. El recuento de billetes en La Rosadita ha sido filmado, al igual que el dinero injustificable aparecido en la caja de seguridad de la hija de la expresidenta.
La abundancia de pruebas abrumadoras no guarda consonancia con la lentitud de la Justicia para dictar condenas. Ha crecido la sospecha de que los jueces estiran los plazos procesales a la espera de la clarificación de los resultados electorales. Esta presunción se ha acentuado ante la decisión de la Corte Suprema de solicitar al Tribunal Oral Federal Nº 2 el expediente de la causa Vialidad, cuyo juicio oral debe iniciarse este martes. Tal resolución, tomada llamativamente luego de contactos que miembros del máximo tribunal tuvieron con Alberto Fernández, fue un intento frustrado por la reacción de la sociedad. El anuncio de la fórmula Fernández-Fernández parece haber sido la réplica.
Frente a las abundantes pruebas reunidas en las investigaciones a Cristina Kirchner, muchos se preguntan cómo puede explicarse su elevada intención de voto. Tal vez haya una importante cantidad de sus seguidores que no acceden a la información o no razonan sobre las evidencias. De´cadas de peronismo han logrado relativizar el valor moral de la honestidad en el ejercicio del poder. Lo ejemplifican las recientes palabras de Guillermo Moreno en el sentido de que se puede “vivir de lo ajeno, pero con códigos”.
No obstante, no puede haber comprensión ni interpretación generosa para quienes desde la política o la intelectualidad rodean a la senadora Kirchner. Su adhesión no se explica sin aceptar que han abandonado valores morales. Algunos, por privilegiar su ideología; otros, por mera conveniencia. A ese grupo, que seguramente tiene pleno conocimiento y conciencia de los delitos cometidos, le cabe el calificativo de cómplice político. Una reciente fotografía que agrupa a dirigentes junto a la expresidenta en la sede del PJ ha tenido amplia difusión. Allí aparece el flamante candidato presidencial ungido por Cristina Kirchner, Alberto Fernández, junto a otras personas que, al igual que él, oportunamente habían elegido distintas vertientes políticas para criticar desde allí´ a quien ahora alaban. Algunos de ellos fueron maltratados por ella en forma humillante. Sin embargo, han hecho del oportunismo el motor de su vida pública. Su honor y decencia han quedado sepultados por la hipocresía y la deshonestidad.
El posible retorno al poder por la vía eleccionaria como vicepresidenta de una persona largamente acusada de corrupta es, de por sí, un hecho muy difícil de comprender para el resto del mundo. También, para los ciudadanos argentinos que sostienen los valores de la honestidad y del esfuerzo, y que no se resignan a semejante descalificación como nación. Esa sola posibilidad habla mal de nuestro país y de su capacidad para salir de la decadencia. ¿Merece la Argentina estar frente a la posibilidad de una alternativa que la descalificaría moralmente ante el mundo? Ciertamente no, pero depende del voto de los propios argentinos que ello no suceda.
