Miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso. Licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina. Es consultor económico y Profesor titular de Economía Aplicada del Master de Economía y Administración de ESEADE, profesor titular de Teoría Macroeconómica del Master de Economía y Administración de CEYCE.
INFOBAE – La preocupación que tienen los empresarios por la futura política económica no aparece en la agenda de los candidatos a la presidencia
Típica pregunta que me formulan en alguna entrevista periodística o en alguna conferencia sobre la situación económica: ¿cuáles serían a su juicio las dos o tres medidas que debería tomar el gobierno para que Argentina pueda volver a crecer? Obviamente, la pregunta viene luego de haber hecho una pormenorizada descripción de la situación económica heredada del kirchnerismo, de nuestra larga decadencia y de los problemas que le agregó Cambiemos a la herencia k. En otras palabras, a pesar de ver lo profundo de nuestros problemas económicos, mucha gente sigue creyendo que con dos o tres medidas concretas salimos eyectados al progreso, lo cual indica que no se termina de conocer la real dimensión de nuestra larga decadencia y que, en definitiva, no pasa por la economía solamente.
De todas maneras, ante esa pregunta suelo contestar diciendo que las medidas necesarias para salir adelante son: 1) la reforma del estado con baja del gasto público en los tres niveles de gobierno, 2) una profunda reforma tributaria, 3) una modernización de la legislación laboral y 4) incorporar la economía argentina al mundo.
Si en las décadas del 80 y 90 el gasto público consolidado representaba el 30% del PBI y actualmente está en el 47% del PBI, reducir esos 17 puntos porcentuales implica bajar el gasto público consolidado en U$S 85.000 millones para volver a los niveles pre k. Eso significa que las provincias tendrían que reducir el empleo público en un 70% promedio que fue lo que aumentó entre 2003 y 2017, cuando el kirchnerismo escondió la desocupación en el empleo público provincial, municipal y nacional.
Significa comenzar a recortar y ponerle un límite de tiempo a la interminable lista de planes “sociales” que está repartidos en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, la ANSES y demás organismos estatales. Estimar los millones de personas que se benefician con esos planes “sociales” requiere de un gran esfuerzo de revisar el presupuesto nacional punto por punto, porque los planes están repartidos en diferentes áreas del gobierno. No todos los planes sociales están en el ministerio que maneja Stanley, aunque sí la mayoría. Pensiones no contributivas como pensiones por invalidez, cuyos beneficiarios aumentaron en 1.000.000 de personas durante la era k, tiene un presupuesto para este año de $ 1140.000 millones. Habrá que revisar en que se gastan $ 21.800 millones en Apoyo al Empleo. $ 17.400 millones en Proyectos Productivos Comunitarios. $ 1.564 millones en Abordaje Territorial. $ 7.436 millones en Pensiones otorgadas a piacere por legisladores. $ 1.600 millones a Ex – Presos Políticos. $ 2.400 millones en Acciones de Capacitación Laboral. $ 4.900 millones en Seguro de Desempleo y el listado sigue. Acá se reparten miles de millones de pesos en planes “sociales” para terminar con la pobreza y la desocupación, y cada vez tenemos más pobres y desocupados. Evidentemente el camino no es por acá.
Bajar el gasto público, significa imaginar qué se va a hacer con el sistema previsional ya que el kirchnerismo le metió 3,7 millones de jubilados y pensionados que nunca había aportado al sistema previsional, con lo cual más que duplicó la cantidad de beneficiarios de pensiones y jubilaciones y este año se destinarán recursos por $ 525.000 millones para pagarle jubilaciones a quienes nunca aportaron.
