URGENTE 24 – El ingeniero Manuel Solanet fue quien tuvo que bailar con la más fea: administrar las finanzas argentinas durante la Guerra de Malvinas, y lo hizo con una idoneidad destacable. Luego fue víctima de una de las estupideces imperdonables del alfonsinismo: el boicot a Ricardo López Murphy para que no fuese ministro de Economía de Fernando De la Rúa, al caer José Luis Machinea. Esto impidió que Solanet regresa a la secretaría de Hacienda. Su caso, entre otros, corrobora que la sociedad argentina cayó al pozo por decisiones propias y no por enemigos externos. Fundador de la consultora Infupa, Solanet continuó activo e informado. Prueba de ello, su exposición en Ucema sobre errores y aciertos de la gestión Horacio Rodríguez Larreta: brillante. Entrevistado por Urgente24, él destaca que la propensión del argentino a gastar más de lo que se recauda ha sido la constante de las crisis fiscales que hizo que la economía detonara en todo este tiempo. Subraya que colectivamente hay una inclinación social a no tener en cuenta la restricción fiscal. Y es así como cualquier plan, como la tablita o la convertibilidad, fracasan. Emisión, endeudamiento e inflación son las herramientas de siempre para financiar el gasto fiscal y muchas veces las 3 juntas hacen disparar las variables y hacen explotar el sector externo, ya de por sí vulnerable. Se lamenta de que siempre haya prevalecido el intervencionismo, el estatismo y la aversión al capital extranjero y, en consecuencia, dejaran espacios muy limitados de tiempo, con una apertura ideológica que no dejó margen para que ningún plan de largo plazo culminara exitosamente.
El gasto militar y el político comparten una cultura que se transmitió al resto de la política.
Las Fuerzas Armadas la habían desarrollado después de muchos años de una estrategia de autoabastecimiento de insumos y equipamientos, por ese prurito de no depender de nadie.
Los políticos la sofisticaron por una conjunción de 3 ideas perversas:
> la elasticidad contributiva de los contribuyentes es casi infinita,
> la obra pública asegura una larga permanencia en el poder.
Manuel Solanet ha venido analizando los fenómenos económicos del país a través de algunos libros de su autoría, como “La hiperinflación del 89, “Notas sobre la guerra de Malvinas” (que escribió apelando a la información que recibía como tesorero del gobierno del entonces general Leopoldo Galtieri), y “Las reformas necesarias para crecer en libertad”, editado por la Fundación Libertad y Progreso, que compendia todas las experiencias.
Es el momento de la entrevista:
-¿Por qué no han dado resultado los planes económicos aplicados en el país?
-Nuestra sociedad y la actividad política como conjunto, desde que actúo en economía, nunca encajaron en las líneas de pensamiento útiles para que los planes sean exitosos. Ha habido una fuerte propensión al estatismo e intervencionismo en Argentina durante las dos últimas décadas, que introdujeron un factor de frustración para ser un país convocante de inversiones a una economía que logre la suficiencia y la competitividad necesarias para actuar en un mundo que se ha vuelto cada vez más exigente en ambos aspectos. No hemos tenido las capacidades para asimilar los avances en la tecnología. Es una sociedad que siempre ha estado prevenida sobre la inversión extranjera, bajo el argumento de las teorías de la dominación.
-¡Ni con militares ni con civiles en Casa Rosada!
-Terminó el gobierno de Alejandro Lanusse sin haber resuelto el tema del fuerte desequilibrio fiscal, pero el peronismo en lugar de corregirlo lo agrava. A tal punto que en 1975 se produce el Rodrigazo, que era un episodio esperado, por el fuerte desequilibrio que se había acumulado, adicional al heredado como consecuencia de los congelamientos de las tarifas de los servicios públicos del Plan Gelbard. En aquel momento, todas las empresas de servicios públicos eran estatales, de manera que sus pérdidas y ganancias formaban parte del esquema fiscal.
-¿Explotó la olla del Pacto Social?
-Cuando en 1973 asume Héctor Cámpora, su ministro de Economía, José Ber Gelbard, impone un plan de inflación cero, y lo que logra después de dos años de gestión es haber congelado las tarifas públicas y no el resto de los precios de la economía, empezando por los que se forman en los mercados internacionales, como los commodities y la carne, y pasando por los mismos salarios, que al poco tiempo de vigencia del plan soportaron presiones sindicales, que hicieron eclosión justamente cuando Celestino Rodrigo era el ministro.
