EL ECONOMISTA – En 2017, la empresa de energía Axion inició un juicio a la Municipalidad de Quilmes por la inconstitucionalidad de la Tasa de Seguridad e Higiene que dicho municipio le cobra a la mencionada empresa.
La Tasa de Seguridad e Higiene es un impuesto que cobran los municipios a empresas, negocios e incluso emprendimientos mínimos con dudosa explicación. De hecho, no es fácil encontrar en los sitios web de los municipios los conceptos de la supuesta prestación que debería financiar dicha tasa.
El concepto de tasa presupone una contraprestación real. Los municipios deben realizar alguna tarea y la tasa es el precio de financiar los costos inherentes a la realización de la misma.
Sin contraprestación, toda tasa es un impuesto, más allá de cómo se disfrace y cómo se denomine. Las intendencias, en especial en el GBA, son marcadamente ineficientes y de dudosa transparencia. Resulta muy difícil mencionar en la misma oración las palabras “municipio”, “seguridad” e “higiene”.
Prueba de ello es que en ningún caso, según un estudio de Iaraf, la “tasa de seguridad e higiene” guarda relación con el costo marginal de producción de tal servicio. De hecho se cobra en función de la facturación y/o en función de un canon fijo por metro cuadrado. En muchos casos entre ambos criterios se determina “el que resulte mayor”, dejando en absoluta evidencia el propósito absolutamente recaudador y confiscador.
Debe tenerse en cuenta que un impuesto a las ventas del orden del 1% (promedio que cobran los municipios por dicha tasa) representa el 30% del impuesto a los IIBB y genera el mismo efecto cascada y distorsivo sobre los costos. Para una actividad con un mar-up del 10% sobre costos, la Tasa de Seguridad e Higiene representa el 30% del impuesto a las ganancias que tal negocio tendría.
En defensa de esta tasa distorsiva cuarenta intendentes de la provincia de Buenos Aires de todos los partidos políticos se fotografiaron haciendo presión a la Corte Suprema de Justicia.
La imagen es siniestra pues refleja a supuestos representantes del pueblo abroquelados, unidos, en defensa de la expoliación. Sin grietas y olvidando sus supuestas diferencias medulares intendentes peronistas, kirchneristas, de cambiemos y radicales no tuvieron el menor prurito en abrazarse y besarse en defensa de la corporación politica y la voracidad fiscal.
Dicha imagen además permite extraer otras lecciones.
El acceso a la Justicia es limitado. Una empresa Pyme o comercio de barrio no puede hacer un juicio a cada municipio y a cada provincia cada vez que le cobra un impuesto inconstitucional, tales como las tasas de seguridad e higiene, ingresos brutos, abastos, y alguno de los 163 impuestos y 100 mecanismos de cobros y prestamos forzados. Percepciones y retenciones.
El caso que nos ocupa muestra que es una empresa grande de energía la que puede pagar los costos y asumir los riesgos de acusar a un municipio de cobrar una tasa inconstitucional.
Una pyme o un maxikiosco no pueden enfrentarse a su intendente. Los intendentes liman asperezas para defender la voracidad mientras que los privados no podemos siquiera afrontar los costos de una representación legal ante el atropello estatal.
A su vez, los jueces jamás se han enfrentado al enjambre de impuestos y regulaciones. Todos sus considerandos son teóricos. Jamás les ha dolido la muela, así como a los comerciantes y empresarios nos duelen los bolsillos.
No faltara el juez que se apiade ante un intendente excusando que no tiene otra forma de cobrar. Es la misma excusa que manifiestan los delincuentes comunes antes de ir a prisión.
La Tasa de Seguridad e Higiene, además, es una fuente de corrupción y extorsión por parte de los intendentes hacia sus ciudadanos. Tal como los arbitrarios y complejos mecanismos de habilitaciones.
Juan B. Alberdi explica que el concepto de habilitación y licencia implica la negación de la libertad. La libertad de comercio es un concepto anterior. Tenemos derecho a comerciar y producir. Las leyes que regulan el ejercicio de dicha libertad no pueden violentarlo. Los intendentes deberían releer la Constitución.
Argentina necesita políticos responsables que cuiden los recursos de los ciudadanos y no que los expolien. La mentada unión nacional no debería ser para juntarse en las escalinatas de tribunales para pedir por más y peores impuestos.
