Editorial
LA OPINIÓN – La corrupción en Latinoamérica se encuentra en el día a día: basta con abrir los periódicos y repasar las noticias; en mayor o menor medida, es un escollo que supone un impedimento para el desarrollo de los países de la región. Es por ello que es necesario analizar brevemente sus causas e implicancias para poder entender su persistencia en el tiempo.
En primer lugar, la corrupción se puede entender de dos formas:
- Abuso del poder para el lucro personal
- Violación del principio de la distancia prudente entre los intereses privados y las decisiones de los funcionarios públicos.
O sea, si los funcionarios se encuentran ahí para servirnos a nosotros, entonces deben ser lo más neutrales y objetivos que puedan. Estos no pueden ni verse involucrados con el sector privado, de modo que no pueda beneficiar a un grupo en particular, ni tampoco beneficiarse a sí mismo.
Luego, la corrupción encuentra su razón de ser en:
- Factores culturales
- Factores materiales
- Factores formales
Los factores culturales son el conjunto de actitudes, normas y creencias compartidas, entre los individuos de la sociedad, en relación a la corrupción. Encierra cuestiones tales como el grado de tolerancia, que tiene la sociedad, en torno a la corrupción; la existencia de una cultura de ilegalidad generalizada en toda la sociedad que fomenta y tolera la corrupción y la persistencia de una organización y sistemas normativos tradicionales en contra de un orden estatal moderno.
Los factores materiales son las situaciones concretas que dan como resultado actos corruptos. Esto se encuentra relacionado con la brecha entre las necesidades de control político y las condiciones formales de ejercicio de poder; brecha entre la interconexión entre el mercado y la intervención pública; brecha entre poder social efectivo y el acceso a la influencia política –lobby, sobornos por parte de privados–; brecha entre los recursos de administración pública y la dinámica social –desvío de fondos–, y la brecha de la impunidad real y el trabajo de los funcionarios públicos –bajo o casi nulo control público–.
Los factores formales tienen que ver con la falta de limitación entre lo público y lo privado; la existencia de orden jurídico inadecuado a la realidad del país y la inoperancia de las instituciones públicas.
Finalmente, la corrupción trae consecuencias perjudiciales para el desarrollo y el crecimiento económico de toda la sociedad:
- Mal asignación de los recursos escasos.
- Deslegitimación de todo el sistema político.
- Distorsión de los incentivos económicos.
- Destrucción del profesionalismo y la meritocracia.
- Los datos no son fidedignos.
Obviamente, la corrupción no es irrelevante para ninguna sociedad. La misma condiciona la prosperidad de la sociedad y la calidad de vida de sus habitantes.
De acuerdo al Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, que mide los niveles de percepción de corrupción en el sector público en un país determinado, los países más ricos del mundo son los menos corruptos –nota al pie, también son los más libres–. Los diez países menos corruptos son Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Singapur, Suiza, Noruega, Países Bajos, Canadá y Luxemburgo. Mientras que, los países más corruptos son Burundi, Libia, Guinea-Bisáu, Afganistán, Sudán, Guinea Ecuatorial, Yemen, Corea del Norte, Siria, Sudán del Sur y Somalia.
Es necesario remarcar que en Latinoamérica, los casos más alarmantes son Venezuela, Nicaragua y Argentina que se encuentran en los puestos 163, 149 y 84, respectivamente, de un total de 174 países. No es de extrañarse que sean de los países que más problemas tengan en materia política y económica.
Es imprescindible hacer foco en solucionar este problema antes de aplicar cualquier política económica de largo plazo, ya que para poder desarrollarse uno primero tiene que tener instituciones fidedignas.