-¿Eso fue lo que se llevó puesto al gobierno de María Estela Martínez de Perón?
-Hagamos memoria: en aquel entonces los salarios se definían por paritarias, pero necesitaban de la homologación del gobierno nacional. Cuando asume Rodrigo, acompañado por Ricardo Zinn, y deciden sincerar la situación de las tarifas de los servicios públicos, frente a costos que se habían catapultado, con aumentos del 100% a 200% de esas tarifas, se genera un clima político muy complicado y los gremios dicen ‘Tenemos que hacer ajustes similares en los salarios’. El gobierno responde haber estudiado la incidencia de esos aumentos de tarifas sobre el índice general del costo de vida y no supera alrededor del 30%, de manera que ‘No vamos a homologar ningún incremento salarial por encima de ese valor’. Resulta que en algunos sindicatos fuertes, como la UOM, se despachan con aumentos del 120%, y son acompañados por otros que se habían sujeto a la instrucción del gobierno, pero al ver que los metalúrgicos aumentaban en esas proporciones hacen lo mismo.
-¿Fue el sindicalismo el que detonó la bomba?
-‘Isabelita’, que era la Presidenta, dice que no se homologarán aumentos superiores al 30%, y le declaran una huelga general de 48 horas, con amplio acatamiento. A las 24 horas del paro cede el gobierno, homologa los aumentos salariales que se habían dispuesto en esas paritarias, y se produce una estampida de precios y salarios, lo cual da por tierra la intención de Zinn de recomponer la situación fiscal con un ajuste de los precios relativos cuyas consecuencias conocemos. Se va Rodrigo y se viene una etapa casi hiperinflacionaria, con sucesivos cambios de Presidente hasta que la situación se tornó no sólo económica sino políticamente insoportable, y hay que recordarlo: no había solución para la crisis que se había desatado, lo cual se evidenció políticamente cuando la oposición expresó, en la palabra de Ricardo Balbín, no tener solución para afrontarla.
El carrusel de la inflación
-¿Pero la historia volvería a repetirse?
-Disciplina fiscal implica no gastar más de lo que se puede recaudar. Y es un mensaje que a la sociedad le cuesta asimilar. La regla funciona en todas partes: en los países, en las empresas y en la casa de uno. Cuando se gasta más de lo que se recauda hay dos alternativas para resolver el desequilibrio resultante: o emitir dinero para financiarse o bien endeudarse. Argentina probó ambas cosas. El endeudamiento, que tuvo una eclosión muy violenta en 2001/2; la emisión, que tuvo períodos de fuerte inflación, cuya inercia se arraiga y torna una costumbre ajustar precios por más que no haya un motivo evidente para hacerlo, lo cual deriva en una indexación que pese a no estar instituida por ley, se encuentra implícita en los acuerdos comerciales y los contratos, de modo que actúa sobre el sistema de precios e imprime una inercia de la cual es muy difícil salir.
-¿El tándem inflación-endeudamiento suma y sigue en consecuencia?
-Nunca se dejaron de utilizar los dos instrumentos para financiar: el de la emisión y el endeudamiento, ninguno era suficiente. Hasta los años 40, el gasto público estaba entre 8 y 10 puntos del PBI, a mediados de los ´40 empezó a subir y se elevó a un nivel del orden de los 30 puntos del producto, promedio de los 20 años anteriores al 2001. A partir del 2003 empieza a subir en proporción al PBI y hoy estamos en 45 habiendo llegado a 47 en el 2015. La recaudación fiscal siempre siguió de atrás; por eso aumentaba también el déficit, que en muy pocos períodos fue controlado. A raíz de la fortísima devaluación del 2002/2003 hubo un período muy corto, de 2 a 3 años, de superávit fiscal en el gobierno de Néstor Kirchner, porque además hubo un retraso muy fuerte de salarios y jubilaciones. En ese entonces no estaban indexadas las jubilaciones y los salarios públicos quedaron muy rezagados comparativamente. En cuanto recuperaron su nivel real con el aumento que hubo en el personal de la Administración Pública y los subsidios sociales, el gasto se proyectó a un nivel absolutamente imbancable con impuestos.
