Ph.D. en Economía en la Universidad de Chicago. Rector de la Universidad del CEMA. Miembro de la Academia Nacional de Educación. Consejero Académico de Libertad y Progreso.
EL ECONOMISTA – ¿Cómo lograr algo aparentemente tan elemental como que los niños puedan concurrir cotidianamente a la escuela? Encontrar una respuesta a este interrogante precede a cualquier discusión de fondo en cuanto a como mejorar la educación que los chicos reciben dentro de un aula.
En tiempos de elecciones, hay algo impostergable para el crecimiento de Argentina. Los años pasan y nada cambia al respecto. El miércoles 6 de marzo deberían haber comenzado las clases en todas las escuelas de la Argentina. Pero en 2019, como en años previos, eso no sucedió. Algo tan normal y hasta trivial se ha transformado en crónica de una muerte anunciada. ¿Acaso alguien se imaginaba que en la provincia de Buenos Aires los líderes sindicales considerarían oportuno permitir que los chicos que iniciaban su escolaridad pudiesen tener ese comienzo el día que fijaba el calendario escolar acordado? Estos temas se diluyen de la agenda mientras transcurre el año, no así el impacto negativo que tienen a mediano y largo plazo en el capital humano de un país.
¿Cómo no sentir vergüenza por aquellos más de cien días de paro en la provincia de Santa Cruz? ¿Quién puede pensar que los días perdidos se recuperaron? Por supuesto, los niños de familias humildes son los más perjudicados, hablar de igualdad de oportunidades frente a esta realidad carece de cualquier entidad. El miércoles 31 de julio, en el Seminario de Educación UCEMA 2019, presenté siete propuestas que he elaborado durante los últimos años, las cuales le permitirían al Gobierno tomar la iniciativa frente a una crisis que, sin duda, ha heredado y tiene la oportunidad de comenzar a revertir.
Esta nota desarrolla en profundidad la segunda de dichas propuestas: definir la educación como un servicio público esencial.
Nuestra Constitución Nacional reconoce el derecho a la educación. Implícitamente, por ejemplo, en el artículo 14 al establecer que todos los habitantes de la Nación gozan de los derechos a enseñar y aprender. Explícitamente, en su artículo 75, inciso 22, al incorporar la Convención de los Derechos del Niño, cuyo artículo 28 asume el derecho del niño a la educación. ¿Quién puede afirmar que en la Argentina hoy se respeta el artículo 28 de la Convención, en cuanto a que el derecho a la educación debe poder ser ejercido en condiciones de igualdad de oportunidades?
A diferencia de los sindicatos docentes, los niños no pueden tomar medidas de fuerza para defender sus derechos. Para peor, muchos padres han dejado de prestar atención al nivel de los servicios educativos provistos por las escuelas, conforme las mismas se fueron burocratizando y los padres tuvieron cada vez un rol menor.
Por ello, es necesario que, más allá de los justos reclamos docentes, los líderes sindicales no puedan volver a utilizar a nuestros niños de rehenes. ¿Cómo lograrlo? ¿Qué hacer?
Dado el nivel de barbarie al que escaló, por ejemplo, el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires en 2018, definir la educación como un servicio público esencial, y de tal forma reglamentar el derecho de huelga en la actividad, es la única forma de defender el derecho a la educación de los que menos tienen y, por ende, más necesitan.
Los sindicatos docentes obviamente rechazan esta posibilidad, fundándose en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a los que la Argentina adhirió y que tienen rango constitucional. Al respecto, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha establecido que la educación no es un servicio esencial dado que su interrupción no pondría en peligro la vida, la seguridad o la salud de la población.
¿Es dicha interpretación correcta? A mi entender no. La calidad de vida de muchos jóvenes que han transitado su educación dentro de un sistema en los cuales son virtuales rehenes, ha sido irremediablemente afectada, aunque mucho nos gustaría no tener que admitirlo. Por ello, los paros docentes sí involucran un riesgo de vida para nuestros jóvenes, su vida adulta sería radicalmente distinta de haber podido cursar, en igualdad de condiciones, la escolaridad que el Estado tiene la obligación de garantizar.
Dos derechos en pugna, el derecho de huelga y el derecho a la educación. Por ello es lícito preguntarnos si acaso el derecho de huelga es más importante que el derecho a la educación.
Los chicos a los que hoy se priva de educación serán los desempleados de mañana. De ahora a quince años, ¿cuántos de ellos habrán de subsistir en base a planes sociales. ¿No es ello acaso un riesgo de vida? ¿No se está destruyendo su futuro? Es claro que sí y, por ende, la educación debe ser declarada un servicio público esencial, regulándose el derecho de huelga en la actividad y defendiendo el derecho a la educación de los chicos que en marzo pasado no tuvieron su primer día de clases.
Las opiniones expresadas son personales y no necesariamente representan la opinión de la UCEMA
