EL ECONOMISTA – Las empresas están obligadas a pagar tasas de interés que no representan el precio del ahorro sino el riesgo de default de un Estado que se lleva todo el crédito.
Están obligadas a pagar impuestos sobre los impuestos y a la vez, impuesto inflacionario sobre ganancias que no se obtienen.
Además, un enjambre de regulaciones incrementa los costos y lesiona la relación laboral entre empresas y trabajadores, sin dudas el contrato más preciado de la economía.
Según el Iaraf, Argentina cuenta con 163 impuestos y 100 mecanismos arbitrarios y compulsivos de recaudación y préstamos forzados.
Bajo la falacia de “cuando hay ventas todo se paga” los empresarios hemos sido cómplices de este desastre fiscal. La no participación activa en defensa de la propiedad ha llevado a que mitos de la política se traduzcan en impuestos.
Sólo diez impuestos explican el 90% de la recaudación. 153 impuestos no sirven para nada, sin embargo, son motivo de molestias, trámites, multas, intimaciones, reclamos, juicios, cuando no de coimas.
Curiosamente un país con un vencimiento por cada día hábil no ha tenido una rebelión fiscal con excepción del glorioso conflicto del campo en 2008.
Argentina ha transformado a sus empresarios en gestores administrativos y en tesoreros del Estado. La peor inversión imaginable.
Es necesario, además de reformas macroeconómicas (reforma del Estado, apertura, moneda, y demás) una reforma microeconómica para que las empresas vuelvan a ser agentes de inversión, creación de riqueza y demandantes de trabajo.
Lejos de buscar negocios, oportunidades de crecimiento, inversiones, ampliaciones de planta, búsqueda de personal, nuestros empresarios se han convertidos en cazadores de pesos para cubrir la necesidad de un Fisco (nacional, provincial y municipal) insaciable.
El lector podría hacer un ejercicio simple. ¿Cuánto tiempo y energía del día dedica a impuestos y regulaciones pavotas? Ese tiempo no lo usa para producir.
Lejos de vender, comprar, producir y mejorar procesos nuestros empresarios se han convertido en “manchapapeles”, peregrinos de pasillos e intérpretes de normas ridículas e irracionales.
Los avances de los “trámites a distancia” y “gobierno electrónico” no cambian la esencia. El empresario debe pedir permiso para cada operación. La libertad de comercio sucumbió frente al poder irrefrenable del funcionario supuestamente protector. La digitalización muchas veces sólo reemplazó las manchas de tinta en los dedos por el revoleo casi deportivo de los mouse frente a sistemas que se cuelgan mareados por tantos permisos.
Hay 620.000 pymes en Argentina. Representan el 60% del empleo total pero el 80% del empleo privado. Además de grandes generadoras de empleo, en tiempos de crisis, son los amortiguadores sociales más importantes debido a las relaciones interpersonales que se generan en el seno de las empresas.
Dicho sector está siendo devastado por la voracidad estatal en todos los niveles. Cual cazadores hambrientos los fiscos persiguen pymes en busca de un jugo que no existe. Es curioso que nuestros políticos no perciban que habiendo 163 impuestos nunca logren tener superávit. En rigor además del gasto obsceno e inescrupuloso están exprimiendo naranjas secas. No hay jugo. Las pymes no dan más.
No conforme con la presión impositiva global más alta de la Historia, el Estado absorbe todo el crédito bancario. Hoy una pyme en un banco (o SGR) es mala palabra. No hay crédito salvo a tasas prohibitivas de nombrar, ya no de aceptar. Los bancos mueren por comprar Leliq al 70% antes que prestarle a una pyme. Es curiosa la explicación que nos brindan los gerentes. “El estado es más seguro” o “Si una pyme no paga el problema es mío, si el Estado no paga el problema es de todos”. Bizarro.
Así hemos convertido al sistema bancario en cajas de recaudación del Fisco. Un sistema bancario prebendario sin gimnasia productiva más allá del feliz ejercicio de la bicicleta.
Es necesario, además de reformas macroeconómicas (reforma del Estado, apertura, moneda, y demás) una reforma microeconómica para que las empresas vuelvan a ser agentes de inversión, creación de riqueza, demandante de trabajo e innovación antes que meras bases imponibles de impuestos que nunca alcanzan y para nada sirven.
Necesitamos candidatos hablando de regulaciones base cero, libertad laboral para el empleo incremental, techo impositivo y un plan de salvataje para las deudas fiscales y financieras de las pymes. Un salvataje que no es subsidio, sino el reconocimiento del ahogo estatal.
Sólo imaginemos si cada una de las 620.000 pymes contratara una persona adicional por año.