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-¿Es voracidad fiscal lo que determina que los mismos de siempre paguemos más de un centenar y medio de impuestos?
-Entre nación, provincias y municipios juntan una enorme carga tributaria, pero hay otro factor muy importante, que es que dos tercios de las provincias reciben más dos tercios de sus recursos del gobierno nacional por el régimen de coparticipación, o sea que gastan con billetera ajena, lo cual genera una propensión a aumentar el gasto: los gobernadores tienen el beneficio de gastar más pero no el perjuicio de recaudar. En 1934, cuando nace el régimen de coparticipación, ha sido un permanente factor de crecimiento del gasto de provincias y municipios. En un país federal como el nuestro, los gobiernos nacionales tienen responsabilidades con la administración del gasto público.
-Dada su experiencia como consultor de fusiones y adquisiciones de empresas, ¿ha visto salir corriendo a inversores cuando se les muestra semejante cantidad de impuestos?
-El inversor no salía corriendo en el esquema de una presión impositiva del 25%, tal como fue hasta el 2002/2003, y un esquema de protección general que daba espacio para encarar ciertos sectores de la actividad industrial sin riesgos de competencia externa. Pero cuando la presión impositiva sube al 40% como el actual, el panorama cambia. Uno podría tener 105 impuestos que sumen 30 puntos del producto y no 40, que es la presión real de lo recaudado versus el PBI. No hay que olvidar la inflación. Y los que cumplen con todo el esquema impositivo soportan una presión tributaria mucho mayor, del orden del 50% al 60% en algunos sectores. Por ejemplo la consultoría:, en la firma mía (N. de la R.: Infupa) saco las cuentas y da 60%. Hay que cargar IVA sobre personal, que es el grueso de la actividad de una consultora, cargas sociales, ingresos brutos, los servicios, ganancias 35%. Considerando todo ésto, si facturara en negro, la diferencia virtualmente andaría entre 50% y 60%. O sea que el premio para evadir es inmenso.
-¿Qué hizo Ud. con el gasto cuando fue funcionario?
-Entramos con Roberto Alemann en diciembre de 1981 y empezamos a hacer correcciones. Me tocó el Presupuesto y lo hice nominal, no ajustable, con una restricción importante, y estábamos encaminados. Venía de varios años en el INPE (Instituto Nacional de Planificación Económica) trabajando sobre una base científica en inversión pública y cuando se aborda el gasto no se puede decir ‘Todo el mundo tiene que bajar un 10%’, sino que se trata caso por caso. Veníamos encaminándolo, llegó la guerra (N. de la R.: Malvinas), y chau. No la preveíamos para nada.
-Sin embargo, muchos interpretaron que con la guerra se intentó disimular una crisis económica…
-Es imposible convencer a la gente de que no fue así. Si bien había ocurrido una huelga un día antes de la guerra, no veíamos que estuviéramos ante un problema serio. Se había venido preparando unos meses antes, como posteriormente confirmé con personajes que habían tomado la decisión. Consideraron que era un acto heroico, patriótico, aunque no descarto que algunos hayan pensado que los salvaría. El tema de las islas Georgias, que fue el detonante, se empezó a planificar como cuatro años antes, o sea que no había una relación con la coyuntura. La guerra destruyó el poder político de ese gobierno, que ya estaba encaminado a una salida. El gasto económico prácticamente se limitó a la destrucción de armamento y me consta, porque yo manejaba la plata, que los pedidos extraordinarios por la guerra fueron leves. Ni el Fondo Patriótico, que me cuidé de que se manejara en forma transparente, se llegó a gastar todo. No se compró ni un avión, porque tampoco dio el tiempo para hacerlo. La historia muestra que es cierto, que los gobiernos militares no lograron solucionar la economía ni hicieron cambios en la política. Josè Martínez de Hoz intentó una política más liberal, de apertura, pero ese no era el pensamiento de los militares, proponíamos medidas de recorte de gasto, de privatizaciones, y no cuajaban.
-O sea, ¿el que gobierna aprovecha para llevar agua a su molino?
