LA NACIÓN – Las recientes turbulencias cambiarias muestran que los argentinos y extranjeros temen lo que pueda resultar de las elecciones y, por eso, prefieren transformar sus ahorros en dólares guardándolos en el fondo del ropero, en una caja de seguridad o enviándolos al exterior.
Gane quien gane, tendrá que renegociar lo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que difícilmente tengamos los recursos necesarios para pagar los vencimientos del próximo año. Por suerte, el organismo internacional también lo sabe, pero nos darán más plazo y nuevos recursos (no necesariamente propios, pueden ser de otros países) si aceptamos profundizar las reformas estructurales que necesita el país. Estas últimas son el único camino para que la Argentina crezca a altas tasas y que sea pagable una deuda pública que superará este año el 90% del PBI.
La oposición ha aclarado que no va a reestructurar los pasivos del Estado. Sin embargo, nadie en su sano juicio va a una cesación de pagos por propia voluntad. El problema es que es utópico pretender que el FMI renegocie un acuerdo más beneficioso para que hagan lo que se ha venido haciendo hasta ahora, llevándonos de crisis en crisis. O sea, que si la oposición no entiende la urgencia de realizar las reformas estructurales que siguen pendientes desde hace décadas, será ineludible un default. Ahora, si son conscientes de lo anteriormente dicho, sería una actitud responsable anunciarlo para que los argentinos podamos estar más tranquilos sobre nuestro futuro, moderando las corridas cambiarias y fugas de capitales perniciosas para todos.
Por ello, sería positivo que los candidatos que no quieren ir a un régimen populista firmen un acuerdo con puntos básicos que indiquen la voluntad de ser un país normal. Es más, podrían comprometerse a que, si alguno de los firmantes va a una segunda vuelta contra alguien que no participó del acuerdo, todos darán su apoyo explícito al que sí firmó.
También Cambiemos debe entender la urgencia. Más allá del discurso oficial, poco se ha hecho en ese sentido en esta primera gestión. Por temor a que la gente no apoye lo que ellos mismos admitían debía hacerse, se apostó a que algunos problemas se licuarían con crecimiento y otros podrían encararse en un indeterminado futuro donde se tendría más poder. Una ficción que se desmoronó el año pasado. Ahora, solo queda reconocer el error y asumir un compromiso público fuerte en términos de que se profundizarán las reformas estructurales. Es la única forma de mejorar la credibilidad del actual gobierno y hacer más manejables las inevitables turbulencias preelectorales.
No solo eso. El Presidente debe empezar a liderar ya la transformación económica, avanzando en aquello que se puede hacer por resolución o decreto. Es cierto, pisará muchos callos de corporaciones parasitarias. Por ejemplo, mucho de la reforma laboral se puede hacer sin necesidad de sancionar leyes. Ahora, ¿el Gobierno realmente cree que los gremialistas no harán lo imposible para que pierda las elecciones? Conclusión, no hay ningún motivo para esperar.
Es imposible crear empleos productivos con una legislación laboral arcaica en un mundo en el que la tecnología modifica las formas de trabajo a una velocidad cada vez mayor. Por eso, en las últimas décadas, la única forma de bajar el desempleo terminó siendo licuar los costos laborales con alta inflación empobreciendo a los trabajadores. Deben reducirse los costos no salariales que impone la actual legislación y eliminar los desincentivos a emplear que tiene la normativa local. Hay que proteger a los que tienen trabajo, pero no sobreprotegerlos, porque eso termina desprotegiendo a alrededor de la mitad de los argentinos, sumiéndolos en la informalidad y el desempleo.
Es imposible que la Argentina crezca con el Estado gigante que se heredó de la anterior gestión; pero que poco adelgazó durante la actual. Casi todo lo que bajó de peso fue gracias a ir quitando los subsidios a los servicios públicos. Eso estuvo bien, pero debió acompañarse de una merma de la “grasa inútil” estatal. Esto se puede hacer en dos años sin dejar sin ingresos a nadie, como se demuestra en nuestro informe titulado “Se puede y se debe bajar el gasto público, y acá proponemos cómo”.
El sector productivo, que es el que genera la riqueza para pagar las cuentas propias y las del Estado, se encuentra asfixiado por una maraña de 163 tasas municipales, impuestos provinciales y nacionales que hay que reducir bajando la carga tributaria antes de que quiebre.
Además, la maraña de regulaciones burocráticas absurdas es tal que hasta los funcionarios que deberían aplicarlas admiten no conocerlas todas. Debe diseñarse de cero un sistema regulatorio eficiente y el estrictamente necesario. Luego, ponerlo en vigencia y derogar todas las normas viejas que se opongan a él.
Esperemos que nuestros políticos asuman la responsabilidad de resolver los problemas de fondo antes que los licúe una crisis, como tantas veces pasó en nuestra historia.