Los “sensibles” me dicen: ¿y qué hace el estado con esa gente, la deja morir de hambre? Mi respuesta es que el estado no tiene plata propia para financiar todos esos planes, en todo caso lo paga el contribuyente. La existencia de ese gasto público implica altos impuestos que espantan las inversiones, endeudamiento que dispara la tasa de interés a niveles insólitos y una recesión que dejó sin trabajo, entre marzo de 2018 y marzo de este año, a 161.000 empleados del sector privado que trabajan en relación de dependencia mientras que el empleo público nacional, provincial y municipal aumentó en 4.000 puestos. En otras palabras, en nombre de la solidaridad, le transfirieron todo el costo del ajuste al sector privado y parece que a nadie le importa toda esa gente del sector privado que queda en la calle. Es más, pareciera ser que los únicos que tienen derechos son los piqueteros que cortan la 9 de julio todo el tiempo para reclamar más plata que sale de los bolsillos de la gente que va a trabajar y los mantiene. Es decir, no solo la gente tiene que mantenerlos con el fruto de su trabajo, sino que encima los piqueteros le hacen la vida imposible a los que van a trabajar para mantenerlos a ellos.
Un país en el que el 50% de su presupuesto pasa por el ministerio de Salud y Desarrollo Social, muestra un país que ha fracasado en generar las inversiones necesarias para que la gente pueda vivir del fruto de su trabajo, pagar su propia medicina y ahorrar para cuando llega el momento de su retiro. Esa relación, lejos de mostrar un estado solidario, refleja un país fracasado.
En materia impositiva, hay doble imposición en varios niveles. Ejemplo, el impuesto a los débitos bancarios se paga incluso para pagar impuestos. Es decir, hay que pagar impuestos para pagar impuestos. Cuando una persona o empresa paga el impuesto a las ganancias, paga el impuesto a los débitos bancarios para pagar el impuesto a las ganancias. El nefato SIRCREB mete la mano en las cuentas bancarias de la gente sin pedir permiso. Asumen que cualquier ingreso que tengo en mi cuenta bancaria es fruto de una venta y por lo tanto hay que pagar ingresos brutos. Si una de mis hijas me transfiere dinero para que pague la extensión de su tarjeta de crédito, SIRCREB considera que es un ingreso por ventas que hice y mete la mano cobrando ingresos brutos.
Los municipios cobran una tasa de higiene a las empresas que están instaladas en sus municipios que no es otra cosa que una tasa sobre lo que factura la empresa, con lo cual se superpone con ingresos brutos. ¡Una verdadera locura!
En materia laboral sabemos que la industria del juicio hace que las empresas tengan pánico de contratar personal, porque en Argentina, contratar a una persona es sinónimo de adoptarla de por vida.
En definitiva, cuando uno explica solo algunos de estos puntos inmediatamente surge el problema de fondo: ¿quién está en condiciones de hacer todos estos cambios? Y la respuesta es que hoy no hay nadie en el mundo de la política que se anime a impulsar cambios en esta dirección. Más bien todos compiten para ver quién es más solidario con la plata ajena, terminando en una competencia populista donde el que más promete revolear el trabajo ajeno, más votos parece obtener.
Ni siquiera los políticos tienen el espíritu de estadístas marcando el camino. Todos se limitan a ver qué dicen las encuestas y hablar de esos temas, porque lo importante es ganar las elecciones. Luego se verá qué se hace si se ganan las elecciones.
Argentina carece de una dirigencia política que marque una agenda de cambió de valores. Se limita a repetir el discurso sentimental de ayudar a los que menos tienen, con el problema que a esos terminan hundiéndolos más por las políticas anti inversiones que llevan a cabo destrozando a la gente con impuestos. Finalmente los 6,5 millones de personas que trabajamos en blanco para mantener a los 21 millones de personas que todos los meses pasan por la ventanilla del estado a buscar su cheque, nos cansamos de producir para mantener a planeros, empleados públicos en todos los niveles, asesores de legisladores, ñoquis en las provincias, municipios y nación. En definitiva, son muchos los que consumen sin producir y cada vez menos los que producimos para mantener a los primeros.
Con ese mecanismo, la pobreza y la indigencia están garantizadas. Ahora bien, de todo lo anterior se desprende que este monumental problema económico no lo podemos resolver los economistas solamente. Solo podemos decir qué hay que hacer. La palabra final la tienen los políticos, que son los que tienen que llevar adelante las reformas necesarias, pero los políticos están más preocupados en ganar las próximas elecciones que en construir un país.
Así se hace muy difícil salir de nuestra larga decadencia.
ESTA NOTA ORIGINALMENTE FUE PUBLICADA EN http://www.infobae.com