-El gasto militar era alto y fue una cultura que se transmitió al resto de la política. Las Fuerzas Armadas la habían estado desarrollando después de muchos años de una estrategia de autoabastecimiento de insumos y equipamientos, por ese prurito de no depender de nadie. Existía Fabricaciones Militares, que estaba en la petroquímica, siderurgia, minería; la Fuerza Aérea tenía injerencia en todo lo que fuera aluminio, tenía una fábrica de aviones; Armada tenía sus astilleros y durante la gestión militar se construyó otro el Domeq García para hacer submarinos. Con Chile, la diferencia consistía en que las Fuerzas Armadas de ese país eran muy profesionales, no tenían su fabricaciones militares. De modo que el gobierno militar chileno no tuvo resistencia interna a una política de apertura y con el gasto, que fue muy exitosa y los resultados se ven hasta el día de hoy.
-¿Existe una relación directa entre el gasto excesivo y la inversión insuficiente?
-El gasto ha ido aumentando gradualmente; en algún momento tuvo una reducción, pero ha sido determinante. La inversión siempre estuvo restringida, hubo épocas en que había más, las privatizaciones atrajeron muchas en la época de Carlos Menem. En Infupa hubo mucho movimiento con la convertibilidad, que era una regla muy buena, había sido una dolarización muy bien vestida que no fue consistente con el equilibrio externo. En realidad exigía que no hubiera déficit que fuera financiado por el Banco Central. Una de las razones de la emisión era comprar dólares y mantener la relación entre la base monetaria y las reservas. Como no se cumplió terminó por crearse una zozobra financiera que desembocó en el default.
-¿Por qué es tan alto el riesgo-país en Argentina?
-Sube cuando la decisión que toman los inversores de comprar bonos argentinos a una tasa de interés determinada refleja desconfianza sobre la capacidad de pago del Estado, de deuda pública. Ahora estamos ante un cambio político o la reelección de Mauricio Macri, lo que genera una expectativa. Si sigue el actual gobierno, se supone que habrá aprendido para hacer lo que no se hizo en el primer mandato por aplicar gradualismo. Ahora si viene el kirchnerismo, la cuestión va a ser más dura.
Con nosotros, la hiper
-¿Por qué tampoco los planes económicos aplicados en la nueva etapa de la democracia habían dado resultado?
-El Plan Austral parte de un esquema teórico de reducción de gastos que no se produjo y de congelamientos y así termina en el plan Primavera, que era un mixed entre el plan Gelbard y del Domingo Cavallo inicial (N. de la R: ya había participado del interinato presidencial del general Horacio Tomás Liendo, y presidente del Banco Central en el inicio de Reynaldo Bignone). El Austral había hecho el cambio de moneda con desagio para eliminar las expectativas inflacionarias en los contratos. Fue muy ingenioso, pero estaba muerto en su propia base cuando no se hizo lo que Raúl Alfonsín prometió de que el Banco Central no financiaría al Tesoro. Dejó de endeudarse pero no dejó de financiar con emisión. Como tenía un esquema de congelamientos no pudo ser cumplido; luego fracasó el Plan Primavera, y así se llegó a la hiperinflación, una experiencia muy novedosa en el país. La defino como la situación en la que se corta la cadena de pagos. Cuando nadie vende porque no conoce el precio de reposición. Fue muy traumática desde el punto de vista político, porque le permitió a Menem, quien prometía el ‘salariazo’ y otras ideas de tipo tradicional, hacer un giro y poner en marcha una política que no se hubiera aceptado de no existir una crisis social y política de esa magnitud. Después de un fallido intento, cuando adopta el plan Bunge & Born, llega Cavallo y aplica una reforma monetaria, de hecho una dolarización, pero con las privatizaciones Menem consiguió bajar el déficit de 8 puntos del PBI a 2 puntos del PBI, lo cual generó un impacto muy fuerte. Tuvo en la primera gestión de gobierno un crecimiento interesante, pero su empeño en la re-reelección durante el segundo mandato lo hizo resignar impulsos, al no llevar adelante la llamada reforma de segunda generación. Acumuló un incremento de la deuda por un déficit entre 2 y 3 puntos del PBI, a partir de los 32 puntos de relación deuda/PBI después del Plan Brady, y al finalizar la gestión lo había mandado arriba de los 50 puntos. Como había sido un deudor consuetudinario, los mercados no le aceptaron a Argentina ese nivel de endeudamiento, pero sobre todo por las tendencias exteriores. El problema le cae al sucesor de Menem: Fernando de la Rúa.
