Consejero Académico de Libertad y Progreso
La Razón (España) Según informó Javier de Antonio en La Razón, los camioneros bloqueados en La Junquera le transmitieron este mensaje: “si no se despeja la frontera, tomaremos medidas drásticas”.
Nada hay más público que una carretera. No por casualidad las calles y los caminos se llaman “vías públicas”, y no pueden ser cortados por los ciudadanos a discreción. De hecho, interrumpir a la fuerza la circulación en una carretera es delito.
Y eso es lo que han hecho en Cataluña, y en otras partes de España y el mundo, unos grupos que, a menudo, cuando no practican la violencia abiertamente contra sus víctimas, reivindican su acción como “pacífica”. Pero cortar una carretera no es un acto pacífico, sino una violación de los derechos de los ciudadanos.
En el caso que nos ocupa, la retórica es mendaz, aunque pueda resultar hilarante. Por ejemplo, los agresores se autodenominan “Tsunami Democrático”. Obviamente falsean la realidad, porque un tsunami es un fenómeno natural, no provocado deliberadamente, y porque es sin duda una afrenta a la inteligencia llamar “democrático” a lo que impide a la gente elegir por dónde moverse.
Mientras los que cortan las calles suelen alegar que lo hacen en defensa de lo público, en realidad están haciendo lo contrario: están privatizando lo público. Lo que hacen es declarar que lo público es privado, o sea, que es suyo. Y, así, actúan en la carretera como usted en su propia casa, dejando pasar a la gente que usted decida, porque su casa es suya.
El corte de las vías públicas es una vieja táctica de los enemigos de la libertad, que una y otra vez han quebrantado los derechos de los trabajadores por motivaciones diversas. Mucho antes que los CDR, los sindicatos acostumbraban a cortar el Puente de Carranza, y dejaban a Cádiz incomunicada. Decían defender lo público, pero privatizaban para ellos el puente, que es de todos.
Se dirá que, puestos a privatizar, si los camioneros en La Junquera se declararon dispuestos a “tomar medidas drásticas” ellos mismos, eso también es privatizar lo público, a saber, la seguridad vial y el derecho a circular. En cierta medida lo es, pero no como en el caso de los usurpadores de la carretera, porque la declaración de los camioneros es una acusación directa al Estado, que evidentemente había abdicado de su función de proteger la libertad de los ciudadanos en las vías públicas, lo que puede eventualmente dejarlos sin otra opción que abrirse camino por su cuenta.
La interrupción del tráfico es la privatización de lo público, por parte de los piqueteros, y su tolerancia es la abdicación de la responsabilidad pública, por parte de las autoridades. Para entenderlo, piense usted en lo poco que habrían tardado en llegar los guardias a detenerla y a despejar la calle si quien cortara la vía pública fuera usted, señora.
Este artículo fue publicado originalmente en La Razón (España) el 13 de noviembre de 2019.
