Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
CLARÍN – El 19 de octubre de 2011 el por entonces ministro de Educación Alberto Sileoni señaló: “hay miles de alumnos y educadores que prueban que la educación pública argentina está viva y en movimiento”. El 11 de septiembre de 2012 expresó que “un buen educador es un militante que está comprometido con su trabajo”. Un año después tuiteó: “No decimos que estamos en el paraíso, pero hemos reconstruido el sistema educativo y estamos construyendo un país distinto”.
Para plantearnos hacia dónde vamos es importante recordar de dónde venimos. En educación aún estamos muy lejos de aquella ansiada revolución educativa. Pero afortunadamente también lo estamos de aquel pasado que acabo de ilustrar. Esta nota enumera siete propuestas que pueden contribuir a esa revolución.
1) Es necesario que los padres comprendan la emergencia educativa. Las evaluaciones son clave para ello, pero los resultados a nivel de escuela deben ser públicos. Es imprescindible, tal como lo solicitó el presidente Macri al Congreso los dos últimos años, modificar el artículo 97 de la ley 26.206, que prohíbe la difusión de los resultados por escuela. Su modificación despertaría a los padres y le daría al Gobierno el apoyo para enfrentar a los sindicatos docentes, los más acérrimos defensores del statu quo.
2) Frente a la irresponsable utilización del paro, muchas veces motivado en fines políticos, la educación debe transformarse en un servicio público, ¿o acaso el derecho a la educación es secundario al de huelga? ¿Quién puede pensar que los días perdidos se recuperan? Por supuesto, los niños de familias humildes son los más perjudicados. Es claro que esta no es la única forma de defender el derecho a la educación de aquellos niños de familias económicamente desfavorecidas. Las próximas dos propuestas son ejemplo de ello.
3) En Uruguay el mecenazgo educativo es una realidad. Ello permite la existencia de escuelas gratuitas de gestión privada, religiosas y laicas, que se financian con aportes de empresas y brindan educación de excelencia a adolescentes en zonas carenciadas. La ley 18.834 del país hermano establece que por cada 100 pesos que empresas donan a escuelas en zonas carenciadas, el costo real para ellas es de 18,75, porque el 75% de lo que donan lo pueden aplicar directamente a impuestos y el otro 25% es un gasto deducible de la renta. El Gobierno incentivó fuertemente el mecenazgo cultural, una legislación como la uruguaya sería su lógica contraparte y contribuiría a generar la igualdad de oportunidades que merece todo niño independientemente de su cuna.
4) ¿No sería razonable que aquellas familias que optasen por retirar a sus hijos de una escuela de gestión pública y enviarlos a una de gestión privada reciban, por ejemplo, una reducción en su carga impositiva que represente un porcentaje del costo de educar un niño dentro del sistema público y se deposite dicho monto en una cuenta de ahorro, que tan sólo pueda ser utilizada para fines educativos? Ninguna familia estaría peor por tener la posibilidad de elegir y aquellas que optasen por hacer uso de esta prerrogativa estarían mejor por acceder a la posibilidad de decidir qué tipo de educación es más apropiada para la educación de sus hijos, en función de sus aptitudes, gustos y valores familiares.
5) Es bien sabido que la Argentina es un caso de estudio en virtud de la ley 27.204, que prohíbe cualquier tipo de evaluación para estimular un ingreso de estudiantes bien preparados a la universidad. Como señala Alieto Guadagni, no se conoce en el mundo otra ley universitaria de estas características. ¿Puede el resto del mundo estar tan equivocado? Es claro que no, la masiva deserción es evidencia de ello. La modificación de la ley 27.204 evitaría estafar a miles de jóvenes que pierden valiosos años de sus vidas realizando estudios que nunca habrán de concluir, en lugar de prepararse para desarrollarse plenamente en su vida adulta. Este hecho motiva la siguiente propuesta.
6) Adaptar el sistema de educación dual alemán a nuestra realidad, lo cual facilitaría incorporar a la sociedad productiva a miles de potenciales ni nis. En el sistema dual, los estudiantes adquieren experiencia laboral en empresas, aún antes de su graduación de la escuela secundaria. Conforme pasan los años, el joven incrementa el tiempo en la empresa y reduce el tiempo en la escuela. Las prácticas profesionalizantes de la Ciudad de Buenos Aires marcan un avance en la dirección correcta, pero aún resta mucho por recorrer para acceder a un real sistema de educación dual.
7) Incentivar la formación de capital humano de millones de adultos beneficiarios de planes sociales, muchos de los cuales conducen a la cronificación de la pobreza. En 2018 el Gobierno dio un importante paso al reemplazar tres programas por un nuevo plan que cuenta con dos ejes centrales:“Educación Formal Obligatoria”, mediante la cual los beneficiarios deberán finalizar sus estudios secundarios y“Formación Integral”, que los capacitará a través de cursos y prácticas profesionales. Es imprescindible generalizarlo. Nadie, en condiciones de trabajar, debería acceder al subsidio de no cumplir con este requisito. De lo contrario la Argentina se convertirá en una sociedad de clases donde una elite educada mantiene a una clase permanente de desempleados: un escenario fiscalmente insostenible y humanamente reprochable.
¿Se avanzó en el terreno educativo en estos cuatro años? Definitivamente sí, recordar el pasado es suficiente para afirmarlo. ¿Se llevó a cabo una revolución educativa? Es claro que aún no. Implementar alguna de estas propuestas contribuiría a ello.
Edgardo Zablotsky es Rector de la Universidad del CEMA y Miembro de la Academia Nacional de Educación.