-¿Cómo se hace cuando los bancos primero ofrecen créditos a mano abierta y después cortan el chorro y exigen repago?
-Es cierto que con el boom petrolero la colocación de deuda por parte de los bancos había sido muy dispendiosa con los países emergentes y que después del Tequila la plaza internacional se endureció y se puso muy restrictiva. El riesgo-país saltó con De la Rúa encima de los 1.000 puntos básicos y ahí volvemos con Ricardo López Murphy en 2001, me dieron la responsabilidad de la reforma del Estado, en una secretaría donde estuve dos semanas. Ahí nos percatamos de que si no encarábamos un ajuste importante no íbamos a conseguir el suficiente apoyo en las expectativas del mercado. Pero la sociedad no creía en esas cosas, no hubo acompañamiento de la coalición de gobierno, que se resquebrajó con las renuncias del Frepaso y también de radicales, y aparece Cavallo con una versión pactista más simpática.
-¿Cómo fue eso?
-Había trabajado en reestructuración estatal, mirando lo que habían hecho Nueva Zelanda y Estados Unidos, y en 1995 le presentamos a Menem el plan de racionalización del Estado, que él desechó aduciendo que ya había hecho todo lo que había que hacer con las privatizaciones. Con el mismo manifiesto regresé en 2001 a la Secretaría y se asustaron todos, porque contenía algunas propuestas que contradecían la religión argentina, como por ejemplo que las universidades arancelen a aquellos que pueden pagar. Acá se toma como si se ofendiera a la madre. Y sin embargo, hay en la universidad pública dos tercios de alumnos que vienen de la escuela privada: se pagaron la educación secundaria pero no la terciaria. Si les parecía duro lo que proponíamos, un año después se perdieron un millón de empleos.
(Solanet muestra una fotocopia del Presupuesto Nacional de 1920: “Presidencia tenía 15 empleados; hoy son más de 4.000. El sueldo del Presidente $8.000, hoy equivale a 1,6 millón por mes. Un ordenanza ganaba $140 (unos $28.000 de hoy). La relación entre lo que ganaba el Presidente (era HIpólito Yrigoyen) y el que le servía el café era equivalente a la de una compañía internacional actual. Con el vice la diferencia era más del doble. Con el ministro casi el triple. Hoy la pirámide se acható. Pero además el Presidente no tenía ni siquiera asesores, en todo caso lo eran los ministros”, explica).
-¿Cómo se hizo para pasar de 8 puntos del producto en el gasto público global al 47%?
-El Estado argentino va a contramano de la modernidad. Lo que antes en las compañías se hacía a mano ahora lo hacen las computadoras, los procesos se automatizaron, acá mismo no tenemos secretaria, escribimos nosotros. Basta con ver un trabajo que hicimos en la Fundación (N. de la R.: FIEL, Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas), en el que comparamos cuánta gente cobra algo del Estado y cuánta paga impuestos. Hoy entre jubilados, empleados públicos y planes sociales 20 millones de personas reciben un pago todos los meses mientras son 8 los millones que trabajan en el sector privado y tributan impuestos. La relación es insostenible. En el Estado, después de haber aportado 45 años, cobro un haber de 12.000 al mes, no quise tener jubilación de privilegio. Están estos y los que no aportaron: se pasó de 3,5 millones a 6 millones. En 2001, había 7 millones que recibían todos los meses y 7 millones que aportaban. De un millón de planes sociales se pasó a 8 millones. De 2,5 millones de empleados públicos a 4 millones.
-¿Cómo se haría para achicar la nómina en un cuadro de pobreza y desempleo?
-Es un círculo vicioso: la actividad privada no genera suficientes empleos como para transferir el excedente. Pero es porque no hay inversión, que obedece a que la presión impositiva es exagerada, porque la legislación laboral es desalentadora, porque cada tanto tenemos un default y se afecta el derecho de propiedad. Uno le pregunta a un gobernador: ¿por qué aumentó la plantilla de personal? Y le responde que si no lo hace tendría que gastar en pasajes para que los habitantes se vayan de la provincia. En la Fundación proponemos que en 4 años se generen 4 millones de empleos y que así entremos en un círculo virtuoso, como el que tienen otros países, como Chile, ahí el balance de pagos se corrige solo.
