REPÚBLICA ECONÓMICA – La Fundación Libertad y Progreso, que cuenta con Agustín Etchebarne como Director General, con Aldo Abram como Director Ejecutivo y con Manuel Solanet como Director de Políticas Públicas; presentó un documento al que accedió República Económica donde proponen 10 medidas que deberían ser tomadas por Alberto Fernández en sus primeros 100 días de Gobierno.
“Las medidas que se tomen durante los primeros 100 días serán determinantes de la viabilidad de una solución ordenada de la deuda pública y de la recuperación de la confianza que ponga en marcha un proceso positivo”, advierte LyP y agrega que “solo con una fuerte recuperación de la inversión privada en un marco de reglas de competitividad se podrá salir de la crisis transformando el circulo vicioso de la pobreza y el desequilibrio fiscal, en un circulo virtuoso que de por resultado un desarrollo sostenido y con estabilidad monetaria”.
Adelantan que, con estas medidas, “la Argentina puede entrar en un camino de crecimiento del orden del 6% anual a partir de 2021 y apuntar a crear cuatro millones de empleos privados productivos en cuatro años” lo que “permitiría absorber el millón de jóvenes que ingresarán en ese periodo al mercado laboral, además de un millón de empleados públicos, un millón de receptores de planes sociales y un millón de personas que hoy están en la economía informal”.
Las medidas son:
A) Reforma laboral. Privilegiar los acuerdos laborales a nivel de empresa sobre los acuerdos colectivos a nivel de sector de actividad. Ello requerirá que se unifique la representación de los trabajadores de la empresa. Esta reforma requiere un cambio en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas (por DNU o por Ley). Asegurar la libertad sindical. Desregular y simplificar los controles administrativos de la autoridad de aplicación, y de la policía laboral. Modificar mediante decreto reglamentario, el Art 84 de la Ley de Contrato de Trabajo para aumentar la productividad y reducir el sobrecosto y el riesgo laboral. Reducir el costo y riesgo de despido, respetando los derechos adquiridos, mediante la supresión hacia adelante de la indemnización por despido (reforma de los artículos 231 a 255 de la Ley de Contrato de Trabajo, por DNU o Ley) compensándola por un fondo y seguro de desempleo. Puede tomarse como ejemplo el aplicado en Austria, conocido como “mochila austríaca”.
B) Reforma de la administración nacional. Su objetivo es reducir sustancialmente el número de empleados de la Administración Nacional y alcanzar una mayor eficacia y eficiencia en la gestión. Asegurando que ninguna persona pierda ingresos en lo inmediato y que tenga oportunidad de reinsertarse y progresar. Comprende: i) Cambios en las normas laborales del sector público para incorporar la gestión por resultados. Continuar con la digitalización y las mejoras en la tecnología informática. ii) un Decreto con nueva estructura (hay un organigrama propuesto) en el marco de las atribuciones establecidas en la Ley 25.164, de Empleo Público. Se definirán las unidades administrativas dependientes de cada uno de los seis ministerios y Jefatura de Gabinete (Ver organigrama adjunto), hasta el nivel de direcciones nacionales, direcciones generales y organismos descentralizados. El decreto establecerá la dotación de personal de cada unidad administrativa, por categoría. iii) Designación de los ministros de la nueva estructura. En forma transitoria, por 90 días, las unidades administrativas de la vieja estructura son asignadas a cada uno de los nuevos ministerios. En ese plazo cada nuevo ministro cubre los cargos de la nueva estructura dando prioridad al personal en disponibilidad. Una vez completado el re encasillamiento del personal, los que no hubieran sido reubicados en la nueva estructura quedarán en la condición de disponibilidad establecida por la Ley N° 25.164 Art 11 (No cumplen tareas; pero cobran sueldos por uno o dos años. Así se evita el costo social de que queden sin ingresos.). iv) Incentivos a las empresas que los contraten: ej: eximición de los aportes patronales durante un período de dos años y subsidio sobre los gastos de capacitación en el nuevo empleo. Jubilación temprana a quienes, quedando en disponibilidad, no hubieran conseguido empleo en dos años y tengan más de 60 años de edad.
C) Reducción gradual de planes sociales a quienes menos los necesiten buscando incentivar darles empleo, por ejemplo, generalizando el plan “Empalme” Supresión de fondos asignados a la Economía Popular. Auditoría internacional para revisar los excesos cometidos en la asignación fraudulenta de las prestaciones por invalidez.
D) Continuar con la reducción de los subsidios a la energía y al transporte, normalizando en un plazo prudencial las tarifas y precios, para que cubran los costos más una ganancia que incentive la inversión en el sector. El impacto sobre los estratos de menores ingresos deberá amortiguarse selectivamente con instrumentos de subsidio a la demanda (Tarifa Social).
E) Elevación de la edad jubilatoria en un proceso que se iniciará igualando mujeres y varones en 65 años anunciado llegar en una década a 70 años para ambos sexos A las madres se les reconocerá el equivalente a dos años de aportes por cada hijo hasta un máximo de 7 años.
F) Envío al Congreso de una Ley para la reforma de la Coparticipación Federal. Devolución de potestades tributarias a las provincias (Ganancias de personas físicas, Combustibles, Bienes Personales, Internos). Reemplazo de Ingresos Brutos por Ventas (son provinciales) y calibración de este con la alícuota del IVA (nacional) para empalmar con distribución primaria vigente. Supresión de la coparticipación vertical. Compatibilidad con actual distribución secundaria mediante un Fondo de redistribución horizontal que produzca un empalme con sistema vigente, pero que al quedar inamovibles esos porcentajes exijan acompañar cualquier aumento de gasto de una provincia, con impuestos provinciales adicionales. De esa forma se alinearán los incentivos y se propenderá a gastar menos y mejor.
G) Anunciar la eliminación gradual del impuesto al cheque y de los derechos de exportación a medida que se disminuya el gasto público, pero con un curso preestablecido por ley.
H) Trabajar en la concreción del Tratado de libre comercio Mercosur Unión Europea. Acordar con Brasil y los otros dos socios del Mercosur la forma reducción del arancel externo común. Iniciar la negociación de otros tratados bilaterales de libre comercio.
I) Corregir las normas que impiden el uso de otras monedas, derogando el curso legal forzoso del peso. Facilitar el uso de dinero electrónico.
J) Desregulación y simplificación normativa. Particularmente de la normas de la AFIP, del BCRA y de otros organismos regulatorios. Desandar las normas intervencionistas (Ej. Ley de Alquileres).
Según explicaron, las medidas b) a g) apuntan a lograr superávit fiscal (financiero) que permita disminuir la presión impositiva y reestructurar sin quita la deuda pública. Ese logro, sostienen, acompañado de a), h), i), j), constituirán el eje del plan a presentar al FMI en lo inmediato para desbloquear los desembolsos pendientes.
La Fundación Libertad y Progreso plantea que “el objetivo debe ser recuperar la estabilidad y la fortaleza de la moneda para reducir genuinamente las tasas de interés y expandir el crédito. Estas medidas económicas deberán acompañarse por la consolidación de una justicia eficiente e independiente, por mejor seguridad y por estabilidad política. Así se impulsará la inversión, la competitividad y la creación de empleo privado. Esto último hará factible la reducción del empleo público y de los subsidios sociales. De esa manera el actual circulo vicioso de estancamiento, déficit e inflación, se convertirá en el círculo virtuoso del crecimiento, el empleo, el mejoramiento del salario real y la estabilidad”.
